Desde los cuidados en el grupo tribal en el paleolítico a las pensiones contemporáneas hay un largo trecho histórico en el que abundan ejemplos de instituciones sociales que se han ocupado de regular las transferencias intergeneracionales de recursos, mucho más allá de los círculos familiares más o menos amplios.
Al menos hasta el día de hoy se conserva en el sistema de pensiones español la idea del reparto “solidario” de la recaudación; es decir, que la población activa mantenga a la población jubilada.. Está basado en tres pilares: el pilar público contributivo, el que se ocupa de que la gente que está trabajando cotice para financiar las pensiones de los mayores; el pilar asistencial, estatal y a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, que cubre a las personas que no tienen acceso a una pensión normal; y el tercero, el privado, que se basa en las aportaciones voluntarias de las personas a Planes de Pensiones Privados.
Las últimas reformas, tanto la reforma del PSOE en 2011 (RDL 27/2011), como la del PP de 2013 (RDL 5/2013), han profundizado en la racionalización de la cuantía de las prestaciones para mantener el equilibrio presupuestario.. Estas reformas se traducen en: retraso de la edad normal de jubilación hasta los 67 antes de 2027; cambios en la base reguladora para el cálculo de las pensiones, desde los 15 últimos años, hasta los 25 últimos años de trabajo; control de las jubilaciones anticipadas y modificación de acceso a la jubilación parcial.
La reformas de 2013 (Ley 23/2013) plantean fundamentalmente dos cuestiones para intentar asegurar la sostenibilidad del sistema, implantando lo que se ha dado en llamar el Factor de Sostenibilidad de las Pensiones (FS), desdoblado en dos índices:
– El Índice de Revalorización Anual de las Pensiones (IRA ó IRP): que desvincula el incremento de las pensiones del aumento del «coste de la vida» (IPC), basándolo en parámetros internos del propio sistema.
– El Factor de Equidad Intergeneracional (FEI): que vincula la cuantía de la «primera pensión» de cada trabajador a la esperanza de vida de su generación, factor casi con total seguridad siempre «reductor» y además «acumulativos» para las futuras pensiones.
La “reforma Escrivá” de las pensiones está en marcha (2021-2022)
El reto es encontrar un mecanismo de ajuste del gasto futuro que sustituya a la congelación de las pensiones
El Pleno del Congreso aprobó la ley 21/2021 que contiene el denominado primer bloque de la reforma Escrivá de las pensiones .La primera entrega de la reforma del retiro contempla penalizar la salida anticipada del mercado de trabajo, primar la prolongación de la actividad y crear un nuevo fondo de reserva para cubrir las tensiones que el sistema sufrirá en los próximos años
El plan B para jubilar a las generaciones del baby boom después de gastar entre 2012 y 2018 61.000 de los 66.800 millones acumulados en la conocida como la hucha de las pensiones (el Fondo de Reserva de la Seguridad Social) que avala aplicar incentivos para retrasar la jubilación, establecer penalizaciones a su anticipación, mantener la media anual del IPC como la referencia para revalorizar las pensiones y crear un nuevo mecanismo, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que genere recursos extraordinarios para los años de mayor necesidad del sistema, aunque este nace, como el anterior, sin un blindaje que garantice que esos fondos solo vayan a poder destinarse a pagar las prestaciones a partir de 2032.
La previsión señala que los boomers nacidos entre 1957 y 1980, los años en los que llegaban más de 600.000 bebés, van a jubilarse en los próximos 30 años en un proceso que va a tensionar el sistema de protección social, ya que esos 14,5 millones de trabajadores mayores de 40 años son tres de cada cuatro trabajadores en activo y solo hay dos maneras de abordar esa situación, que va a ser un episodio que comienza entre ahora y el 2027 y que comenzará a remitir a partir de 2048: o bajas las pensiones o gastas más en ellas. Los Gobiernos PP optaron por lo primero al limitar las revalorizaciones al 0,25% anual durante 30 años y prever una revisión a la baja del coeficiente reductor cada cinco años en función de la esperanza de vida (el Factor de Equidad Intergeneracional -FEI-)
El primero de los ejes del primer bloque de esta reforma se centra en dos medidas. Una es la confirmación de la media mensual del IPC del año anterior como el índice de referencia para revisar la cuantía de las pensiones en el siguiente, y la otra, la creación de un ‘mecanismo de equidad intergeneracional’ (MEI) consistente en una nueva hucha que se irá llenando a partir de 2023 que viene con un recargo del 0,5% en la cotización de la empresa y del 0,1% en la de los trabajadores
Así, se trata de que la referencia del IPC sea evaluada cada cinco años y que sustituye el anterior Factor de Sostenibilidad (que no llegó nunca a estar en vigor) por una “cotización adicional finalista que nutrirá el Fondo de Reserva de la Seguridad Social” que “se mantendrá hasta 2032” y que, a partir de entonces, se revisará cada tres años.
En cualquier caso, esa nueva hucha, como la anterior, nace sin un blindaje que garantice que su único destino vaya a ser el pago de las prestaciones de jubilación. “Se adaptará la normativa sobre el Fondo de Reserva para garantizar que la utilización de esta cuota finalista y de los rendimientos que genera se destine exclusivamente a atender las desviaciones en el nivel de gasto a las que se hace referencia”, señala el texto
El segundo eje de este primer bloque de la reforma parte de unos cálculos según los cuales retrasar un año la edad media de jubilación puede suponer un ahorro anual de entre 15.000 y 20.000 millones de euros, el equivalente a entre 1,2 y 1,6 puntos del PIB, al reducir el aumento del número de pensionistas. En este apartado, los coeficientes de reducción que penalizan la jubilación anticipada pasan a aplicarse sobre la prestación en lugar de sobre la base reguladora, aunque con una atenuación para quienes llegan a esa situación desde el desempleo, y al mismo tiempo, los despidos objetivos y los derivados de ERE pasan a ser considerados como causas de jubilación anticipada involuntaria.
La demora de la jubilación mantiene la prima del 4% sobre la base reguladora (no sobre la prestación) por cada año trabajado sobre la edad oficial de retiro, canjeable por una cantidad a tanto alzado o una combinación de ambas fórmulas. Por último, la nueva normativa sobre pensiones prohíbe las cláusulas de convenios “que prevean la jubilación forzosa del trabajador a una edad inferior a los sesenta y ocho años”.
El SEGUNDO BLOQUE DE LA REFORMA ESCRIVÁ DE LAS PENSIONES, cuya negociación ya está muy avanzada en el verano de 2022, se centra en tres medidas clave:
- la cotización de los autónomos en función de sus ingresos reales, algo que las asociaciones de trabajadores por cuenta propia llevan años reclamando, acuerdo que se remitirá en breve al Parlamento para su aprobación antes de final del 2022 según el compromiso con Bruselas para acceder a los Fondos europeos de Recuperación
- la legislación sobre los Planes de Pensiones de Empleo (de empresa), los PPE, con lo que se trata de potenciar el tercer pilar de las pensiones mediante aportaciones a planes de pensiones tanto de empresa como de trabajadores a un Fondo Publico de PPE, que den lugar a una pensión complementaria a la pensión pública. Esta legislación ya se ha aprobado en la Ley 12/2022 de 30 de junio.
- el destope de las cotizaciones, que según distintas estimaciones puede llegar a generar hasta500 millonesal año para la Seguridad Social pues en los salarios que superan la base de cotización máxima no realizan aportaciones a la Seguridad Social ni las empresas que los pagan ni los trabajadores que los cobran por superar la base máxima de cotización
No obstante, aún queda por negociar y, en su caso, la reforma de los años de cotización que se tienen en cuenta para el cálculo de la cuantía de la pensión de jubilación, cuestión muy polémica tanto dentro del propio Gobierno de coalición como de sus aliados parlamentarios “progresistas” y de los agentes sociales (sindicatos y empresarios)
