Bruselas advierte a España que debe «reequilibrar el gasto público social entre generaciones» frente a las pensiones
La Comisión Europea también avisa de «una creciente dependencia de la tributación del trabajo» en los ingresos fiscales y propone elevar el IVA, especialmente de la hostelería, ya que beneficia a las rentas más altas. No hay mención a la falta de presupuestos por cuarto año consecutivo
España es el único país europeo al que Bruselas eleva las previsiones de crecimiento: 2,4% en 2026
“Un reequilibrio del gasto social entre generaciones”. La Comisión Europea entra de lleno en el debate en España sobre cómo se reparte el gasto social entre los diferentes grupos de edad, según se desprende del informe elaborado por la Comisión Europea sobre recomendaciones económicas que se ha presentado este miércoles. Aunque en el informe no se hace una mención directa al gasto en pensiones, Bruselas sí resalta la necesidad de “un reequilibrio del gasto social entre generaciones y mejorando la cobertura y la adecuación de las transferencias sociales y de la asistencia social, así como su vinculación con las políticas de activación, reduciendo aún más las desigualdades de renta” para luchar contra la pobreza infantil.
La Comisión también hace una llamada por “una creciente dependencia de la tributación del trabajo”, mientras “España presenta la mayor brecha de política del IVA de la Unión Europea como resultado de una de las mayores diferencias entre tipos impositivos”. En este sentido, destaca el IVA de la hostelería (hoteles, bares y restaurantes) “por su elevado impacto presupuestario y su efecto redistributivo muy limitado”. A pesar de que se ha convertido en un tema en el que la oposición de derechas insiste en castigar al Gobierno de Pedro Sánchez, no hay ninguna mención en el informe sobre la falta de Presupuestos Generales del Estado por cuarto año consecutivo. Bruselas también hace una llamada por la desviación del gasto en 2026 e insta a España a que “respete las tasas máximas de crecimiento recomendada”.
Posteriormente, un miembro de la Comisión sí que ha señalado que “España gasta muchísimo en partidas como pensiones, que no benefician particularmente a las nuevas generaciones. Hay que pensar en un gasto más orientado a las nuevas generaciones. Los pensionistas tienen casi el doble de la renta media y muchos de los beneficios y ayudas, como el transporte”.
Mientras, el informe sobre España contrapone que la pobreza “sigue siendo un desafío importante, en un contexto de niveles generales de pobreza elevados y de desigualdades de ingresos persistentemente altas. En 2024, más de uno de cada cuatro niños en España se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que sitúa al país entre los Estados miembros con peores resultados de la Unión Europea en este ámbito”.
Bruselas recomienda para solucionar este desajuste la necesidad de reequilibrar el gasto público favoreciendo políticas destinadas a apoyar a los niños y a los jóvenes. La Comisión ha escogido un grupo de áreas prioritarias a las que se debería dirigir el gasto público que son la educación, el empleo y, especialmente al acceso a la vivienda, que se ha vuelto a colar este año como uno de los principales retos de la economía española.
En este sentido, la Comisión insiste en que “España cuenta con uno de los niveles más bajos de vivienda social de toda la Unión Europea, representando menos del 2% del parque total de viviendas, frente a una media de la UE de aproximadamente el 7%”. Bruselas recomienda “superar algunas de las restricciones que han frenado la construcción de vivienda” como son la “disponibilidad limitada de suelo edificable, la lentitud de los procedimientos administrativos y la tramitación de permisos” para superar los “persistentes cuellos de botella en la oferta”.
A la hora de explicar la tributación en España, Bruselas apunta que “la participación media de los impuestos sobre el trabajo en la recaudación fiscal total de España aumentó del 48,7% de media en el subperíodo 2015-2019 al 51,8%” de 2020-2024. De hecho, “el aumento de los ingresos procedentes de los impuestos sobre el trabajo explica el 90% del incremento” de la participación fiscal en España durante la última década, “lo que refleja una creciente dependencia de la tributación del trabajo”. Es decir, los trabajadores contribuyen más fiscalmente que las rentas de capital o el consumo.
Bruselas argumenta esta situación por “la no indexación de los tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el aumento de los tipos de cotización a la Seguridad Social han acelerado el desplazamiento de España hacia una mayor tributación del trabajo”.
Frente a esta situación, “los ingresos procedentes de impuestos sobre el consumo y de impuestos medioambientales se sitúan por debajo de la media de la UE, tanto como porcentaje del PIB como en porcentaje de la recaudación fiscal total”. En este sentido, el informe recalca que “España presenta las mayores brechas de política del IVA de la Unión Europea, como resultado de una de las mayores diferencias entre tipos impositivos y de la mayor brecha derivada de exenciones del IVA”.
La Comisión hace una mención especial al IVA reducido de la hostelería (hoteles, bares y restaurantes) “por su elevado impacto presupuestario y su efecto redistributivo muy limitado”. Frente al impuesto del 21% la hostelería paga un 10%. Según un técnico de la Comisión, “los beneficios fiscales que existen en España rondan 60.000 millones en total, de los cuales el IVA son casi el 60%”. En el caso del IVA de la hostelería, su incremento supondría que se ingresarían hasta 7.000 millones más en las arcas públicas.
Desvío del gasto
La Comisión prevé que el gasto neto en España crezca un 5,1% en 2026 y un 14,9% de forma acumulada en el período 2024, 2025 y 2026. Esto supondría una desviación respecto a los datos que envió en Gobierno de España con un 4,2% anual, mientras que en el acumulado alcanzaría el 13,3%. Con los datos del Ejecutivo de Pedro Sánchez España cumpliría con la regla de gasto, ya que estaría por debajo de los límites del 0,3% y del 0,6% del PIB marcados por las reglas fiscales europeas.
“Teniendo en cuenta la desviación prevista para 2026 por la Comisión con respecto a la senda de gasto neto recomendada”, España debe “garantizar que el gasto neto respete las tasas máximas de crecimiento recomendada”, señala la Comisión.
Un técnico de la Comisión ha rebajado el impacto de este desvío y admitie que se hace la recomendación a España porque “está cerca del límite del acumulado”. “En la desviación acumulada se añade cierta flexibilidad a 2024, con lo cual en 2025 todavía tenemos un pequeño crédito de un 0,1% para el 26. La recomendación tiene en cuenta la flexibilidad de la cláusula de defensa. Hay un exceso de 0,4% del PIB con la cláusula defensa”.
La cláusula nacional de escape para el gasto en defensa permite a los países contabilizar el aumento del presupuesto militar fuera de las reglas fiscales ordinarias. España se comprometió a alcanzar el 2% del PIB en gasto militar en un ardúa confrontación con Donald Trump, que exigía que el gasto en defensa de los aliados de la OTAN llegara al 5% del PIB.
Además, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, ha confirmado que se va ampliar la aplicación de la cláusula de escape para inversiones en energía, una medida que habían solicitado países como Italia y España, con idea de reducir la dependencia de combustibles fósiles. Esta ampliación facilitará que las cuentas españolas no superen los límites de la regla de gasto de la UE
Bruselas avisa que España debe hacer frente al problema de la pobreza infantil
La Comisión Europea recomendaba, la pasada, semana a España que limitara las exenciones fiscales al IVA para poder equilibrar la balanza de ingresos tributarios. Lo hacía como parte de sus recomendaciones por país. Un análisis detallado en el que el Ejecutivo comunitario también ha recomendado a España que haga frente a la pobreza infantil, que constituye uno de sus problemas más graves. Así, le insta a que lo haga reequilibrando el gasto social entre generaciones.
Concretamente, en su paquete económico de primavera presentado la semana pasada, Bruselas pide a España que «aborde la pobreza infantil, entre otras cosas reequilibrando el gasto social entre generaciones y mejorando la cobertura y la adecuación de las transferencias sociales y la asistencia social», todo ello para «reducir las desigualdades de ingresos».
A lo que se refiere el Ejecutivo comunitario sin citarlo expresamente con este «reequilibrio del gasto social entre generaciones» es a las pensiones. Una fórmula con la que se refiere, sin citarlo, al gasto en pensiones. Reclamando que el gasto social no vaya a parar únicamente a esta partida, sino que se haga una mejor distribución entre otros grupos de edad
Bruselas destaca como uno de los principales problemas de España la pobreza infantil. El dato es bastante revelador. En 2025, el 33,8% de los menores estaban en riesgo de exclusión social, una cifra solo ligeramente por debajo del 34,6% del año anterior. Pese a la mejora, continúa siendo una de las cifras más elevadas de la Unión Europea.
La conclusión del Ejecutivo comunitario es que España no parece muy encaminada a cumplir sus objetivos de reducción de pobreza a los que se había comprometido para 2030. El año pasado, se registraron 2,6 millones de niños en riesgo de pobreza y exclusión social en España, una cifra que supera en 77.000 niños los datos de 2019 y que aleja los objetivos de final de década. Bruselas considera, tras su análisis, que las ayudas existentes tienen una capacidad muy limitada de reducir la pobreza infantil, frente a la media comunitaria.
En España, uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza o exclusión social, destaca Bruselas en su informe. La pobreza infantil persistente roza cuotas del 18,5% en 2025, una tasa por debajo del 20,6% del año anterior pero que, de nuevo, supera con creces la media de la UE, que se sitúa en el 11,3%.
El coste económico de la pobreza infantil en España es «sustancial», describe el Ejecutivo comunitario. Supone entre un 4% y un 5,1% del PIB, por lo que pide al Gobierno que implemente la Garantía Europea para Menores para hacer frente y mitigar este impacto.
En este contexto, una de las principales críticas que esgrime la Comisión Europea contra España es que el sistema no ayuda a reducir la pobreza infantil. De hecho, la comparativa con la media comunitaria es clara. Las transferencias sociales reducen la pobreza infantil un 40,1% en la UE frente al escaso 19% que aporta en España. Se trata de una de las brechas más grandes que se apuntan en todo el informe.
La raíz de esta coyuntura, según el informe, se refiere a una baja cobertura, un bajo acceso efectivo, la insuficiente cuantía de las ayudas, los problemas administrativos y la falta de coordinación institucional. Bruselas también apunta que los gastos de protección social y presupuestos generales no se orientan lo suficiente hacia los niños y los jóvenes y, por tanto, no ayudan a subsanar la situación.
En un análisis de las ayudas, tanto el ingreso mínimo vital como el complemento de ayuda a la infancia presentan problemas de cobertura y acceso según el Ejecutivo comunitario. Es así que la Comisión Europea sugiere que un mayor acceso al ingreso mínimo vital podría reducir la pobreza infantil y disminuir la brecha de la pobreza.
Además, España destina más de 1.200 millones de euros del Fondo Social Europeo a medidas de Garantía Infantil para familias con riesgo de exclusión social o pobreza. A ello se suma que el Gobierno anunció que daría una prestación universal por hijo. Una medida que, si bien contribuiría a aliviar la situación de pobreza infantil, tendría un coste elevado, según avisa Bruselas.
Las familias monoparentales, las familias numerosas, las familias de bajo nivel educativo y las de etnia gitana encarnan los principales grupos con mayor riesgo de pobreza. Por todos estos motivo, Bruselas encomienda al Ejecutivo español que disponga medidas para mejorar las coberturas y las cuantías de las prestaciones dirigidas a la infancia
Fuente:Bruselas avisa que España debe hacer frente al problema de la pobreza infantil
