EL TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO ACORRALA A ESCRIVÁ Y TUMBA SU REFORMA DE LAS PENSIONES

Los auditores europeos alertan de que el sistema de pensiones español elevará el gasto y exigirá recortes o subidas de impuestos en el futuro.

 

El Tribunal de Cuentas de la UE ha llamado la atención a España sobre la pendiente reforma del sistema de pensiones y alerta de que «podría elevar el gasto en pensiones a medio y largo plazo» y que «el impacto fiscal global del aumento del gasto en pensiones podría tener que atenuarse aún más mediante ajustes fiscales proporcionales en el futuro».

 

El Tribunal de Cuentas Europeo pone en su punto de mira al sistema de pensiones español. En el primero de la serie de controles que estos auditores llevarán a cabo para vigilar si la Comisión Europea está evaluando correctamente las medidas del famoso Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (que los gobiernos prometieron a Bruselas a cambio del dinero europeo), la parte que le toca al ministro José Luis Escrivá no sale muy bien parada.

 

Los auditores han incluido a las medidas del ministro socialista en materia de pensiones dentro de la lista de “Lagunas” encontradas en los planes de los diferentes países analizados. La principal crítica que le hace el Tribunal de Cuentas al sistema de pensiones es tan demoledora como evidente: elevará el gasto y exigirá recortes o subidas de impuestos en el futuro.

 

“La reforma del sistema de pensiones podría elevar el gasto en pensiones a medio y largo plazo. El impacto fiscal global del aumento del gasto en pensiones podría tener que atenuarse aún más mediante ajustes fiscales proporcionales en el futuro” reza el texto.

 

Como se ve en el cuadro, la falta de medidas para abordar las interconexiones eléctricas, las políticas de investigación e innovación y la atención primaria son otras de las deficiencias de España que destacan los auditores y que ponen en riesgo el dinero europeo. El pasado mes de julio, España recibió los 12.000 millones del segundo tramo del fondo de rescate y que se suman a los los 9.036 millones de euros de prefinanciación de mediados de agosto del pasado año y a los 10.000 millones de euros del primer desembolso recibidos en 2021 ¿Peligra el resto?

 

¿Hasta dónde recortará Escrivá?

Desde que se desatara la pandemia, los planes de Escrivá en materia de pensiones han sido objeto de polémica, porque mientras el ministro incluía en sus compromisos con Bruselas recortes a las pensiones por la puerta de atrás, a su vez, aplicaba medidas tan electoralistas como la revalorización de las pensiones con el IPC.

 

Hay que recordar que, a principios de 2021, se filtró un documento que supuestamente estaba preparando el Ejecutivo socialista para subir a 35 años el plazo de cotización para calcular la pensión. Su filtración enfadó sobremanera al ministro de Seguridad Social, que negó la mayor. Escrivá tendrá que dar más detalles este mes con la presentación de su reforma.

Elevar a 35 años la fórmula supondría un duro recorte a los jubilados españoles porque en los primeros años de la carrera profesional lo normal es ganar menos salario, por lo que esto sólo sería una medida para bajar la media de las pensiones.

 

Bien es cierto que en el Plan enviado a Bruselas, Escrivá no habla de ninguna cifra concreta sobre los años de cotización, pero sí deja caer la posibilidad de una ampliación en esta frase: “adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación”. Además, en el documento enviado a Bruselas promete otros recortes como “el acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la edad legal a través de incentivos a la demora de la jubilación y ajustando los elementos distorsionantes en la regulación de las jubilaciones anticipadas”. Es decir, penalizar la jubilación anticipada.

 

Sin embargo, al Tribunal de Cuentas Europeo estas medidas no le parecen suficientes para garantizar la sostenibilidad del sistema. El pasado mes de agosto, el gasto en pensiones contributivas alcanzó la cifra récord de 10.857 millones de euros.

 

Von der Leyen y Sánchez pactan en privado ajustes suaves en la reforma de las pensiones

La Comisión Europea y el Gobierno de Pedro Sánchez mostrarán sintonía en la semana en que los hombres de negro analizan la segunda parte de la reforma de las pensiones. Bruselas ha aceptado retrasar el examen de la parte más polémica, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), al verano de 2023 y seguirá avalando reformas e inversiones, pero en privado pide ajustes suaves que vayan encauzando la sostenibilidad del sistema. Por su parte, el Ejecutivo español se plantea tramitar cambios en el MEI este otoño.

 

Hubo momentos de tensión a principios de año en los que el vicepresidente de la Comisión, el conservador y ortodoxo con el gasto Valdis Dombrovskis, clamaba en privado contra la reforma española, y el comisario de Economía, el socialdemócrata Paolo Gentiloni, ha hecho declaraciones poniendo el foco en la necesidad de que la reforma sea sostenible pero comprando la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez: retrasar el examen de la parte más polémica a junio de 2023, ya a las puertas del final de la legislatura.

 

Mientras tanto, España ya ha pedido y ha recibido el visto bueno de la Comisión para otorgarle los fondos ligados a los dos primeros tramos de reformas e inversiones del Plan, con un primer y un segundo pago de 10.000 y 12.000 millones de euros, respectivamente.

 

El segundo pago del Plan de Recuperación, precisamente, se avaló en junio tras analizar la Comisión las reformas realizadas hasta 31 de diciembre de 2021, todas menos la que el Gobierno anticipó: la clave de bóveda de la reforma, el mecanismo que debe velar por que sea sostenible, que llama Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y que todos los organismos y expertos consideran que es insuficiente, incluida la propia Comisión, como ha planteado en sus informes estacionales y Gentiloni en sus declaraciones. No es sostenible en sí mismo, lo que agrava la espiral inflacionaria. La Comisión no entra en cómo debe ser el sistema de cada país, pero sí en que debe ser sostenible.

 

Sin embargo, el propio Gentiloni ha declarado que acepta evaluar el MEI el año que viene, dejando el escrutinio para la fecha en que estaba prevista la reforma. A pesar de este planteamiento connivente con Sánchez, la Comisión sigue preocupada con la revalorización de las pensiones y ha acordado en privado con el Gobierno español ajustes suaves, según trasladan fuentes conocedoras de las negociaciones y está dejando entrever el Ministerio de Inclusión.

 

Fuentes de Seguridad Social admiten que la Comisión no ha visto con buenos ojos que el MEI sea semiautomático y que quiere que sea automático. Es decir, que asegure de manera más clara y definitiva la sostenibilidad.

 

El MEI consiste en una subida de las cotizaciones sociales de 0,6 puntos desde enero de 2023 hasta 2030, que será una cotización adicional finalista para alimentar al fondo de reserva. En un principio, desde el Gobierno se planteó que el alza iba a recaudar cerca de 50.000 millones de euros, cuantía que luego Escrivá redujo a 42.000 millones en noviembre, cuando la cerró. Pues bien, Pedro Sánchez rebajó a finales de enero el montante a 30.000 millones en un acto con pensionistas. Expertos consultados por este periódico dudan que reúna siquiera 20.000 millones. Poco más que el gasto extra en 2023 por indexar al IPC en 2022.

 

A partir de 2031, habrá una revisión cada tres años para verificar si este aumento de las contribuciones es suficiente para cubrir el gasto adicional previsto. Si no lo fuera, se establece que el Gobierno de entonces dispondrá de activos del fondo de pensiones hasta un máximo del 0,2% anual.

 

Si con todo la desviación no fuera cubierta, se prevé que el Ejecutivo de 2034 adopte medidas para paliar el gasto, enmarcadas en el Pacto de Toledo y negociadas con los agentes sociales, hasta un límite del 0,4% del PIB. Si esto todavía no fuera suficiente, se plantea añadir un incremento adicional de la cotización, también con límite en el 0,4% del PIB.

 

Éste es el semiautomatismo al que se refiere Escrivá y que la Comisión rechaza: una catarata de posibles reformas condicionadas para futuros Gobiernos que ya se prevé que puedan ser necesarias. En cambio, Bruselas quiere que el MEI sea automático, es decir, que garantice de entrada la sostenibilidad.

 

Fuentes de Inclusión quitan hierro a la discrepancia, que ven “técnica”, y apuntan a incluir algún cambio en el proyecto de ley que tramitará las nuevas reformas de las pensiones que ha empezado a negociar la semana pasada con los agentes sociales para ampliar el cómputo del cálculo y las bases de cotización.

 

Se trata una vez más de dos reformas complicadas, para el Gobierno sobre todo la primera, que los sindicatos y sus socios rechazan, y que negocia juntas para intentar compensarlas. Y a todo este panorama se suma que la Comisión ya ve con dudas la reforma para que los autónomos coticen según sus ingresos reales que toca ahora estudiar, que se ha quedado muy lejos de los objetivos iniciales de recaudación del sistema.

 

Escrivá carga contra el BdE y expertos

En este escenario, Escrivá ha cargado contra el Banco de España y Fedea, que han cuestionado su reforma de las pensiones. “Son documentos de trabajo de los autores y no se pueden atribuir al Banco de España. Tenemos que dejar de atribuir al Banco de España informes que son sólo de sus autores y no de las instituciones”, ha dicho, preguntado por el informe que el supervisor publicó el pasado miércoles que detalla el ajuste en la pensión media y por lo tanto ahorro al sistema de la reforma que el Gobierno negocia ahora y que ya ha desechado hacer en profundidad: aumentar el periodo de cómputo.

 

El ministro ha criticado de nuevo al supervisor, al que tachó de “poco sofisticado” en mayo, aunque ahora con el argumento de que los informes no se le pueden atribuir. Esta nueva línea de crítica del ministro se ha extendido también al autor de un informe de Fedea. El ministro ha clamado contra el “desprecio de algunos académicos hacia lo consensos de los agentes sociales”, en los que detecta una “especie de soberbia” que le parece “sorprendente”.

 

Las críticas José Luis Escrivá al mundo académico empiezan a ser recurrentes. Ayer, reconoció no haber leido el informe del Banco de España sobre posibles cambios en el cálculo de las pensiones pero sugirió que los datos usados no eran “tan finos” como los de la Seguridad Social. También arremetió contra el investigador de Fedea, Miguel Ángel García, por su último informe crítico sobre la reforma de la cotización de los autónomos, reprochándole que no hiciera ninguna reforma en los “siete” años que fue Director de Ordenación de la Seguridad Social con el PP. Pero García solo ocupó este cargo un año y medio. Finalmente, también consideró que los economistas de BBVA Research cometen errores en su modelo para desestacionalizar los datos, porque incluyen en las series los años 2020 y 2021, explicó.

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