Un tercio de los acuerdos firmados en 2021 tiene cláusulas de jubilación forzosa y solo el 2% prevé estimular la jubilación después de la edad legal.
El gasto en jubilaciones creció un 52% en diez años a la espera del ‘baby boom’ y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, trabaja para elevar la edad media de jubilación, lo que contribuirá a reducir de manera importante el gasto en pensiones y permitirá, además, que los trabajadores coticen durante más tiempo, lo que supondrá mayores ingresos, indispensables ante el aluvión de retiros de la generación del ‘baby boom’.
Para ello, ya están en marcha penalizaciones al retiro anticipado e incentivos para retrasar la jubilación además de fórmulas para restringir las jubilaciones forzosas hasta que no se cumplan los 68 años. Sin embargo, esta intención choca de plano con lo negociado durante el año pasado entre empresarios y sindicatos, que acordaron masivamente cláusulas de jubilación que van en sentido contrario a las pretensiones del ministro.
La estadística de convenios que elabora el Ministerio de Trabajo y Economía Social muestra que hasta la mitad de los acuerdos firmados durante el pasado año contemplan medidas relativas a jubilaciones, que afectan a 2,1 millones de trabajadores.
JUBILACION FORZOSA Predominan las cláusulas que regulan la jubilación forzosa, un ‘enemigo’ para la reforma de pensiones de Escrivá, que ha incluido en la primera fase de la reforma de las pensiones algunas medidas sobre la retiro obligatorio destinadas a evitar su uso abusivo. Desde el 1 de enero de 2022 está prohibida su inclusión en los nuevos convenios, sin embargo se permite seguir aplicándola durante años en las empresas con convenios firmados antes de esa fecha.
Así, según los datos de Trabajo, 1,2 millones de empleados deberán jubilarse de forma obligatoria en 2022 si tienen ya su edad legal ordinaria de jubilación (65 años con 37,5 años cotizados o 66 años y 2 meses si no se tienen esos años cotizados).
JUBILACIÓN ANTICIPADA INCENTIVADA. Junto a esto, 438.000 se beneficiarán de incentivos para retirarse antes de cumplir su edad legal ordinaria de jubilación, una medida que sobre todo las grandes empresas contemplan con el objetivo de rejuvenecer sus plantillas y evitar las bajas más frecuentes de los trabajadores a punto de retirarse.
En 2020, de los 524 convenios aprobados, muchos vigentes, casi el 20% contemplaban estímulos a la retirada por debajo de la edad legal.
JUBILACIÓN DEMORADA Y PARCIAL. Mientras, solo 140.000 trabajadores tienen estímulos en sus convenios para jubilarse más allá de la edad legal y hasta 975.000 disfrutan de cláusula de jubilación parcial
PLANES DE PENSIONES DE EMPLEO. Otro de los objetivos de Escrivá, que es generalizar los fondos de pensiones en las empresas, también se ve frustrado en la negociación colectiva. Apenas 69 de los firmados el año pasado (menos del 8%) prevén planes de pensiones u otras prestaciones relacionadas con la jubilación.
SUBIDA SALARIAL Los salarios pactados en convenio subieron de media un 2,26% hasta febrero, dos décimas más que en enero y casi ocho décimas por encima del promedio de 2021 (1,47%), pero lejos del IPC, cuyo dato definitivo para el segundo mes del año ha sido del 7,6%, la tasa más alta en casi 36 años. Los salarios suben especialmente en la construcción, sector que recoge alzas cercanas al 5%. Mientras, la jornada laboral se sitúa 1.751 horas anuales, aunque hay 1,8 millones de empleados que trabajan menos de 38,5 horas semanales.
CLAUSULA DE GARANTÍA SALARIAL. Ya en 2022, año en el que en febrero había 1.694 convenios vigentes, se puede comprobar en la estadística facilitada por Trabajo que apenas 277 de estos acuerdos -el 16,3% del total- cuentan con una cláusula de garantía salarial para evitar pérdidas de poder adquisitivo y de ellos, 210 contemplan que ésta se aplique con efectos retroactivos.
Los convenios que recogen cláusula de revisión afectan a algo más de 1,2 millones de trabajadores de casi 4,4 millones, el equivalente al 28,7% del total. Así, el grueso de los trabajadores -siete de cada diez- carecen de cláusulas de salvaguarda en sus convenios colectivos.
