Revisión del Estudio de la AIReF sobre pensiones 2026
La AIReF ha presentado el pasado 29 de mayo un Estudio sobre la Regla de Gasto de las Pensiones, en el que concluye que, si bien se cumple la Regla formalmente, según su previsión de ingresos gastos y deuda pública, no se garantiza la sostenibilidad de las cuentas públicas ni el cumplimiento del marco fiscal europeo.
Para llegar a estas conclusiones el informe de la AIReF se basa en dos elementos altamente cuestionables:
En primer lugar, unas previsiones extremadamente negativas de crecimiento del PIB y del empleo, en contradicción con los datos más recientes y con las medias de estos valores para periodos suficientemente largos de los últimos años. Estas previsiones agravan considerablemente los supuestos desequilibrios que pronostica en el periodo analizado.
En segundo lugar, mezcla previsiones de aquellos gastos que se financian con impuestos, es decir, con ingresos no finalistas, como sanidad, educación o servicios sociales y los de las pensiones contributivas que han de financiarse con las cotizaciones sociales, que tienen un carácter finalista, pues su destino exclusivo es justamente el pago de las pensiones.
Crecimiento del PIB y evolución demográfica
El crecimiento real del PIB, como media de los últimos 40 años (1985-2025) ha sido, según la Contabilidad Nacional, del 2,3%, promediando épocas de crecimiento, con las graves crisis económicas de 2008, del COVID o la derivada de la guerra de Ucrania.
Igualmente, la población en los últimos 25 años se ha incrementado en 9MM (de 40,6 a 49,6MM), aproximadamente igual a la población de 2025 nacida en el extranjero.
Sin embargo, AIReF prevé para este periodo un crecimiento medio del PIB del 1,5% basándose, esencialmente, en un mínimo crecimiento de la población, justificado en las bajas tasas de fecundidad de los últimos años y volúmenes de inmigración decrecientes, mientras los mayores de 74 años tendrían una mayor longevidad.
Estas previsiones en línea con las de Eurostat, vienen infravalorando gravísimamente la evolución poblacional y el flujo migratorio desde hace bastantes años y, como consecuencia, de la población ocupada y del crecimiento de la economía española, lo que, a su vez, sustenta la previsión de un lento crecimiento de los ingresos tributarios y las cotizaciones sociales y un presunto déficit no sostenible por las pensiones contributivas y el resto de las prestaciones sociales.
Estas conclusiones abren la puerta a recortes sociales para evitar este supuesto problema. Recortes que muy probablemente desencadenarían, además de graves problemas sociales, el deterioro del crecimiento económico que ya previamente se había pronosticado.
Efectivamente, el Informe de Envejecimiento (Eurostat) de 2018 preveía un crecimiento medio del PIB 2021-2025 del 1,1%, una inmigración anual media de 68.700 personas y una población final en 2025 de 46,8MM, llegando a 49,3MM en 2050.
Los datos reales de ese primer periodo son: crecimiento del PIB 4,4%, inmigración 525.800 y población final en 2025 de 49,6MM.
A pesar de semejantes diferencias entre previsión y realidad, incluso para periodos no muy lejanos, en el Informe de este organismo de 2024, aun recogiendo datos reales de 2022 y 2023, en su previsión seguía manteniendo una población de 50,4MM para 2050, con una inmigración media anual en 2023-2050 de 220.000 personas.
Ante tales diferencias, continuar con unas previsiones demográficas tan bajas por parte de Eurostat parece poco sustentable y se constituye en una referencia claramente cuestionable.
Este escenario demográfico seguramente es razonable en lo que se refiere al crecimiento vegetativo, pues la población actual, de acuerdo con los índices de natalidad y de mortalidad, de los que se tienen datos históricos sobre su evolución por estratos de población, permiten de manera razonada establecer predicciones, sobre la evolución de la población hoy existente, para periodos futuros.
Sin embargo, este resultado también está condicionado por una variable, la inmigración, cuyo comportamiento no está vinculado a los índices demográficos, sino a la evolución de la economía, como se ve en los periodos 2000-2008 (fuerte crecimiento migratorio) 2009-2015 (saldo negativo) y 20016-2025/26 (saldo medio anual superior a las 400.000 personas y 600.000 al final del periodo).
Es decir, no es la evolución demográfica la que ha condicionado el desarrollo de la economía, sino que en función del ritmo de crecimiento se generan las corrientes migratorias que explican el crecimiento poblacional, a pesar de la baja tasa de natalidad.
Argumentar que, junto a un bajo índice de natalidad, también va a producirse una disminución notable de la inmigración, dando como resultado un limitado crecimiento del PIB y un incremento del déficit, calificado de insostenible, al incrementarse el peso de las pensiones y el resto de las prestaciones sociales sobre un menor PIB, parece completamente injustificado.
Aun no disponiendo nadie de certezas en el largo plazo, parece más razonable estimar para el periodo 2025-2050 el crecimiento poblacional y de los ocupados en base al crecimiento económico esperado, que es su motor, y no al revés.
Para un largo periodo de 25 años, lo más prudente, a falta de certezas, es prever una evolución en línea con las regularidades históricas de largo plazo: un crecimiento económico del 2% ligeramente inferior al promedio de los últimos 40 años que incluyó años de expansión y de crisis. Esta proyección, junto con la productividad prevista por AIReF, llevaría la población a algo más de 58MM de habitantes y los ocupados en torno a 29 MM (frente a 52,7MM de población y 24MM de ocupados (38MMx0,63) estimados de su Estudio).
Estas previsiones demográficas conllevan resultados drásticamente diferentes a los de su Estudio, en el crecimiento del PIB, en la proporción que suponen los gastos analizados y en el supuesto déficit que se generaría.
Solo la modificación de estos parámetros, asumiendo el crecimiento de la pensión media y del número total de pensiones (incremento del número de pensionistas y de la longevidad) previsto por la AIReF, sitúa el gasto de las pensiones contributivas (sin complemento de mínimos y suponiendo estable su peso relativo en el periodo) en 2050 al 11,5% del PIB, con equilibrio económico a pesar del incremento del número de pensiones, frente al 14,3% y un déficit 3% del PIB, indicado en su Estudio. (Cuadro 1)
En definitiva, solo estimando algo tan prudente como que el ritmo de crecimiento medio de los próximos 25 años sea incluso algo más bajo que le que hemos tenido en los últimos 40 años (con expansiones y crisis) el panorama dibujado para 2050 pasa, de ser un desequilibrio inasumible, a una situación equilibrada para todas las prestaciones contributivas, con las medidas ya implementadas.
Esta senda de crecimiento, que implica una población ocupada de 29MM, por inmigración y mayor tasa de actividad, mejora ligeramente la tasa de dependencia, al crecer algo más los ocupados: 6,4MM que las pensiones: 5,9MM. Efectivamente, los ocupados pasan de 22,6MM en 2025 a 29,0 en 2050 y las pensiones de 10,4MM en 2025 a 16,3 en 2050 según la AIReF, que ya incluye la previsión de incremento de la esperanza de vida.
Así, el mantenimiento no fundamentado de una previsión de inmigración menor de la que necesitará
nuestra economía, además de injustificada y contraria a la evidencia de los últimos 25 años, como se ha indicado, solo lleva hoy a propuestas profundamente antisociales. Esencialmente, el recorte de las pensiones para los actuales pensionistas y para los que lo serán en el futuro, así como de otras prestaciones sociales, pilares del estado de bienestar, que, además ponen en riesgo el propio objetivo de crecimiento.
Pensiones contributivas y otras prestaciones sociales
Es necesario distinguir los distintos componentes de las prestaciones de la Seguridad Social y del resto de los servicios públicos analizados, que la AIReF trata de forma conjunta, bajo la denominación de “empleos no financieros modelizados” y que dictamina que aumentan del 44,5% al 51,6% del PIB de 2025 a 2050, condicionado por los supuestos demográficos y macroeconómicos utilizados, según lo ya indicado en el apartado anterior.
Independientemente del volumen y su peso conjunto en el PIB de estas prestaciones, es esencial diferenciar las pensiones contributivas de la Seguridad Social del resto, es decir, las demás prestaciones públicas y la parte no contributiva de las pensiones.
Las pensiones contributivas se pagan con las cotizaciones de los trabajadores activos, pero esto no significa que sean una prestación unilateral y asistencial del Estado desvinculada de las cotizaciones, sino un derecho fundado en la duración y la cuantía de las cotizaciones pagadas durante la vida activa de los pensionistas. Las cotizaciones no son un ingreso tributario de libre disposición por el Estado, sino que solo pueden destinarse al pago de las prestaciones contributivas.
Además, la configuración del sistema, garantizada por el Estado, tiende a que el valor actuarial del conjunto de las cotizaciones efectuadas sea igual al de las pensiones que recibirán los pensionistas o sus beneficiarios (viudas/viudos o familiares) según la esperanza de vida estimada.
La garantía estatal también implica la cobertura de los desfases que se producen anualmente entre las cotizaciones y los pagos de las pensiones, por los cambios demográficos y/o por los ciclos económicos, por lo que el pago de las pensiones aprobadas está en todo momento garantizado por el Tesoro Público.
Esta circunstancia aconseja constituir o contabilizar un Fondo de Reserva que permita visualizar este equilibrio a largo plazo del sistema desde su inicio (1).
El Cuadro 2 muestra los datos, según las liquidaciones de la Seguridad Social, del sistema de prestaciones contributivas en el periodo 1977-2025.
Entre 1977 y 2012 se generaron cuantiosos superávits y, aunque por el impacto de las crisis ha estado generando déficits en los años siguientes, si bien llegando prácticamente al equilibrio en 2025, considerando el periodo completo1977-2025, arroja un superávit acumulado de 365.845MM en euros constantes 2025. Capitalizado, aun con criterios muy conservadores, alcanza entre 700.000 y 800.000 millones de euros.
Téngase en cuenta que la plena separación de fuentes y el abono a la Seguridad Social de sus Gastos Impropios, recogidos en las recomendaciones del Pacto de Toledo, solo se está completando en 2025, por lo que el superávit es realmente superior.
Esta situación, es fruto de la entrada de cotizantes de las generaciones más numerosas sin todavía gran presión de jubilaciones y tras las crisis, empieza a sufrir nuevas tensiones por la jubilación de las generaciones del Baby Boom que impulsaron los superávits.
Esta circunstancia temporal y el incremento de la esperanza de vida, está en la base de las medidas de incremento de los ingresos incluidos en las reformas de 2022 y 2023, para fortalecer, aún más, el equilibrio del sistema.
Esto, sin perjuicio, de que deba tenerse en cuenta también los superávits acumulados hasta 2025, igualmente afectos a satisfacer las pensiones contributivas, con independencia de no haberse documentado explícitamente estas aportaciones a las cuentas públicas.
En conclusión, no hay suficiente evidencia, sino todo lo contrario, de que las pensiones contributivas y el resto de las prestaciones públicas afectadas por la longevidad, ya tenida en cuenta en el Estudio de la AIReF, vayan a tener un peso insostenible en el PIB y el déficit público en 2050 y esto sin tener en cuenta posibles reformas fiscales para incrementar los ingresos.
Más bien el riesgo está en los efectos muy negativos, sociales y económicos, que provocarían los recortes que implícitamente se sugieren.
Es más, en el caso de las pensiones contributivas, impedir cualquier recorte es, además de por pura justicia social, porque es un derecho avalado por sus propias cotizaciones.
