Solo hay dos fórmulas para conseguir que las pensiones sean sostenibles: elevar la recaudación o recortar las prestaciones. La Comisión Europea exige a España que elija alguno de los dos caminos, o una mezcla de ambos, ya que con unos ingresos públicos del 39% del PIB y unos gastos del 42% España no podrá asumir cinco puntos más de gasto en pensiones. Es sencillamente insostenible. Bruselas lleva años pidiendo a España que corrija este desequilibrio y ahora su resolución está vinculada al reparto de los fondos europeos, por lo que la urgencia se ha multiplicado.
El Gobierno lleva meses negociando, de forma interna, la reforma a presentar a Bruselas, pero los dos socios de coalición no han conseguido concretar una postura común. Y los ministros no han dudado en airear las discrepancias. El ala socialista propone moderar el gasto en pensiones por la vía de ajustar la contributividad, que en “roman paladin” significa ampliar los años para el cálculo de la pensión, de modo que se utilicen los primeros años de la trayectoria profesional de los trabajadores, que es cuando tienen peores salarios. De esta forma, las futuras pensiones serían más bajas y así se contendría el incremento del gasto.
Para Podemos la vía de contener el gasto en pensiones es intolerable y su propuesta pasa, en un ejemplo de originalidad, por elevar la presión fiscal sobre las rentas altas. La vía elegida por la formación sería el destope de las cotizaciones sociales. Actualmente, cuando un trabajador tiene un salario superior a 4.070 euros brutos al mes (es decir unos 49.000 € brutos anuales), cualquier euro que supere esa cuantía está exento de cotización social, tanto en la cuota de la empresa como del trabajador. Eso sí, como los trabajadores no cotizan por esa parte del salario tampoco se contabiliza para percibir la pensión futura.
El dato de 4.070 euros brutos al mes en 12 pagas puede ser confuso para muchos trabajadores que lo que conocen bien es su salario neto al final de mes. Pues, en términos netos, un destope de las cotizaciones supondría elevar la presión fiscal para salarios netos a partir de los 2.400 euros al mes. Esta cifra es orientativa, ya que las retenciones del IRPF varían en función de las circunstancias de cada contribuyente y de la comunidad en la que viva.
En total, esta medidaafectaría a 1,2 millones de trabajadores (el 7% de los asalariados) y el impacto sería progresivo, ya que los que están más cerca de ese umbral de los 49.000 euros brutos al año apenas verían incrementada su presión fiscal, y esta sería creciente a medida que aumenta el salario. Por cada euro extra sujeto a cotización el trabajador sufriría una retención en su nómina del 6% por toda la tipología de cotizaciones, y la empresa del 30%.
El destope total de las cotizaciones sociales permitiría elevar la recaudación en unos 7.000 millones de euros, una cuantía muy relevante si se la compara con que el traspaso de gastos impropios de la Seguridad Social a los presupuestos del Estado, se situará en el entorno de los 10.000 millones.
Paradójicamente, una cuantía elevada de estos 7.000 millones de euros saldría directamente de las arcas de la Agencia Tributaria por varias razones. El primero es que en el sector público hay un porcentaje alto de trabajadores que superan la base máxima de cotización, por ejemplo entre los sanitarios y dado que la mayor parte de la cotización social recae sobre el empleador, serían las administraciones públicas quienes soportarían este gasto. Además, el aumento del pago de cotizaciones es un gasto deducible en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades, de modo que una parte del dinero saldría directamente de Hacienda y de las CCAA.
En cuanto al tejido productivo privado, la medida afectaría gravemente a sectores servicios muy regulados, que tienen los salarios más elevados: la banca, energéticas, empresas de suministro de agua o de telecomunicaciones,…. Pero también estarían afectadas otras empresas de servicios de alto valor añadido: consultoras, empresas de información y comunicaciones, …. Se trataría de un importante encarecimiento de los costes laborales en sectores por los que España quiere apostar en las próximas décadas para salir del modelo actual de servicios de bajo valor añadido (hostelería y comercio).
