Pese a su importancia como principal gasto público y del principio de separación de fuentes, a la opinión pública le resulta muy difícil hacerse idea de la situación financiera del sistema de pensiones mediante los Presupuestos. En este artículo se analizan las principales líneas presupuestarias previstas para 2022.
Las pensiones son, con diferencia, la mayor partida en los Presupuestos Generales del Estado y de la Seguridad Social de 2022. Son también el gasto público social que más aumenta en términos absolutos, desde los 162.681 millones presupuestados en 2021 hasta los 170.494 millones previstos para 2022, que incluyen pensiones contributivas (149.996 millones) y no contributivas (2.587 millones), y clases pasivas (17.911 millones). Su aumento esperado es, por lo tanto, de 7.813 millones, con un crecimiento del 4,8%. Este incremento se explica por la revalorización de las pensiones con el IPC interanual promedio de los doce meses previos a diciembre de 2021, el crecimiento de las pensiones mínimas y no contributivas del 3%, el aumento del número de pensionistas, y el efecto sustitución (las nuevas pensiones que entran en el sistema tienen en media un importe muy superior a las que causan baja).
A pesar de su importancia como principal gasto público y del principio de separación de fuentes, a la opinión pública le resulta muy difícil hacerse una idea de los ingresos y del déficit del sistema de pensiones a través de los Presupuestos. Esta falta de transparencia no contribuye a aumentar la certidumbre sobre su sostenibilidad. En primer lugar, porque los ingresos de la Seguridad Social no aparecen desglosados de manera accesible. Las cotizaciones sociales son la principal fuente de financiación de las pensiones contributivas y otras prestaciones distintas de las pensiones, como el desempleo o la incapacidad temporal, cuyo gasto supondrá 22.457 millones y 10.818 millones
respectivamente. Su importe se prevé que aumente desde los 125.144 millones de 2021 a 136.345 millones de 2022, lo que implica una tasa de crecimiento del 9%. Este incremento se basa en unas previsiones optimistas de crecimiento del PIB en 2022 del 7% y de un aumento de la base máxima de cotización del 1,7%. A pesar de este crecimiento de las cotizaciones, y de que ya superarán su nivel recaudado antes de la pandemia, serán claramente insuficientes para hacer frente al gasto previsto en pensiones contributivas.
En segundo lugar, porque para financiar su déficit, el sistema de pensiones requiere de un aumento creciente de las transferencias del Estado, cuyo detalle resulta insuficiente en los Presupuestos. Aunque una de las recomendaciones del Pacto de Toledo en 2020 era clarificar el principio de separación de fuentes entre el Estado y la Seguridad Social, en la práctica ocurre lo contrario. Además de los complementos de pensiones mínimas (7.075 millones) y pensiones no contributivas (2.772 millones), no sólo se traspasan al Estado algunos gastos impropios, como reducciones en la cotización o prestaciones contributivas al nacimiento y cuidado de menores, por un total de 4.570 millones. También se trasladan otros gastos propios del sistema o conceptos no detallados, cuya suma se acerca a los 14.000 millones de euros.
Las medidas adoptadas en 2021 implican un mayor gasto estructural del sistema de pensiones. La sustitución del Índice de Revalorización de las Pensiones por el IPC y la derogación del Factor de Sostenibilidad presionarán al alza el gasto en pensiones en casi cuatro puntos del PIB en las próximas décadas, lo que irá aumentando el déficit estructural actualmente existente que se traslada al Estado. A la espera de nuevas reformas, es poco probable que la aprobación de un futuro Mecanismo de Equidad Intergeneracional y los cambios propuestos en la jubilación anticipada y demorada sean capaces de compensar una parte significativa del mayor déficit previsto. De igual manera, a la espera de medidas que impulsen el segundo pilar de los planes de pensiones de empresas, los Presupuestos reducen los incentivos fiscales de los planes privados, que en realidad son complementarios y no sustitutivos de los anteriores, y cuyo ahorro era ya muy inferior al de otros países de la UE
Fuente: BBVA Research