Los sindicatos exponen que “esta devaluación del IPREM supone un doble problema. En primer lugar, porque limita y restringe el acceso de un cada vez mayor número de beneficiarios a las ayudas y prestaciones vinculadas a este índice. Y, segundo, repercute negativamente en la cuantía de las ayudas y prestaciones, devaluando las rentas reales de las personas en situación más vulnerable”.
