La dependencia en la vejez puede llegar a suponer unos gastos 1,6 veces superiores a la pensión media

La dependencia es una situación a la que todas las personas, con una u otra probabilidad, tendrán que hacer frente dentro de su ciclo vital. Teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, está llamada a convertirse en la contingencia del siglo XXI. Sin embargo, la probabilidad de sufrir dependencia de grado III (la más severa de todas, ya que requiere atención permanente de una tercera persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria) depende, según el informeLa dependencia en España. Una contingencia del siglo XXI, elaborado conjuntamente por el Insituto Santalucía y Analistas Financieros Internacionales (Afi), de tres factores: la edad, el género y la Comunidad Autónoma de residencia. Así, el perfil más común de la persona dependiente dentro de diez años sería el de una mujer, mayor de 65 años y residente en Andalucía, de acuerdo a los datos analizados en el estudio.

Tal y como recoge el informe, la probabilidad de sufrir dependencia de grado III es mayor cuanto más elevada sea la edad de la persona: mientras el riesgo apenas llega al 1% en el caso de las personas de 55 años, aumenta hasta casi el 14% en aquellas de 90 años. También es mayor entre las mujeres, siendo la brecha de género más elevada a medida que aumenta la edad. Así, entre las personas de 80 años, la probabilidad de ser dependiente de grado III es de un 6% entre las mujeres, mientras que se reduce hasta apenas un 4% en el caso de los hombres. 

La dependencia en España en 2030

La Comunidad Autónoma de residencia también es otro factor a tener en cuenta. Según el informe, la diferente gestión de la calificación y listas de espera de los casos de dependencia en cada región, así como aspectos ambientales y/o climáticos, dieta, estilos de vida o la trayectoria laboral en sectores como la agricultura, la industria pesada o la minería, explicarían la prevalencia de la dependencia de grado III en algunas zonas. En este sentido, el estudio señala que Andalucía será la Comunidad Autónoma en la que se espera que este grupo de población experimente un mayor crecimiento, con más de 110.000 personas en esta situación en 2030, seguida por Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid.

Otra de las estimaciones que hace el informe es que, para ese mismo año, habrá más de 560.000 personas con dependencia de grado III en España mayores de 65 años, es decir, el 1,1% de la población total y el 4,9% de la población de ese grupo de edad. Del más de medio millón de dependientes de grado III, el 70% serán mujeres y el 30%, hombres. De esta manera, por cada hombre mayor de 65 años dependiente de grado III, habrá 1,8 mujeres del mismo grupo de edad en esta situación. 

¿Cuál es el coste de la dependencia de grado III?

Para calcular el coste económico que supone la dependencia de grado III, el informe ha tenido en cuenta el tiempo que manifiestan requerir las personas dependientes, contratando a una tercera persona durante ocho horas diarias para que se encargue de sus cuidados de larga duración -el resto del tiempo se entiende que los cuidados provendrían de cuidadores no profesionales, generalmente, de familiares-. Así, se estima que la cantidad necesaria para afrontar los costes que conlleva este tipo de dependencia es de unos 20.000 euros anuales, es decir, 1,6 veces el importe medio de la pensión pública por jubilación entre aquellas personas de 80-84 años y 1,8 veces entre la población mayor de 85 años. 

“El informe señala una insuficiencia de ingresos por parte de aquellas personas que sufren esta contingencia, ya que la pensión pública de jubilación suele ser la principal fuente de renta de los dependientes de grado III. Por esta razón, sería necesario seguir potenciando la educación financiera de los ciudadanos, facilitándoles los conocimientos necesarios para tomar decisiones financieras responsables y planificar su futuro. No es cuestión de ofrecer productos, sino opciones para una jubilación tranquila en términos financieros”, afirma José Manuel Jiménez, director del Instituto Santalucía.

De hecho, el estudio indica que los hogares españoles que ahorran suelen hacerlo en activos inmobiliarios. Por esa razón, la industria aseguradora ha desplegado alternativas de productos y servicios como las rentas vitalicias o las hipotecas inversas, además de los planes de pensiones, los PIAS o PALP. Más recientemente han irrumpido en el mercado otros productos como los seguros de dependencia, que cubren el riesgo derivado de la materialización de esta contingencia. Sin embargo, el desarrollo de estos productos no ha sido el esperado debido, entre otros motivos, a la ineficiencia de los incentivos fiscales para impulsar el ahorro a largo plazo o el desconocimiento de los ciudadanos de los productos financieros y actuariales.    

Para poder seguir avanzando hacia una sociedad más asegurada y protegida ante el riesgo de sufrir dependencia, el informe señala que sería recomendable poner en marcha medidas para que la población entienda las implicaciones que suponen tanto la creciente longevidad como el gran reto de la dependencia. Para ello, sería necesario fomentar la cultura del ahorro previsional a largo plazo entre la población española y situar la educación financiera en el debate político, así como garantizar la profesionalización, estandarización y accesibilidad de los servicios de cuidados de larga duración.

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Fuente: futuroafondo

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