El Gobierno espera ahorrar 500 millones al reordenar bonificaciones en las cotizaciones

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El Gobierno de Pedro Sánchez espera ahorrar unos 500 millones de euros anuales con la reorganización de las bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social. Así figura en el Programa de Estabilidad 2019-2022, que contiene las líneas maestras de la política presupuestaria, enviada a Bruselas el martes.

El Ejecutivo encargó a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el organismo encargado de velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas, que estudiara el impacto de los incentivos a la contratación a través de bonificaciones y reducciones en las cuotas de la Seguridad Social.

Tarifa plana de autónomos

«Se estima que la reorganización de los incentivos existentes podría llegar a tener un impacto anual de 500 millones de euros desde 2020, lo que repercutirá positivamente en las cotizaciones sociales y la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social», concluye el Ministerio de Economía, que ha elaborado el Plan de Estabilidad. «Se estima que es una estimación prudente de los ahorros potenciales», añade el informe

En la actualidad, existe una amplia gama de bonificaciones en las cuotas sociales. Entre ellas, destacan los incentivos a la contratación para menores de 30 años, para los mayores de 45 años, para mujeres infrarrepresentadas en determinadas profesiones u oficios, para la transformación en contratos temporales en indefinidos o para la contratación de personas con discapacidad. Sin embargo, una de las ayudas públicas más populares es la tarifa plana para los trabajadores autónomos, que consiste en una cuota reducida de solo 50 euros durante los 12 primeros meses de actividad. Esta bonificación está vigente desde 2017, cuando el anterior Ejecutivo del PP la pactó con Ciudadanos para sacar adelante los Presupuestos de ese año.

Segunda fase del análisis de la Airef

Todos estos incentivos terminan socavando los ingresos de la Seguridad Social, la administración con más problemas para sanear sus finanzas. Y por eso, el Ejecutivo quiere ordenarlos.

Esta iniciativa surge tras los encargos de este Gobierno y el anterior a la Airef para que revise el gasto público. Este organismo realizó la primera fase del encargo el año pasado y remitió a Hacienda sus conclusiones: sobre las subvenciones, medicamentos dispensados a través de receta médica, políticas activas de empleo, becas de educación universitaria, programas para el fortalecimiento de la competitividad empresarial y el gasto de Correos.

La Airef trabaja ahora en la segunda fase de evaluación del gasto público, que incluye un estudio sobre la eficacia de los beneficios fiscales, un examen al gasto hospitalario y un análisis de las inversiones en infraestructuras de transporte. En esta segunda fase se encuadra el estudio de los incentivos de la Seguridad Social.

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