El Ministerio de Seguridad Social tiene previsto remitir a los agentes sociales una nueva propuesta para regular y mejorar la gestión de los procesos de incapacidad temporal (IT)
Tras más de dos meses de parón, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, capitaneado en la actualidad por la ministra Elma Saiz, ha reactivado la mesa de diálogo con los sindicatos. El encuentro ha servido para desbloquear temas críticos que afectan a miles de trabajadores, desde la gestión de la incapacidad temporal hasta el acceso a la jubilación anticipada.
En este sentido, los sindicatos han solicitado que el Gobierno garantice el apoyo parlamentario necesario para que estas medidas, una vez redactadas, se convaliden rápidamente en el Congreso. Esto incluiría también mejoras para sectores específicos, como el personal de vuelo, que reclama coeficientes reductores en su edad de jubilación.
Pero, ¿por qué esto es relevante ahora? Este movimiento supone el fin de un «congelamiento» de negociaciones que ha durado semanas. La resolución de la cuantía de las pensiones de jubilación anticipada voluntaria (manteniendo el periodo transitorio de la reforma de 2021) es la señal definitiva de que la Seguridad Social busca cerrar este paquete de reformas antes de que termine el semestre.
Una nueva gestión para las bajas médicas
El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha comprometido a enviar a UGT y CCOO una propuesta renovada para regular los procesos de Incapacidad Temporal (IT). El objetivo principal es agilizar los trámites y optimizar los recursos.
Entre las medidas que se barajan destaca la creación de un Equipo de Valoración de Incapacidad (EVI) centralizado, que busca reordenar los recursos técnicos y humanos de la Inspección Médica para evitar cuellos de botella en la gestión de las bajas. La saturación de la Inspección Médica en determinadas comunidades autónomas genera un «efecto embudo» o, dicho de otra forma, los trabajadores que podrían recibir el alta o pasar a una incapacidad permanente permanecen meses en un «limbo» administrativo debido a la demora en las revisiones.
Igualar los tiempos de respuesta para la Incapacidad Temporal
Con la centralización del EVI, el Ministerio pretende homogeneizar los tiempos de respuesta y redistribuir la carga de trabajo de forma telemática y eficiente a nivel nacional. La urgencia de esta reforma no es solo organizativa, sino eminentemente económica. El gasto en prestaciones por incapacidad temporal se ha convertido en una de las mayores tensiones para las arcas públicas, alcanzando cifras récord que rozan los 18.400 millones de euros al año.
Según el último informe de la patronal catalana Pimec, España ha pasado de 3,5 millones de bajas anuales en 2013 a 8,5 millones en 2024. Este aumento del 144,8% ha llevado a los empresarios a solicitar medidas urgentes ante un coste que cifran en el 10,2% del PIB, sumando el impacto directo y el de oportunidad.
Luz verde a la jubilación parcial para los funcionarios
Uno de los grandes avances ha sido el desbloqueo de la jubilación parcial para el personal laboral de las administraciones públicas (funcionarios y personal estatuario). Entre las medidas, destacan:
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El acuerdo: Se garantiza que el trabajador que entre como relevista tenga un contrato fijo a jornada completa.
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La urgencia: Los sindicatos exigen que este cambio se apruebe mediante un Real Decreto-Ley «sin más demora» para dar seguridad jurídica a los empleados públicos.
Mejoras en la pensión de viudedad para parejas de hecho
La mesa de negociación estudia la posibilidad de incorporar en determinadas situaciones para acceder a la prestación de viudedad en caso de parejas de hecho a personas que no pueden acreditar el requisito de formalización administrativa de la constitución de pareja de hecho, pero que cuentan con hijos comunes con las personas causantes de la pensión de viudedad o con periodos de convivencia pública y notoria que sí puede acreditarse.
Hasta ahora, la Seguridad Social ha sido mucho más estricta con las parejas de hecho que con los matrimonios. Para cobrar la pensión de viudedad, no basta con convivir; se exige una inscripción en el registro oficialcon al menos dos años de antelación al fallecimiento.
De ahí la barrera del registro. Muchas parejas conviven durante décadas, tienen hijos y propiedades en común, pero por desconocimiento o negligencia no se inscriben en el registro de su comunidad o ayuntamiento. Al fallecer uno de ellos, el superviviente queda desprotegido económicamente.
A este respecto, el Tribunal Supremo ha sido muy rígido en esto: «sin registro, no hay pensión». Esto ha generado situaciones de desamparo para familias con hijos que, ante la ley, operan como una unidad económica pero no como una pareja formal.
El papel de las Mutuas: el gran punto de fricción
No todo son acuerdos. Existe una tensión evidente respecto al papel de las Mutuas colaboradoras. Mientras que el Gobierno de España busca darles más competencias en procesos musculoesqueléticos, CCOO se opone frontalmente a que estas entidades tengan capacidad para proponer incapacidades permanentes en contingencias comunes.
Cabe recordar que una de las propuestas de la patronal es que los facultativos de las mutuas puedan otorgar el alta médica en contingencias comunes, una competencia actualmente exclusiva de la sanidad pública. El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha defendido la necesidad de actuar: «Tenemos un problema grave y no podemos esconderlo, hay que poner soluciones».
Los puntos clave:
- Reforma de las bajas médicas (IT): El Gobierno enviará una nueva propuesta para agilizar los procesos.
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Flexibilización en viudedad: Se estudia permitir el acceso a la pensión de viudedad a parejas de hecho no registradas administrativamente, siempre que tengan hijos en común o puedan demostrar una convivencia pública y notoria.
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Jubilación en el sector público: Se busca reformar el Estatuto Básico del Empleado Público para garantizar la jubilación parcial definitiva tanto de funcionarios como de personal estatutario.
