Subsidios fantasma, sueldos de 500 € en B, amenazas de despido si se contagian de Covid…
El Estado no responde. La Administración está cerrada. Las citas las dan para dentro de 3 o 6 meses, no cogen los teléfonos y la página del SEPE da error aún..
Las empleadas del hogar, uno de los colectivos más esenciales que se ha encargado de menores y ancianos durante esta pandemia, siguen con las manos vacías y sin respuesta del Ministerio de Trabajo. Las ofertas en B aumentan, la remuneración desciende, el riesgo a ser multadas por desplazarse sin contrato es una realidad y muchas ya han comenzado a engrosar las colas del hambre. Las amenazas de despido constantes son la gota que colma el vaso
El subsidio extraordinario para que este colectivo sobreviviera a la crisis llegó meses después de que perdieran sus trabajos. Según fuentes del Ministerio de Trabajo se han resuelto 47.619 solicitudes, el 68% han sido aprobadas y abonadas. El resto se han denegado porque no cumplían los requisitos y hay otras 8.729 que están pendientes de aportar documentación complementaria. Los intentos por mejorar el acceso al subsidio de las empleadas del hogar también han sido en vano. Esta prestación estuvo vigente desde el inicio del estado de alarma hasta un mes después de su finalización, el 21 de julio. En la práctica, la ayudas llegaron en su mayoría después del estado de alarma y su presentación estuvo plagada de impedimentos.
En plena segunda ola, las trabajadoras del hogar siguen siendo tratadas como empleadas de segunda. En el estado de alarma, se quedaron sin empleo, en mayo las volvieron a contratar con el inicio de la desescalada porque había que volver al trabajo pero no había colegios, en verano muchas de ellas fueron despedidas de nuevo y en otoño han vuelto a ser contratadas con reducción de horas. Las afectadas no cuentan con ningún tipo de amortiguación para hacer frente a esta montaña rusa. Bajo la figura de desistimiento no hay que justificar nada ni pagarles indemnización, para despedir a una empleada doméstica basta con decirle mañana no vengas a trabajar.
Las clases bajas que necesitan de estos servicios no contratan legalmente porque en muchos casos no cuentan con los recursos económicos para permitírselo. Los trabajos en negro se han disparado en un sector de actividad con un ya alto porcentaje de economía sumergida. Los empleadores ofrecen contratos de interna en negro por 500 euros al mes o incluso trabajar gratis a cambio de alojamiento y comida. Al no tener contratos, muchas de ellas se exponen a ser multadas al desplazarse a sus trabajos, debido a las restricciones de movilidad, y también acaban entrando de internas para evitarlo. Aceptan porque les da más miedo no llegar a fin de mes y pasar hambre que el coronavirus.En el caso de las que aún no tienen papeles, no les queda otra opción, ya que si se desplazan contra las restricciones «pueden acabar en un CIE o siendo deportadas».
Más allá de un subsidio inalcanzable en muchas ocasiones y limitado a los meses del estado de alarma, las trabajadoras domésticas reclaman que se ratifique el Convenio 189 de la OIT para mejorar sus condiciones laborales y que lleva pendiente desde 2013; que pasen a estar incluidas en el Régimen General de la Seguridad Socialpara tener los mismo derechos que el resto de los trabajadores (paro, baja, etc); la eliminación del régimen de interna y una regularización especial para aquellas trabajadoras sin papeles que están cuidando a mayores cuyos familiares están sacando de las residencias, lo que permitiría además recaudar impuestos tanto del empleador como de la trabajadora.
