Pero el verdadero impacto se observa en el lado del gasto. Cada profesional que construye su propia previsión social fuera del sistema público reduce, de facto, la presión futura sobre las pensiones contributivas y, sobre todo, sobre las no contributivas y complementos a mínimos. En la práctica, esto significa que el Estado deja de asumir un compromiso futuro que, de estar ese trabajador dentro del sistema, representaría un gasto muy superior a la recaudación adicional que se obtendría hoy obligándole a cotizar. Organismos como la AIReF llevan años advirtiendo de este desequilibrio estructural: más pensionistas, menos cotizantes y carreras laborales cada vez más discontinuas.
Si se proyecta esta lógica a medio y largo plazo, el efecto agregado no es menor. Aunque no existan cifras oficiales cerradas, las estimaciones razonables apuntan a que el coste fiscal evitado por cada profesional que no accede al sistema público de pensiones puede situarse en decenas de miles de euros a lo largo de su jubilación. Multiplicado por colectivos enteros, el ahorro potencial para las cuentas públicas es significativo, especialmente en un escenario de deuda elevada y reglas fiscales europeas que volverán a endurecerse.
Quienes reclaman la desaparición de las mutualidades suelen apelar a la solidaridad del sistema de reparto. Pero la solidaridad no se define solo por la vía de los ingresos: también se expresa a través del gasto que un ciudadano no genera. Un sistema público tensionado no gana solidez obligando a entrar a quienes ya tienen cubierto su riesgo, sino reduciendo el número de obligaciones futuras sin respaldo financiero suficiente.
Tampoco resulta convincente el argumento del supuesto privilegio. Las mutualidades no garantizan rentabilidades, no ofrecen pensiones mínimas aseguradas ni trasladan riesgos al Estado. Al contrario: trasladan el riesgo al individuo y al colectivo profesional, liberando al sector público de esa carga. En un contexto en el que la OCDE insiste en la necesidad de diversificar las fuentes de ingresos en la jubilación, penalizar modelos alternativos parece ir en dirección contraria a las recomendaciones internacionales.
Conviene subrayar que este debate no debería plantearse como un enfrentamiento entre mutualidades y RETA. El sistema público de autónomos cumple una función esencial y seguirá haciéndolo. La cuestión es si tiene sentido eliminar vías complementarias y alternativas que, lejos de debilitarlo, contribuyen a su sostenibilidad indirecta. La coexistencia de sistemas no es una anomalía, sino una estrategia racional en economías avanzadas con problemas demográficos similares a los de España.
La discusión sobre 2027, por tanto, no debería resolverse desde la simplificación política ni desde el corto plazo recaudatorio. Obligar a integrar en el sistema público a colectivos que hoy no generan una carga futura para el Estado puede producir un alivio inmediato en ingresos por cotizaciones, pero a costa de un aumento mucho mayor del gasto comprometido en el futuro. Y ese es, precisamente, el tipo de decisiones que ha llevado al sistema de pensiones a su situación actual.
Mantener las mutualidades de previsión social alternativas no es una concesión corporativa ni una excepción injustificada. Es una decisión que, desde un punto de vista fiscal, reduce más gasto futuro del que reduce ingresos presentes. En un país donde cada reforma del sistema se presenta como inevitable, ignorar el impacto presupuestario positivo de estos modelos sería una oportunidad perdida y un error difícil de justificar en términos de sostenibilidad.
