El sistema debe al Estado más de 99.000 millones y antes de que acabe el ejercicio volverá a endeudarse
En el último año se han perdido 900.000 empleos, lo que anticipa un desplome de cotizaciones
La parálisis económica pasará factura a las ya maltrechas cuentas de la Seguridad Social. Los datos de afiliación del mes de mayo han dado un respiro al empleo por las primeras contrataciones del verano, pero en el último año se han perdido casi 900.000 puestos de trabajo, lo que tendrá un impacto en los ingresos por cotizaciones sociales. El Gobierno ya reconoce que los fondos que entran en la caja se verán gravemente recortados y que el gasto en prestaciones se disparará por impacto del Covid-19, lo que provocará niveles de deuda y déficit desconocidos. Los números rojos ya superaban los 17.000 millones antes de la crisis; ahora, las cifras están aun por escribir y condicionarán, un año más, el déficit y la deuda del consolidado de las administraciones públicas.
La pandemia ha provocado ya una insuficiencia financiera de 45.000 millones en la Seguridad Social, el equivalente a unos cuatro puntos del PIB, y esto ha obligado, de nuevo, a buscar financiación externa. A finales de mayo el Gobierno salía al rescate del organismo que paga las pensiones con la concesión de dos préstamos por importe de 30.500 millones para que pudiera hacer frente al pago de las ayudas por el coronavirus y a la factura de las jubilaciones, que este mes es doble porque incluye la extra de verano. La factura superará los 20.000 millones.
El primero de los créditos, de 14.000 millones, estará destinado a mitigar la caída de ingresos por la destrucción de empleo y por las exenciones en el pago de las cotizaciones para las empresas y autónomos en el caso de ERTE y la prestación cese de actividad.
El segundo es un préstamo máximo 16.500 millones sin intereses para que la Tesorería pueda afrontar el desempleo a los 3,4 millones de afectados por suspensión de su puesto de trabajo. Y a estas dos inyecciones de liquidez se suma el tercer préstamo concedido por el Tesoro, por cuarto año consecutivo, por un valor de 13.800 millones para el abono de las pagas extra de verano y Navidad de los pensionistas. Todo ello eleva el exceso de gasto de la Seguridad Social hasta los citados 45.000 millones, cuando aún no ha pasado ni medio año, lo que obligará al Ejecutivo a conceder un nuevo préstamo a la Seguridad Social antes de que acabe 2020, según las fuentes consultadas por este diario.
El nuevo alud de gastos llega en uno de los peores momentos en la historia de la Seguridad Social, que Escrivá pretendía revertir cuanto antes. La realidad de los datos alejan este objetivo para el sistema, que a finales del pasado año ya superaba los 55.000 millones de deuda. Un pasivo que está contribuyendo de forma decisiva al aumento de la deuda total del sector público. Hoy los pagos que tiene comprometidos el organismos público con el Estado alcanzan los 99.000 millones, algo más de ocho puntos del PIB.
El esfuerzo financiero que debe hacer el Estado para pagar las pensiones públicas está dejando una factura de difícil digestión al erario público. El Gobierno ha estimado en el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas un déficit del conjunto de las administraciones equivalente al 10,3% del PIB para este año. Como viene ocurriendo en los últimos años, la mayor parte de ese desequilibrio llegará por la Seguridad Social, que no es capaz de reconducir su situación financiera ni en épocas de bonanza económica.
Los expertos sitúan el problema en la falta de soluciones en el Pacto de Toledo, que va camino de una década sin aportar ni una solución a la crisis de las pensiones. La última reforma de calado se aprobó unilateralmente en 2013 por el Gobierno del PP, pero hoy sus recomendaciones ya no se aplican. El grueso de las reformas paramétricas adoptadas se han incumplido. El alza de las pensiones se han vuelto a ligar al IPC, después de desactivar el Índice de Revalorización, que referenciaba las alzas a la salud del sistema, y se ha pospuesto hasta 2023 el Factor de Sostenibilidad, que liga la pensión inicial a la esperanza de vida.
En febrero de 2019 los grupos rozaron el acuerdo en una veintena de recomendaciones en las que trabajan para afrontar la que probablemente sea la reforma más compleja que tiene pendiente España. Con las elecciones a las puertas, el borrador del pacto estaba listo para darle el visto bueno, pero, de forma sorpresiva, Podemos enmendó todas las recomendaciones, rompió la baraja y se levantó de la mesa. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, representaba a la formación morada en estas negociaciones y fue la protagonista de la ruptura.
Fuente: ABC
