Si hay algo que una a la práctica totalidad del arco parlamentario es la necesidad de reformar la Seguridad Social para garantizar el sistema público de pensiones. PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos y Ciudadanos coinciden en que ésta debe ser la legislatura en la que se aborde una solución.
Hay que recordar que la Seguridad Social sigue inflando año tras año sus números rojos. La previsión es que la deuda se dispare este año hasta los casi 70.000 millones de euros, por lo que el Tesoro ya ha reservado 13.800 millones para el préstamo que prevé conceder. Algo que empieza a convertirse en costumbre, ya que es el cuarto año consecutivo en que el sistema que gestiona las pagas de los jubilados necesitará echar mano de la ayuda financieraque le proporciona el Estado.
Una de las primeras medidas que quiere poner en marcha Escrivá es la de acabar con el déficit de la Seguridad Social, trasfiriendo el déficit a la Administración Central del Estado. Las arcas del sistema están tiritando y la solución que plantea Escrivá es la de que el Ministerio de Hacienda se haga cargo, vía Presupuestos, de esa factura. Para ello tendrá que convencer, eso sí, a su compañera del Consejo de Ministros, María Jesús Montero. Hay que recordar también que fue la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tumbó un acuerdocuando representaba a Unidas Podemos en la comisión del Pacto de Toledo sobre las recomendaciones pactadas para su reforma. Una batería de medidas queserían “un excelente punto de partida”, según las fuentes consultadas.
Sánchez e Iglesias han prometido eliminar el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de Pensiones que aprobó el PP en 2013, algo que también deberá negociar Escrivá con el PP. Esta negociación también rebaja sensiblemente las expectativas de Podemos, que ya tuvo que renunciar a gran parte de sus medidas en el acuerdo de coalición que firmó con los socialistas. La propuesta inicial de los morados era la de garantizar la revalorización de las pagas de los jubilados por ley, además de reformar la Constitución para blindarlas. Además de la promesa de actualizar las pensiones conforme al IPC real mediante ley de forma permanente y aumentar el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y no contributivas, ambos partidos plasmaron una revisión a fondo del sistema para “garantizar el aumento de los ingresos de forma estructural, descargando a la Seguridad Social de gastos impropios, asegurando la sostenibilidad del Sistema“.
Cabe recordar que hace casi justo un año y tras más de dos años de trabajos, el Pacto de Toledo dió por rotas las negociaciones para cerrar unas recomendaciones que estaban prácticamente acordadas y que debían servir para orientar en los próximos cinco años una reforma que garantizase la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones.
El adelanto de las elecciones generales fue el principal motivo aludido por Unidos Podemos y PP, que manifestaron su rechazo a sacar adelante “con prisas” unas recomendaciones que aún no estaban “maduras”. Otros grupos, como el PSOE, PDeCAT o PNV, veían posible terminar de cerrar los flecos que quedaban y remitir al Gobierno un documento que incluía que las pensiones tienen que subir cada año conforme al índice de precios de consumo (IPC) real (recomendación segunda que tuvo el apoyo de todos los partidos excepto de ERC).
Otras recomendaciones en torno a la separación de las fuentes de financiación, al refuerzo de la contributividad o a la previsión complementaria no tuvieron, sin embargo, tan amplio respaldo y Unidos Podemos, entre otros, había expresado su opinión discrepante.
No hay que olvidar que la Comisión de Seguimiento de los Pactos de Toledo, es “simplemente” una comisión parlamentario NO legislativa y que su finalidad es, tras sus reflexiones, proponer un marco de trabajo a los legisladores, es decir, solo emite “Recomendaciones” al parlamento. Estas son las recomendaciones más destacadas para los cinco años siguientes contempladas en el borrador del preacuerdo, que finalmente no fue aprobado para mandarlo al Parlamento para su debate y, en su caso, aprobación, siendo las más polémicas las referentes al periodo de cálculo para determinar la pensión, las pensiones de viudedad en función de otras rentas, endurecer las jubilaciones anticipadas, los sistemas complementarios, y lo referente a las cotizaciones de los autónomos.
– Revalorización de las pensiones según el IPC real (con la media de la inflación anual).
– Déficit de la Seguridad Social: Acabar con el déficit y con la política de préstamos del Estado en 2025 y valorar que el Estado contribuya a financiar los déficit de los regímenes especiales.
– Separación de fuentes de financiación: El Estado abonará con transferencias directas los gastos impropios del sistema, como bonificaciones y prestaciones como maternidad o paternidad, complementos a mínimos y ayudas universales de sanidad o servicios sociales.
– Aportación del SEPE: Estudiar la conveniencia de redistribuir los porcentajes de cotizaciones sociales elevando los destinados al sistema de pensiones y reduciendo el dirigido al SEPE (Servicio Público de Empleo).
– Deuda histórica: Resolver la situación de los préstamos concedidos por el Estado a la Seguridad Social, analizando compensarlos con el traspaso de patrimonio e inmuebles a las administraciones (Comunidades Autónomas) sin menoscabo de los derechos económico-patrimoniales de la Seguridad Social.
– Período de cálculo: Se amplía más allá de los 25 años a los que se llegará en 2022, llegando incluso a toda la vida laboral, y permitiendo escoger los años más favorables en casos de largas carreras de cotización.
– Pensiones de viudedad: Las mejoras en la base de reguladora deben ser financiadas por transferencias del Estado. Deben mejorar para mayores de 65 para los que sea su principal fuente de ingresos y, en cambio, establecer una prueba de rentas que evalúe la situación financiera de la unidad familiar en el resto de los casos.
– Pensiones mínimas: Incremento hasta un umbral mínimo pero de forma equilibrada, para que las nuevas cuantías complementarias no sean superiores a las que marquen las mínimas de las pensiones no contributivas para no desincentivar la cotización.
– Edad de jubilación: Acercar la edad real de jubilación a la edad legal, endureciendo los requisitos para acceder a la anticipada e incentivando el envejecimiento activo.
– Suficiencia: Concretar qué es una pensión suficiente, con un mecanismo que puede ser una tasa de sustitución que relacione la pensión media del sistema con el salario medio de los trabajadores.
– Fondo de Reserva: Situar su dotación mínima en el 7 % del gasto anual en pensiones contributivas y sujetarlo a una regla endurecida de disponibilidad.
– Lagunas de cotización: El Estado debe compensar la falta de cotización de colectivos, como las mujeres que cuidan de personas dependientes, con medidas para evitar los vacíos de cotización involuntaria, permitiendo el “traslado o reparto” de cotizaciones.
– Control del fraude: Luchar contra la economía sumergida para que afloren empleos en ámbitos específicos, como el de empleados del hogar, y proteger a los colectivos vulnerables, como los becarios, trabajadores sin afiliación o autónomos económicamente dependientes (TRADE).
– Previsión social complementaria: Fomentar planes de pensiones empresa de pensiones vinculados a los organismos sin ánimo de lucro sin descartar incentivos fiscales.
– Jóvenes: Garantizar las carreras de cotización de los jóvenes que trabajan de forma discontinua y mejorar el control de la inspección de trabajo sobre los becarios.
– Autónomos: Que los autónomos coticen por sus ingresos reales, mejorando también la protección del colectivo y con derechos como jubilación anticipada y el trabajo a tiempo parcial.
– Sistemas especiales: Culminar su integración en el Régimen General, analizando los incentivos (bonificaciones o reducciones) para ver si es necesario mantenerlos o reordenarlos y simplificarlos.
– Rendir cuentas al Pacto de Toledo: Que el Gobierno de turno cada año dé cuenta del cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo e informe de las medidas que piensa implementar para cumplirlo.
– “Impuesto al robot”: Encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales, teniendo en cuenta que la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad, pero no un aumento del empleo.
Encima de la mesa de la primera reunión estará el medio centenar de folios que ya habían sido redactados y prácticamente consensuados con las 21 recomendaciones mencionadas para reformular el sistema.
Dentro de esta reforma global del sistema de pensiones, mención aparte merecen las de viudedad, que en los últimos años vienen ya siendo objeto de debate. Así lo entiende el Pacto de Toledo, que propone «llevar a cabo de manera gradual la reformulación integral de las prestaciones por muerte y supervivencia, en especial la de viudedad», con el objetivo de «adaptarse a las nuevas realidades sociales y familiares, así como a las circunstancias socioeconómicas de los beneficiarios».
Por ello, abre la puerta a introducir, como ya tienen en otros países europeos, una prueba de rentas para acceder a esta prestación que tenga en cuenta la situación financiera de la unidad familiar.
A su vez, deja entrever su posición favorable a utilizar otros criterios como la edad, los hijos o las compatibilidades, en aras a restringir de alguna forma este tipo de prestación y limitarla a quienes realmente la necesiten. En esta misma línea, defiende que la protección se concentre en las personas con 65 o más años para las que la pensión es su principal fuente de ingreso con el fin de «garantizarles una situación de renta equiparable» a la que tenían antes de fallecer su cónyuge. Incluso se muestra partidario de elevar a este colectivo el porcentaje de la base reguladora que se utiliza para calcular su prestación, en la actualidad el 60%.
Ver: Pensión de viudedad en España
Sistema complementario
El nuevo Pacto de Toledo habráde abordar también los otros dos pilares del sistema de pensiones, más cuando Vox es partidario de introducir un pilar de capitalización que complemente el de reparto. Así lo el que será el portavoz de este grupo en la comisión, Pablo Sáez, quien negó que su partido quiera acabar con el sistema público, sino que defienden la implantación de las denominadas cuentas nocionales.
Ver: PLANES DE PENSIONES DE EMPLEO
De igual forma se estudiará, a instancias más o menos veladas de la ministra Calviño el poner en marcha la ‘mochila austríaca‘, un sistema de ahorro individual en el que las empresas aportan fondos a lo largo de la vida laboral del trabajador y que puede ser rescatado en caso de despido o cuando llegue la jubilación.
En este tema coinciden Vox, Ciudadanos y la ministra Calviño, quien aseguró recientemente que Escrivá estudiará ésta y otras opciones para mejorar el sistema de previsión complementario. En contra de la mochila tendrán a Podemos, PNV, sindicatos y patronal.
Ver: ¿DESPIDO SIN INDEMNIZACIÓN? LA “MOCHILA AUSTRIACA”
