Es clara la correlación entre los impuestos y el gasto en educación, sanidad y protección social (incluidas las pensiones públicas). En España se recaudan tres puntos sobre el PIB menos que en la media europea y la presión fiscal en España está en el 39%, frente al 46% de la media europea
El Gobierno ha aprobado el mayor techo de gasto de la historia, un año más y así el límite no financiero se eleva hasta los 198.221 millones pues en palabras del Gobierno el objetivo de los Presupuestos de 2023 es «proteger a la mayoría social«
En 2019, España alcanzaba la media aritmética de la UE y de la Eurozona en este tipo de gastos (en torno a un 28% sobre el PIB), a pesar de situarse 3,7 y 3,5 puntos porcentuales, respectivamente, por debajo de la media aritmética europea en ingresos públicos.
No es “neutral” calcular estos valores diferenciales con la media aritmética o con la ponderada. La media aritmética es el cociente entre la suma de los datos y el número de la muestra, mientras que en la media ponderada se le asigna a cada dato un peso concreto en función del análisis que se quiera llevar a cabo.
La explicación radica principalmente en el peso que las prestaciones y servicios sociales alcanzan en las otras grandes economías de la UE. Francia, por ejemplo, registra un 37% de gasto social sobre el PIB, Italia, un 32%, y Alemania, un 31%. Estos niveles pueden lograrse por contar con unos ingresos sobre el PIB del 52% en Francia y el 47% en Italia y Alemania, frente al 39% de España. Estos datos ponen “negro sobre blanco” lo que parece una evidencia: cualquier incremento del gasto en sanidad, educación y prestaciones sociales deberá pasar por un aumento de los impuestos sobre el PIB.
Pero también es cierto que es preciso tener en cuenta los perjuicios sobre la actividad económica que tienen las alzas impositivas, y parece que la vía menos dañina y más eficaz a largo plazo para abordar la necesaria reducción del déficit, pasa por la contención del gasto. De acuerdo con el análisis realizado por el IEE para 2020 España se sitúa en el puesto 26 de los 36 países de la OCDE en eficiencia del gasto público, con una puntuación de 87,4, muy por debajo del 100 que representa la media de la organización económica.
En conclusión, un ajuste por la vía de la contención y mejora de la eficiencia del gasto público es, a todas luces, mucho más efectivo y tiene menor impacto en el crecimiento económico y, además, España cuenta con mucho margen de mejora en este aspecto. Así el debate verdadero no es tanto el gasto público general en sí, sino en “gastar eficazmente con rigor”
