Con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, se incorpora la atención a la dependencia al sistema público de protección social de nuestro país. Constituye un avance importante en el desarrollo de los derechos sociales en España. Tiene el carácter de legislación básica estatal.
El Artículo 16. 1 dispone que: “Las prestaciones y servicios establecidos en esta Ley se integran en la Red de Servicios Sociales de las respectivas Comunidades Autónomas en el ámbito de las competencias que las mismas tienen asumidas. La red de centros estará formada por los centros públicos de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales, los centros de referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y para la atención y cuidado de situaciones de dependencia, así como los privados concertados debidamente acreditados”.
Más de doce años después de la aprobación de la ley, las diferencias de aplicación de la misma en las diferentes comunidades autónomas, lejos de acortarse, se mantienen, e incluso podemos afirmar que se van agravando, produciendo lo que se ha venido en llamar “el caos de la dependencia” que se analiza en el Informe compartido
