La Eurocámara respalda que el país donde se cotiza asuma el paro de los trabajadores transfronterizos.
El Parlamento Europeo ha aprobado este martes una reforma de las normas de Seguridad Social de la Unión Europea que cambia quién debe pagar el paro a los trabajadores que viven en un país y trabajan en otro. Además, Bruselas ha anunciado que endurecerá los controles sobre las empresas que desplazan empleados entre Estados.
La reforma todavía necesita el visto bueno definitivo de los países de la UE para entrar en vigor. Afecta principalmente a los llamados trabajadores transfronterizos, es decir, a los que cruzan la frontera cada día o cada semana para ir a trabajar.
Hasta ahora, cuando uno de estos empleados se quedaba en paro, lo habitual era que la prestación la pagara el país donde vivía, aunque hubiera cotizado durante años en otro Estado. Después, los países implicados podían llegar a acuerdos para compensarse entre ellos por ese gasto. Con las nuevas normas, si el trabajador ha cotizado al menos 22 semanas en el país donde desempeñaba su empleo, será ese país el que se haga cargo del desempleo.
Bruselas considera que este sistema es más justo porque el coste de la prestación recaerá sobre el Estado que ha recibido las cotizaciones del trabajador.
Otra de las novedades es que quienes cobren el paro podrán mantener esa prestación durante seis meses, en lugar de tres, mientras buscan empleo en otro país de la Unión Europea. En algunos casos, incluso podrán seguir percibiéndola hasta agotar todo el periodo reconocido.
Más vigilancia sobre las empresas
La reforma también refuerza los controles sobre las empresas que envían temporalmente a sus trabajadores a otro país de la UE. A partir de ahora, la mayoría de estos desplazamientos deberán comunicarse previamente a las autoridades, con algunas excepciones para viajes de negocios o desplazamientos muy cortos.
Además, Bruselas quiere poner más difícil el uso de las llamadas ‘empresas buzón’: sociedades registradas en un país solo sobre el papel para aprovechar unas cotizaciones o unas normas más favorables, aunque su actividad real se desarrolle en otro Estado.
Para evitarlo, las autoridades no solo tendrán en cuenta dónde está registrada una empresa, sino también dónde toma realmente sus decisiones, dónde desarrolla su negocio o dónde trabaja la mayor parte de su plantilla.
La reforma también fomentará el intercambio de información entre los distintos países para detectar errores, incumplimientos y posibles fraudes.
El texto salió adelante con una amplia mayoría de la Eurocámara: 511 votos a favor, 87 en contra y 61 abstenciones. Ahora solo queda que los Estados miembros den su aprobación definitiva para que las nuevas normas entren en vigor.
