Tras 13 años de vigencia de la Ley de la Dependencia, nos encontramos con “17 leyes de dependencia”, ya que cada comunidad autónoma ha desarrollado normativa distinta para su aplicación, con precios diferentes y servicios gestionados bajo distintas fórmulas, que generan problemas de atención a la situación de dependencia de las ciudadanas y ciudadanos de este país.
Ante la falta de un servicio público que sea suficiente para gestionar las prestaciones que dicha ley otorga como derecho subjetivo, es el sector privado quien realiza la mayoría de los servicios (centros residenciales, centros de día y noche, servicio de ayuda a domicilio, etc..).
Las empresas al no obtener los ingresos esperados por la falta de financiación, obtienen sus beneficios descolgándose de los convenios que regulan el sector, lo que se traduce en detrimento de las condiciones de trabajo de los/as profesionales.
El sector que está totalmente feminizado, ya que en torno al 90% de las personas que en él trabajan son mujeres, está generando un empleo totalmente precarizado con jornadas parciales y partidas, además de enfermedades músculo-esqueléticas y del sistema nervioso por el estrés que generan estas condiciones de trabajo.
Esta situación se ve agravada por la negativa de los empresarios a negociar un convenio digno, que aumente los bajos salarios del sector como mínimo al cumplimiento del AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva), que mandata que en 2020 ningún trabajador/a de este país cobre un salario por debajo de los 1000 euros mensuales. Cuando aquí nos encontramos con salarios de 4€ la hora de trabajo y haciendo 20 o 40 horas al mes.
Toda esta situación se traduce en un sector con condiciones de trabajo nefastas para las trabajadoras y trabajadores y una asistencia de mala calidad, que redunda en las mujeres, ya que trabajadores (60.000 aproximadamente) y usuarios (200.677 hasta septiembre de 2019) son mayoritariamente mujeres.
La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía, como representante mayoritario en nuestra comunidad autónoma de las/os trabajadoras/es del Sector, convoca las movilizaciones del 30 de Octubre al 7 de Noviembre de 2019 para exigir unas condiciones laborales dignas que garanticen una atención de calidad.
Fuente: UGT Dependencia
