La AIReF ultima el nuevo examen de la sostenibilidad del sistema de las pensiones que le encargó el Gobierno por la presión de Bruselas
En España se jubilan más personas que bebés nacen. Por tercer año consecutivo, en 2025 las nuevas altas de jubilación superaron al número de nacimientos registrados en nuestro país. Una tendencia que se extrae del cruce de las bases de datos de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que empieza a consolidarse en un contexto en el que confluyen el desembarco masivo de la generación del baby boom en el sistema de las pensiones públicas con el desmplome sin fondo de la natalidad.
El año pasado se jubilaron 375.324 personas y nacieron 321.164 bebés. Una brecha de 54.160 entre unos y otros que se ha multiplicado prácticamente por nueve en los últimos tres años. Y es que en 2023, cuando por primera vez en la historia se retiraron más personas del mercado laboral de las que llegaron al mundo dentro de nuestras fronteras, la diferencia fue de 6.293, ya que la Seguridad Social registró 326.949 altas de jubilación, frente a los 320.656 nacimientos que reportó el INE.
Ya en 2024 tuvo lugar la retirada masiva de hasta 368.065 trabajadores que pasaron a cobrar su pensión de jubilación. En aquel ejercicio las altas de pensiones se dispararon nada menos que un 12,6%, en un escenario de aceleración de la entrada de beneficiarios baby boomers al sistema que posteriormente se fue estabilizando gracias, en parte, a los incentivos a la jubilación demorada y las penalizaciones al retiro anticipado que introdujo la reforma del anterior ministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.
Ese mismo año el INE registró 318.005 recién nacidos. Inicialmente comunicó 322.034, lo que habría supuesto un leve aumento respecto a las cifras de 2023, pero después revisó el dato y confirmó la tendencia a la baja de la natalidad. En total, la diferencia entre nuevos jubilados y bebés alcanzó los 50.060 en ese periodo, lo que supone 4.100 menos que en 2025, que es el último dato disponible y refleja que la brecha se ha disparado hasta su nivel máximo al crecer las jubilaciones el doble que los nacimientos en la comparativa interanual (en concreto, un 2%, frente al 1%).
Los datos son demoledores en términos demográficos y muy representativos de la realidad de la pirámide poblacional española: ya sumamos más jubilados que bebés. «Es un buen ejemplo para explicar que los tiempos han cambiado, que la demografía se ha dado la vuelta de forma silenciosa y cuando nos hemos querido dar cuenta ya estamos aquí», resume en conversación con EL MUNDO José Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y subdirector de Fedea. Y avanza: «Es el reflejo de lo que llega, que es el envejecimiento».
Tal y como explica Conde-Ruiz, cada vez nacen menos niños, porque la tasa de fecundidad ha caído y porque la cohorte de madres de ahora es más pequeña que la que había hace 25 años. Hace un tiempo se veía la inmigración como una solución al problema, pero la realidad es que la natalidad de los inmigrantes se ha acabado españolizando porque los que vienen han terminado exponiéndose aquí a las mismas dificultades que sufren los autóctonos: la falta de recursos económicos, el desempleo, los problemas de conciliación o el precio de la vivienda son algunos de los motivos de la baja fecundidad que vienen recogiendo las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Como al mismo tiempo se están jubilando los baby boomers -en España el grueso de la jubilación de esta generación se producirá a partir de 2027, que es cuando empezarán a retirarse las cohortes más abultadas de los nacidos entre los años 1960 y 1975, aproximadamente- la situación no tiene visos de revertirse. «Es algo que vamos a observar en los próximos 30 años», sentencia Conde-Ruiz. Su compañero investigador asociado de Fedea y profesor titular de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid, Marcel Jansen, coincide en el diagnóstico y va más allá: «Los nacimientos de hoy no van a resolver el problema de la sostenibilidad de las pensiones». A su juicio, «en las próximas décadas la tasa de dependencia (el porcentaje de personas inactivas respecto a la población en edad de trabajar) seguirá aumentando» y aunque la inmigración podrá suavizar en parte el impacto, tampoco solucionará el problema, por lo que «al final tendremos que adecuar el diseño de nuestro sistema de bienestar a la demografía».
Por ahora no hay ninguna reforma a la vista en este sentido. Las últimas grandes modificaciones que introdujo el Gobierno en 2022 están empezando a surtir efecto, pero muy lentamente, y tampoco están logrando contener las resquebrajadas costuras de la Seguridad Social porque las nuevas pensiones son cada vez más altas por los mejores salarios de los que se están retirando ahora y la revalorización por ley con el IPC. Según datos del Ministerio, las jubilaciones anticipadas se han reducido considerablemente, situándose ya por debajo del 30% del total, 12 puntos menos que en 2019, mientras las demoradas representan ya casi el 11%, frente al 5% de hace seis años. En consecuencia, la edad media de acceso a la jubilación ha alcanzado ya los 65,3 años, cuando en 2019 era de 64,4 años.
Nuevo examen
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) está teniendo en cuenta todas estas variables en la nueva evaluación sobre la sostenibilidad del sistema de las pensiones que está ultimando estos días y que presentará el 29 de mayo. Cabe recordar que el Gobierno encargó al organismo supervisor que llevara a cabo un nuevo estudio de la regla de gasto tras las presiones que recibió de Bruselas por contabilizar como ingresos partidas como las transferencias del Estado o el impacto de las reformas laborales. En todo caso, indicadores como el mayor retraso y el menor adelanto de la jubilación o la edad media de acceso a la pensión tienen, de momento, escaso o nulo impacto en las proyecciones, tal y como ya plasmó el ente fiscalizador en su último informe de marzo de 2025.
Por aquel entonces la AIReF alertó de que las cuentas de la Seguridad Social estaban empeorando, pero concedió un aprobado raspado al Ejecutivo al situar al gasto promedio anual hasta 2050 en el 14,4% del Producto Interior Bruto (PIB) y el gasto neto en el 13,2%, justo por debajo del umbral obligatorio del 13,3%. El Gobierno evitó así tener que activar la denominada cláusula de cierre, que obligaría a aplicar más ajustes, pero los nuevos cálculos de la AIReF podrían dar un vuelco al resultado. Con todo, en el Ministerio de Seguridad Social se respira tranquilidad. La ministra Elma Saiz ha defendido en varias ocasiones que activar la cláusula de cierre no sería dramático y desde su departamento han lanzado una herramienta que prevé un gasto en pensiones en 2050 del 14% del PIB, cuatro décimas menos que la AIReF.
