Para lograr el equilibrio financiero del sistema público de pensiones es necesario alcanzar los 2,5 cotizantes activos por cada pensionista. Al finalizar el mes de mayo, nuestro país tenía 1,95 cotizantes por pensionista. Las predicciones vaticinan que España tendrá 1,5 cotizantes para 2050, de hecho, una gran parte de las provincias se encuentra ya en dicha situación.
Hasta 13 provincias españolas tienen a día de hoy 1,5 cotizantes o menos por cada prestación. No es que estos territorios estén en el futuro, es que su mercado laboral es decreciente y el número de pensionistas o pasivos no deja de crecer. Junto a Orense (0,95 cotizantes por pensionista), como valores más negativos se encuentran Zamora (1,19), Lugo (1,04), León (1,12), Salamanca (1,47), Ávila (1,3), La Coruña (1,44), Palencia (1,47), Pontevedra (1,45) y Asturias (1,2).
Barcelona, Zaragoza, Gerona, Alicante, Málaga, Toledo, las dos provincias canarias, Sevilla, Guadalajara y Álava se encuentran en torno a los dos cotizantes por pensionista. La cifra de 2,5 cotizantes por prestación únicamente lo alcanzan Madrid (2,75); Almería (2,75); Huelva (2,59); Murcia (2,47) y las ciudades autonómicas Ceuta (2,49) y Melilla (2,96).
Se trata de un problema que no es nuevo, como tampoco es nueva la falta de voluntad política para resolverlo. La última prueba hasta el momento es la propuesta de reforma de la Seguridad Social enviada por el Gobierno a Bruselas, que se limita a proponer simples ajustes técnicos que cambian partidas de gastos de lugar y proporciona como mucho una pequeña bocanada de aire, pero que no afronta el problema de insuficiencia financiera que arrastra la caja de la protección social española.
Para poner remedio a esa bomba de relojería que está presente ya en parte del país, es necesario actuar en cuatro frentes y hacerlo de forma inequívoca y decidida.
El primero pasa por la reforma del propio sistema con medidas, como la recuperación del factor de sostenibilidad, O COMO QUIERA DENOMINARSE, que TENGA PRESENTE las cuestiones demográficas y de reparto intergeneracional de los gastos del sistema y que sea realmente eficaz para sanearlo financieramente.
El segundo exige una política de empleo ágil, que permita aumentar la fuerza laboral española en los próximos años y haga frente de forma inmediata al desequilibrio actual entre cotizantes y pensionistas,
El tercero pasa por un apoyo sensato, racional y exento de prejuicios ideológicos al aumento de la natalidad, que permita plantar cara al envejecimiento de la población y sentar las bases del futuro.
El cuarto es la lucha contra el fraude en las cotizaciones que produce la economía sumergida muy a menudo alimentada por una inmigración que ante su situación irregular administrativamente desemboca en actividades económicas que abusan sin consideración alguna de esa situación de debilidad de esa mano de obra.
Teniendo en cuenta los datos que ofrecen el padrón del INE, el Registro Central de Extranjeros, la Encuesta de Población Activa (EPA) y Sanidad, a través de las tarjetas sanitarias, en España estarían sin los papeles en regla un mínimo de 390.000 personas y un máximo de 470.000. Muchos de ellos llevan muchos años en nuestro país y entraron, mayoritariamente poco después de la regularización masiva del Gobierno Zapatero hace ya 17 años, que sacó de la irregularidad a 1,2 millones de inmigrantes.
Un buena parte de estos extranjeros en situación irregular corresponde a los solicitantes de asilo a los que se les ha denegado la solicitud. Desde 2007 han pedido refugio en nuestro país 350.000 personas, pero solo 133.000 tienen la residencia en regla. Los solicitantes de protección internacional pueden trabajar durante los seis meses posteriores a su petición, pero esa situación decae si su demanda es rechazada, algo que pasa de manera muy frecuente y les deja en situación irregular. Para conseguir de nuevo establecerse legalmente en España pueden elegir la vía de arraigo social, que implicaba haber permanecido en nuestro país tres años y haber trabajado al menos un año, o la del arraigo laboral.
La fórmula que se aplicaba para el arraigo laboral hasta el momento frenaba las legalizaciones ya que era necesario presentar una resolución judicial o administrativa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, lo que conllevaba una denuncia previa contra el empleador y, en el caso de estar trabajando, el despido. Sin embargo, ahora será suficiente acreditar dos años en España, seis meses de empleo en los últimos dos años y no tener antecedentes penales pues el Tribunal Supremo ha abierto una nueva vía que facilita la regularización demostrando arraigo laboral -seis meses de trabajo en los últimos dos años- mediante cualquier medio de prueba válido en derecho, como por ejemplo la vida laboral.
Hay un mínimo de 300.000 extranjeros -regulares e irregulares- trabajando en la economía sumergida. Las migraciones hacia las economías desarrolladas ofrecen un refuerzo para los Estados de bienestar en sociedades envejecidas. La irregularidad de los inmigrantes supone para las arcas públicas españolas un coste anual medio de 2.000 € por inmigrante, pero con los papeles en regla su aportación fiscal superaría los 3.250 euros. La regularización que realizó hace 17 años el Gobierno Zapatero aumentó los ingresos anuales de la Seguridad Social en 2.300 millones, o lo que es lo mismo, 3.882 euros por persona y por año.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya ha hecho pública una Instrucción sobre el procedimiento relativo a las autorizaciones de residencia temporal por razones de arraigo laboral en un intento de aflorar economía sumergida, acelerar la recuperación con la entrada de nuevos trabajadores y dar más margen para garantizar las pensiones a través de las cotizaciones de estos empleados.
ENLACE A LA INSTRUCCIÓN SEM 1/2021 SOBRE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LAS AUTORIZACIONES DE RESIDENCIA TEMPORAL POR RAZONES DE ARRAIGO LABORAL
El ministerio de Escrivá trabaja también para cambiar el reglamento de la Ley de Extranjería para facilitar los trámites a 15.000 menores extranjeros no acompañados y jóvenes ex tutelados que llegaron a España de manera irregular y suprimir los obstáculos que impiden obtener la documentación para cuando lleguen a la mayoría de edad no queden en situación de irregularidad.
