España comienza a despertar. Ha sido necesario un año entero de pandemia y la destrucción económica más importante de la OCDEpara que nos demos cuenta de que salud y economía sólo son incompatibles para quienes no saben gestionar ni una cosa ni la otra.
España ha sido el que menos medidas económicas ha implementadopara paliar una crisis económica sin precedentes. Hasta ahora eran noticias en medios de comunicación y algún que otro estudio realizado en el ámbito universitario pero desde hace unas semanas, sin embargo, ya hay datos oficiales para todos los países que dejan en evidencia la inacción de nuestro Gobierno.
Hemos sido el país que mayor déficit público ha registrado de toda Europa en 2021 y la Comisión Europea ya nos ha advertido de que la deuda pública puede incrementarse hasta el 140% del PIB y podemos mantener un déficit primario –excluyendo el pago de la deuda pública –hasta… ¡2031! Todo un logro.
De esta forma, según datos del FMI, mientras en Alemania las ayudas fiscales han superado el 6% del PIB, en España apenas han llegado al 1%.
Una política económica solvente y creíble es absolutamente fundamental. Frente a eso, tenemos propaganda. No es de extrañar que la Comisión Europea haya dado un nuevo varapalo a nuestro país evitando incluir el impacto de los fondos Next Generation EU sobre el PIB en sus últimas estimaciones. Se trata del enésimo aviso y, por ahora, lo único que conocemos es una gestión opaca y un mar de dudas en torno a la capacidad de este Gobierno para llevar a cabo las reformas estructurales que necesita nuestro país y que Europa nos exigirá.
LOS IMPUESTOS
El gobierno de España no ha abordado ni una sola bajada de impuestos durante esta crisis. Ni tan siquiera ha tenido la intención de reducir la factura fiscal de ninguno de sus ciudadanos. Es más, los presupuestos recogen una brutal subida de impuestos de 9.000 millones de euros.
Frente a esto, en el resto de los países desarrollados lo tienen claro: Estímulos fiscales para familias y empresas, ayudas a sectores estratégicos y un marco de protección social para los más desfavorecidos y los más afectados. Pero merece la pena señalar algo que en España ni tan siquiera ha sido objeto de debate nacional: El impulso de la actividad económica privada vía bajada de impuestos.
Cualquier manual de economía coincide en que una subida de impuestos en plena crisis económica es contraproducente. La razón es muy sencilla: Se cercena capacidad adquisitiva y de ahorro de los agentes privados, y con ella los motores del consumo y de la inversión se gripan.
En Europa lo saben, y por eso prácticamente todas las grandes economías, y muy especialmente las más afectadas por la crisis anterior, han acometido bajadas de impuestos:
- Alemania ha reducido el IVA del 19 al 16% y del 7 al 5% hasta el 1 de enero de 2021. Impacto de 20.000 millones de euros. Además superiores desgravaciones por hijos y una mayor progresión fiscal para pymes y familias.
- Francia también se ha comprometido a una reducción de los impuestos sobre la producción por valor de 20.000 millones de euros durante 2020 y 2021.
- En Italia se ha aprobado una exención de los impuestos locales a empresas. Incluso, se ha aprobado un aplazamiento indefinido de la subida de IVA al 22% y al 10%, prevista inicialmente para el 1 de enero de 2021, así como un establecimiento de IVA súper reducido del 5% para productos sanitarios.
- En Reino Unido también se ha aprobado una reducción temporal de IVA del 20 al 5% para alimentos, bebidas no alcohólicas y hoteles hasta enero de 2021, cuyo impacto se estima en 20.000 millones de libras.
Dicho de otra manera: Europa está mirando hacia la dinamización de la actividad económica y la recuperación desde el sector privado mientras en nuestro gobierno se sube el IVA a las bebidas azucaradas, se aprueban las tasas Google y Tobin, y se dejan caer globos sonda en el IRPF con el único objetivo de mejorar la recaudación.
LAS AYUDAS DIRECTAS
Otra de las herramientas más usadas por buena parte de los gobiernos europeos han sido las ayudas directas a su sector empresarial, con dos variantes: un porcentaje de la facturación del año pasado (como por ejemplo Alemania), o directamente una cuantía entregada al empresario en función de una serie de parámetros (Bélgica).
España no ha hecho ni lo uno ni lo otro. Es más, son más de una decena de nuevos tributos los que han entrado en vigor en este 2021 de la mano de unos Presupuestos Generales del Estado absolutamente alejados de la realidad. Como consecuencia de ello, por ejemplo el sector automovilístico (genera el 10% del PIB y ocupa al 9% de los trabajadores) presenta unos datos de matriculación que lo sitúan en niveles de los años ’80. Mientras en países como Francia o Portugal se han impulsado elementos correctores al nuevo impuesto para mitigar el impacto, aquí la voracidad recaudatoria se ha vuelto a imponer.La tasa Google y la tasa Tobin como era previsible ya están siendo convenientemente trasladadas a PyMEs e inversores, consumándose de esta manera el enésimo saqueo al ahorro.
Quienes sí han ayudado a los autónomos, en la medida de sus posibilidades, han sido las comunidades autónomas. Prácticamente todas han impulsado avales adicionales a los ofrecidos por el Gobierno de España, y muchas también han inyectado ayudas directas en forma de bonificaciones de la cuota a la seguridad social, especialmente durante el segundo trimestre de 2020.
La ministra Calviño afirma sin sonrojarseque se están estudiando cambios legales porque la regulación europea no permite este tipo de ayudas para asegurar niveles de competencia saludables. ¿Acaso el resto de los países europeos han sido apercibidos por vulnerar las leyes de competencia? ¿Acaso las comunidades autónomas que ya han inyectado ayudas directas lo han hecho?
La poca información con la que contamos es que el Gobierno podría estar planteando la posibilidad de usar créditos participativos como la herramienta para inyectar el plan de ayudas a empresas. O, dicho de otra manera, el gobierno podría estar pensando en hacer nacionalizaciones parcialesy encubiertas a cargo de una crisis de solvencia que él mismo ha alimentado.
De ser cierto, sin duda entraría en conflicto con la normativa europea. Fundamentalmente, porque es algo más propio de regímenes totalitarios que de una democracia liberal.
El porcentaje de empresas inviables (aquellas que no podrán pagar las deudas contraídas) se disparará hasta el 19%. La facturación de la hostelería sufrió un desplome del 54% en 2020, lo que supone la pérdida de más de 27.000 millones de euros. Una parte de estas pérdidas se ha trasladado a recortes de salarios, pero se trata de una cuantía menor: unos 7.000 millones menos. Eso significa que el grueso de las pérdidas del sector lo están asumiendo las propias empresas, y no los trabajadores ni el Estado.
Según las últimas estimaciones del Banco de España, casi una de cada cinco empresas de hostelería sería inviable en un contexto de crisis prolongada que impida recuperar los niveles de actividad precrisis
Desde el inicio de la crisis, han cerrado algo más de 20.200 empresas de hostelería (casi el 11% del total), 6.800 de transportes (el 9%) y casi 24.000 comercios, el 6,6%. Unas cifras que podrían multiplicarse en los próximos meses si las ayudas directas se siguen retrasando y se mantienen las restricciones a la actividad
En cualquier caso, una vez más, lo único que sabemos del plan de rescate a PyMEs y autónomos es lo mismo que desde que comenzó la pandemia: mucha propaganda, pero pocas medidas, y ninguna capaz de mejorar la preocupante situación en la que estamos inmersos.
A la crisis de solvencia que ya comienza a dar síntomas en el sector empresarialdebemos añadir un escenario de estanflación, estancamiento económico a la vez que persiste el alza de los precios y el aumento del desempleo, que cada vez se antoja más cercano, tanto en Estados Unidos como en Europa.
La inflación es el impuesto de los pobres. Un incremento en los precios de los bienes básicos en un entorno de incremento de la tasa de paro y de reducción de las rentas laborales por el estancamiento económico es muy peligroso.
EL PARO JUVENIL
España presenta la segunda mayor tasa de paro entre los 27 países miembros de la Unión Europea y a apenas 5 décimas del líder, Grecia.
Así lo reflejan las cifras de empleo de diciembre publicadas por la organización internacional, en las que se revela que España superó en agosto las cifras de desempleo de Colombia, que hasta entonces presentaba la mayor tasa de la OCDE. Precisamente en ese mes, los datos de Eurostat revelaron que el desempleo español ya duplicaba la media de la eurozona y era el más alto de la UE, ante el retraso en la publicación de cifras oficiales en Grecia.
Entre los menores de 25 años, en cambio, España se ha mantenido en cabeza del paro juvenil desde septiembre, tanto dentro de la UE como de la OCDE.
Como refleja el gráfico adjunto, el paro juvenil en España ha cerrado 2020 en una tasa del 40,7%, más de 5 punto puntos por encima de Grecia, que es el segundo país de la OCDE con más jóvenes en situación de desempleo, aunque no presenta datos actualizados sobre su mercado laboral desde el mes de octubre. No obstante, en ese mes, el paro joven en España superaba en 7 puntos al de Grecia.
Al cierre de 2020, el paro juvenil en España es 8 veces mayor que el de Japón, casi 7 veces más que el de Alemania y casi cuadriplica las cifras de México, Corea del Sur y EEUU, a pesar del impacto del coronavirus en el mercado laboral en este último país durante los primeros meses de la pandemia, cuando casi 10 millones de estadounidenses presentaron solicitudes para cobrar prestaciones de desempleo.
Así, la tasa de paro juvenil en España se sitúa 24 puntos por encima del porcentaje general de desempleo en el país, un fenómeno que los expertos atribuyen principalmente ala precariedad y temporalidad de los puestos de trabajo que suelen ostentar los menores de 25 años y que se han visto especialmente afectados por el impacto económico de la pandemia.
