Este es uno de los temas más espinosos de la actualidad económica y social: la relación entre el sistema de pensiones y la llegada de inmigrantes. El debate se centra en la regularización masiva de extranjeros y el impacto que esta tendrá en unas arcas públicas ya tensionadas.
El discurso oficial, promovido con insistencia por el Gobierno, sostiene que los inmigrantes son la solución definitiva para sostener el sistema contributivo gracias a sus aportaciones a la Seguridad Social. Sin embargo, los datos económicos y demográficos parecen desmentir esta versión optimista que ignora los costes asociados a la sanidad y a las prestaciones no contributivas.
La carta enviada por Pedro Sánchez a la ciudadanía el pasado 14 de abril, se ensalzaban los supuestos beneficios de la inmigración: «el Estado español envejece mientras que los inmigrantes aportan juventud, capacidad de innovación y prosperidad».
El relato gubernamental sugiere que estos nuevos ciudadanos contribuirán al sostenimiento de los servicios públicos sin consumirlos apenas, una premisa que resulta, cuanto menos, cuestionable desde un punto de vista puramente lógico y estadístico. El gasto en sanidad, educación y pensiones es una certeza, mientras que el ingreso por cotizaciones es, hoy por hoy, una mera hipótesis supeditada a la incorporación real al mercado laboral.
Un informe de Funcas arroja luz sobre la realidad demográfica de los extranjeros en España. Contrariamente a lo que sostiene el Gobierno, España cuenta con los inmigrantes más viejos de prácticamente toda Europa. Los datos son alarmantes: más del 17% de los inmigrantes que residen en el país tienen más de 54 años, una cifra que sitúa a España solo por detrás de países como Letonia, Bulgaria o Estonia. Este envejecimiento de la población inmigrante supone que estas personas están mucho más cerca de la edad de jubilación y tienen una mayor probabilidad de padecer enfermedades, lo que incrementa el gasto sanitario y reduce los años de vida laboral activa para cotizar.
El análisis gráfico de Funcas muestra una evolución preocupante desde el año 2000. En aquel entonces, el pico de edad de los inmigrantes se situaba en torno a los 25 años, una edad ideal para incorporarse al trabajo y contribuir durante décadas. En la actualidad, ese pico se ha desplazado hasta los 35 años y la curva se ha aplanado significativamente. Lo más grave es que el segmento de inmigrantes mayores de 55 años es el que más ha crecido. Esta tendencia demuestra que el objetivo de fomentar la natalidad a través de la inmigración es dudoso, especialmente cuando una parte importante de quienes llegan ya han superado su etapa reproductiva o están cerca de hacerlo, convirtiéndose en perceptores netos de fondos públicos a corto o medio plazo.
La Seguridad Social, cuya deuda ya alcanza los 136.000 millones de euros con el aumento de inmigrantes cerca de la edad de jubilación, sumado a la llegada masiva de la generación del baby boom a la edad de retiro, crea una bomba de relojería para la estabilidad financiera de España.
La conclusión es clara: el Gobierno está ocultando datos esenciales a la población porque la realidad económica contradice sus promesas políticas. La falta de transparencia sobre el coste real de la inmigración envejecida pone en riesgo la supervivencia de un sistema de protección social que ya se encuentra al borde del colapso.
Presión sobre los servicios públicos
En 2025, el 22% de los inmigrantes residentes en España ya tiene 55 años o más; esto es 2 millones de personas. «Esta dinámica anticipa una presión adicional sobre los sistemas de salud y dependencia que rara vez aparece en el balance agregado», adelantan Héctor Cebolla Boado y María Miyar Busto, autores de la investigación. Para más ‘inri’, inciden estos economistas, la inmigración llega prioritariamente allí donde el reto del envejecimiento es menor. Las comunidades más envejecidas (Asturias, Galicia, Castilla y León) solo registran efectos intermedios en la atenuación del envejecimiento.
En su prospectiva, Cebolla y Miyar revelan cómo el perfil de edad de los nuevos residentes en España es menos favorable al rejuvenecimiento que el observado en otros países europeos. Podría interpretarse que este rasgo es reciente, vinculado a la maduración de los flujos migratorios o al aumento de la reagrupación familiar (inmigrantes que, una vez estabilizada su situación laboral en España, se traen a otros familiares, algunos más mayores). Pero no es así. «Al contrario, lo cierto es que es un rasgo característico desde la primera fase de expansión de la migración en España, del que, si acaso, la única tendencia identificable apunta a una intensificación, es decir, en la dirección contraria a la necesaria para un rejuvenecimiento poblacional», señalan los autores del informe.
No obstante, esto es solo una parte de la historia. El trabajo de Fundas incide en el efecto cadena que se produce desde la base. Ya no es solo que lleguen inmigrantes más mayores, sino que la circunstancias vitales que afectan a los oriundos también acaban impactando en los que llegan, dándose una convergencia en la formación de familias: «Muchos inmigrantes llegan a España con proyectos vitales en curso. Algunos lo hacen con su familia, otros la reagrupan tras un periodo de espera y muchos forman nuevos hogares una vez asentados. Sin embargo, todos se insertan en un entorno que impone las mismas dificultades que afectan a la población autóctona. El acceso a la vivienda, las condiciones del mercado laboral y la inestabilidad económica condicionan a todos los residentes, en mayor o menor medida, la formación de hogares». El resultado es conocido. España combina una de las fecundidades más bajas del mundo -1,17 hijos por mujer en 2024 (1,3 en el caso de las mujeres migrantes)- con una emancipación particularmente tardía
.Muchos inmigrantes se marchan
Esta circunstancia da paso a lo que los autores de Fundas denominan «un volumen extraordinario en un modelo mal calibrado». Explicado de forma más clara se puede decir que España recibe mucha inmigración, pero no retiene tanta, lo que exacerba su dependencia de nuevos flujos. España es el principal receptor de inmigración de Europa en términos relativos, y el segundo en términos absolutos, solo por detrás de Alemania. En 2025, el 19% de sus residentes había nacido en el extranjero, frente a una media de la Unión Europe del 14%. Entre 2013 y 2023 absorbió el 16% de toda la inmigración llegada al continente.
La otra ‘cara de la moneda’ es que la capacidad de España de retener a los inmigrantes que llegan y que podrían asentarse y formar hogares es limitada. A pesar de que casi 15 millones de personas nacidas en el extranjero iniciaron su residencia en España entre 2002 y 2024, la población residente solo aumentó en poco más de siete millones. Desde 2021, la tasa de retención española (la relación entre el aumento de la población y el volumen de entradas) se situó en el 51%, una de las más bajas de Europa, detecta Funcas. «Es decir, España atrae inmigrantes con extraordinaria eficacia, pero no retiene con la misma intensidad, lo que obliga a mantener flujos de entrada muy elevados para sostener una población que se renueva constantemente», resuelven Cebolla y Miyar.
Los hallazgos de estos autores les permiten poner en tela de juicio el extendido mantra de que los flujos migratorios pueden compensar el declive poblacional y la pérdida de capacidad de innovación que supone el envejecimiento. Un planteamiento que cobró una dimensión institucional global con el cambio de siglo al plasmarse en el informe de las Naciones Unidas sobre la «migración de reemplazo». «En España, este concepto ha permeado el discurso público, alimentando la esperanza de que la llegada de adultos jóvenes nacidos en otros países fuera el mecanismo natural para sostener la demografía de los países ricos. Sin embargo, la propia ONU advertía ya en 2000 que, si bien la migración puede estabilizar el número de habitantes, las cifras necesarias para mantener las ratios de soporte entre trabajadores y jubilados alcanzarían niveles extraordinariamente altos, lo que llama a cuestionar si esta solución es socialmente viable o si, por el contrario, solo pospone un ajuste estructural inevitable», ponen de relieve.
La gran conclusión a la que llega la investigación es que la inmigración ha permitido retrasar el momento en el que la sociedad española afronte las consecuencias que tendrá su propio envejecimiento y la caída de sus nacimientos, pero no ha alterado su trayectoria demográfica de fondo. Seguir en esta estrategia exigiría atraer flujos cada vez mayores, insisten los dos autores. Algo que no solo encuentra un límite en el reto de absorber esta diversidad, sino también en el hecho de que los países de origen también envejecen y su oferta migratoria, por tanto, se va a reducir en el medio plazo. «Parece más razonable que España comience a reflexionar sobre una estrategia de adaptación ante el cambio demográfico que combine no solo la política migratoria, sino también la política familiar y la planificación territorial. Para ello, el debate público debe incorporar reflexiones sobre el impacto de la inmigración en el largo plazo y superar el foco en la inmediatez», remachan.
Otros economistas comparten las conclusiones extraídas por Funcas. La inmigración, que a menudo se presenta como la solución, no puede compensar de forma realista el lastre demográfico que se avecina advierte en sus redes sociales Pablo García Guzmán, economista asociado a la oficina del economista jefe del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). «La magnitud de los flujos netos de entrada necesarios para compensar el envejecimiento de forma sostenida es varias veces superior a cualquier cifra plausible compatible con las limitaciones sociales y políticas de los países europeos, e incluso si tales flujos se materializaran, los propios inmigrantes envejecen y acumulan los mismos derechos de pensión de jubilación que los nativos», ahonda García Guzmán.
En otras palabras, continúa el economista, «mantener la estructura demográfica actual requeriría un flujo permanente lo suficientemente grande como para compensar tanto el envejecimiento de la población nativa como el de las cohortes de migrantes anteriores, de forma indefinida». Algo que choca con el hecho de que la fecundidad está disminuyendo actualmente en prácticamente todas las regiones del mundo, se hace eco el investigador, y se prevé que la población mundial en edad de trabajar alcance su máximo en unas pocas décadas y luego disminuya. «Simplemente no existe una reserva de migrantes a la que recurrir en la escala que España necesitaría», zanja el experto.
