ALGUNOS DATOS DEMOLEDORES
La gran mayoría de los españoles (81 %) coincide en que la Covid-19 es el mayor desafío actual, seguido del desempleo (61 %) y de la crisis económica (41 %), en proporciones notablemente más altas que la media europea, según una encuesta difundida este miércoles por el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Entre el conjunto de ciudadanos europeos, la preocupación por el paro se queda en el 41 % de media, veinte puntos menos que en España, y la crisis económica en general solo llega al 37 %, catorce puntos menos, según un sondeo realizado por el instituto demoscópico BVA entre el 5 de octubre y el 2 de noviembre de 2020 sobre más de 30.000 encuestados de 30 países.
Con pandemia o sin ella, el desempleo se ha convertido en un problema estructural de la economía española. Y ahora que esta crisis sanitaria ha golpeado duramente la actividad a nivel mundial, el paro vuelve a crecer de una manera más acuciante aquí, que en el resto de países del entorno. Así, España se sitúa a la cabeza del paro entre los países más desarrollados del mundo al ascender hasta el 16,2% en octubre, una tasa que solo Colombia supera (aunque aún no se conocen los últimos datos de Grecia, cuyo desempleo en agosto estaba en el 16,8%). Es más, duplica con creces la media de la OCDE, que se reduce hasta el 7,1%, según los datos publicados por la organización que engloba a los países más desarrollados del mundo.
España se sitúa así muy lejos de países de su entorno cercano, como Francia (8,6%), Portugal (7,5%) o Italia (9,8%), y a mucha más distancia de Alemania (4,5%) y Reino Unido (4,6% en agosto, últimos datos disponibles). De esta forma, también duplica con creces la media del paro en la Unión Europea, que se situó en el 7,6% en octubre.
EL GOBIERNO Y LAS PRESTACIONES DE DESEMPLEO EXCEPCIONALES
La crisis sanitaria ha llevado a acordar medidas de gran intensidad para preservar empleo y actividad económica, también para las personas sin ingresos, pese a los evidentes problemas de implantación del Ingreso Mínimo Vital. Es preciso abordar la reforma del sistema de protección por desempleo para dar una respuesta inmediata a más de 1.500.000 de personas desempleadas, la inmensa mayoría parados de larga duración, que carecen de protección, antes y después de la pandemia, y eliminar los vacíos de cobertura existentes.
El II Acuerdo Social en Defensa del Empleo del Gobierno con los interlocutores sociales (UGT-CCOO-CEOE-CEPYME) recogía en el mes junio extender la protección por desempleo a las personas que habían consumido sus prestaciones durante el estado de alarma, y que debía dar cobertura, al menos a 550.000 personas que habían agotado o agotarían sus prestaciones, en principio, hasta el 30 de septiembre, además de contemplarse la posibilidad de que se prorrogaran estas prestaciones ante posibles rebrotes. Sin embargo, hasta el Consejo de Ministros celebrado el 3 de noviembre no se abordó la puesta en marcha de esta prestación.
Esto implica que muchas personas que han perdido su empleo y han agotado sus prestaciones por desempleo, llevan meses sin ninguna protección y sin posibilidad real de acceder a un empleo ante la situación de pandemia en la que seguimos inmersos.
Pero el Gobierno también incumple el III Acuerdo Social en Defensa del Empleo (ASDE) suscrito con las organizaciones sindicales y empresariales, que debía dar cobertura a 220.000 personas que extendía las medidas de protección social de la primera ola de la pandemia a los trabajadores y trabajadoras afectados por la segunda ola y en nuevos ERTEs. La Administración está denegando prestaciones por desempleo a personas que se ven afectadas por los nuevos ERTEs y no han acreditado el periodo de cotización previo de 360 días y a aquellos que iniciaron su relación laboral con la empresa con posterioridad al 18 de marzo de 2020, en contra de lo acordado y de cómo se había procedido en la primera ola.
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