¿Por qué no sube el IPREM?
El incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) no tiene un efecto importante en las cuentas públicas o, de tenerlo éste puede ser hasta positivo, debido a que se incrementan las cotizaciones a la Seguridad Social y también se pueden elevar potencialmente los ingresos por IRPF e IVA. Pero el impacto del aumento del IPREM para el Estado es negativo en términos económicos, ya que la mayoría de las ayudas públicas no son gravables y, además, sus beneficiarios, en la mayor parte de los casos, están exentos de declarar. Los costes de la subida son altos y de ahí la tendencia a la congelación.
¿Quién debe subirlo?
El acuerdo de Gobierno entre el PSOE y UP recoge el compromiso de subir el IPREM y el de establecer un mecanismo de actualización periódico, para que no vuelva a suceder que se quede congelado. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que la propuesta de su incremento tendrá que ir a los Presupuestos Generales del Estado, por lo que hasta que no se aprueben, no podrá subir. Pero el Ministerio de Trabajo aclara que no va a ser él el encargado de llevar esta cuestión a las cuentas públicas y desliza que será cosa de Economía y Hacienda.
Pero los sindicatos parecen querer que esta cuestión se aborde en el seno del diálogo social y estiman que hay tiempo suficiente para llegar a un acuerdo antes de que se diseñen y aprueben los Presupuestos, aunque el diálogo social aún no esté convocado.
Ni Comisiones Obreras ni UGT tienen una demanda concreta respecto al nivel en el que tendría que colocarse el IPREM, pero sí señalan que tendría que «aproximarse» al salario mínimo interprofesional.
¿Qué dicen los expertos?
Luis Sanzo, responsable del área estadística del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, expone que hay un valor que tiene carácter de referencia que es el que fija el Comité Europeo de Derechos Sociales como umbral por debajo del cual no deberían situarse las prestaciones de la Seguridad Social o las rentas mínimas para personas solas. Así lo recoge la Carta Social Europea donde se establece en el 50% del ingreso mediano equivalente del país. De acuerdo con la última Encuesta de Condiciones de Vida, correspondiente al año 2018, para una persona sola, este umbral se situaría en 2018 en los 7.392 €/año, 616 € en doce pagas mensuales.
También apunta que como el ingreso mediano varía cada año, también lo haría el IPREM ligado a este indicador, subiría o bajaría en la misma medida que lo hiciera la renta mediana de la población. También admite que quizás sería más sencillo para la revalorización anual aplicar el IPC. Por ello sugiere que una «vía razonable» sería combinar los dos sistemas: uno estructural, para fijar a largo plazo el marco de referencia, y otro coyuntural, para recoger las variaciones anuales de precio, conel IPC.
Por su parte José Antonio Noguera, profesor titular de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona, expone que su opción sería suprimir el IPREM y utilizar como referencia el umbral de la pobreza, que es la variable adecuada para proteger a la población más vulnerable. En términos económicos, se dice que alguien está bajo el umbral de la pobreza si tiene unos ingresos inferiores al 60% de la renta mediana de la población, con lo cual esta cifra sería de 8.871 €/año y de 739,25 € en 12 pagas mensuales. Además, sería un indicador que variaría año a año, automáticamente, puesto que se mide todos los ejercicios. El umbral de la pobreza aumenta y disminuye cada ejercicio en la medida en que lo haga la mediana de los ingresos del conjunto de la población.
Las propuestas de Sanzo y de Noguera podrían implicar, en la práctica, acabar con el IPREM, para utilizar otros indicadores que ya existen y que se pueden calcular o se calculan todos los años. O, simplemente, podría establecerse una equivalencia entre el IPREM y el 50% o el 60% de la renta mediana de la población del año que corresponda.
Fuente: Las Provincias
