Europa envejece, vive más años y trabaja con carreras profesionales cada vez más fragmentadas. En este contexto, hablar de pensiones ya no significa hablar solo de la pensión pública. Significa preguntarse cómo combinar reparto, capitalización, ahorro colectivo, incentivos fiscales, negociación colectiva y transparencia para que las personas puedan mantener un nivel de vida digno al jubilarse. Esa fue, precisamente, una de las grandes lecciones del 2º Seminario Europeo sobre Previsión Social Complementaria, organizado por el Aula UB VidaCaixa de Previsión Social y el Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria, en el que expertos de distintos países analizaron los sistemas de pensiones de Andorra, Grecia, Países Bajos, Hungría, Chipre e Italia.
La comparación muestra que no existe un único modelo europeo de pensiones. Hay países con sistemas públicos muy dominantes, otros con potentes planes de empleo, algunos con experiencias fallidas de capitalización obligatoria y otros que han introducido mecanismos automáticos para ajustar la edad de jubilación o el cálculo de la prestación de jubilación a la evolución demográfica. Pero sí aparece una conclusión común: la pensión pública seguirá siendo la pieza central del sistema dado su carácter protector y redistributivo, aunque difícilmente podrá sostener por sí sola todas las expectativas de renta en la vejez.
El mapa europeo permite observar una realidad mucho más compleja que la simple oposición entre pensión pública y ahorro privado. Andorra y Grecia muestran, cada una a su manera, las limitaciones de los modelos en los que el primer pilar concentra casi toda la protección. En el caso andorrano, la presión procede de una combinación conocida por muchos países europeos: elevada esperanza de vida, baja natalidad y fuerte dependencia de la inmigración para sostener la población activa. En el caso griego, el desafío se expresa con un gasto público en pensiones muy elevado que convive con un desarrollo todavía reducido de los pilares complementarios.
En el extremo opuesto se sitúan los Países Bajos, considerados habitualmente una de las grandes referencias internacionales. Su modelo integra una pensión pública básica con un segundo pilar ocupacional muy extendido, ligado a los convenios colectivos y a una larga tradición de ahorro institucional. La experiencia neerlandesa muestra que la previsión social complementaria funciona mejor cuando no depende solo de decisiones individuales aisladas, sino de estructuras colectivas capaces de generar amplia cobertura, costes reducidos y gobernanza estable. Ahora bien, incluso este modelo, admirado durante años por sus elevadas tasas de reemplazo y por el volumen de ahorro acumulado, se ve obligado a adaptarse a un mercado laboral más heterogéneo, con un número creciente de trabajadores fuera de convenios colectivos y con una transición progresiva desde planes de prestación definida hacia planes de aportación definida.
Otros casos europeos sirven como advertencia frente a soluciones aparentemente simples. Hungría introdujo a finales de los años noventa un pilar privado obligatorio de capitalización, pero lo desmanteló poco más de una década después. Su experiencia recuerda que la capitalización no es una solución automática: requiere confianza institucional, bajos costes, buena gobernanza y estabilidad regulatoria. Sin estas condiciones, el ahorro previsional puede convertirse en una fuente de incertidumbre en lugar de actuar como complemento fiable de la pensión pública.
Chipre e Italia, por su parte, ofrecen ejemplos de adaptación gradual de sistemas con un fuerte componente público. Chipre utiliza un sistema por puntos, con la posibilidad de anticipar o demorar la jubilación aplicando penalizaciones o bonificaciones con criterios actuariales. Italia, más cercana al debate español por el peso de su pilar público y la presión demográfica, ha avanzado tras sucesivas reformas hacia un modelo de cuentas nocionales, en el que las cotizaciones generan un capital teórico que se convierte en pensión mediante coeficientes calculados sobre la base de supuestos técnicos de supervivencia e indexación.
Este diagnóstico comparado coincide con las recientes recomendaciones de la Comisión Europea, que ha situado la previsión social complementaria en un lugar destacado de su agenda. En noviembre de 2025, Bruselas presentó un paquete de medidas para reforzar las pensiones complementarias, insistiendo en que deben complementar, no sustituir, las pensiones públicas. La orientación europea es prudente pero clara: la sostenibilidad futura no puede descansar únicamente en recortes de prestaciones o aumentos de la edad de jubilación, sino que exige ampliar las fuentes de renta en la vejez y mejorar la capacidad de planificación de los ciudadanos.
La recomendación europea se articula en tres ideas concretas: crear herramientas digitales de seguimiento de pensiones que permitan a cada persona consultar los derechos acumulados en los distintos pilares (pensiones públicas, de empleo e individuales); desarrollar cuadros de indicadores que permitan comparar cobertura, suficiencia y evolución de los sistemas; y promover la afiliación automática a planes de pensiones de empleo, manteniendo siempre la libertad del trabajador para darse de baja del plan si así lo desea. La lógica es sencilla: si los ciudadanos no saben qué pensión pueden esperar, difícilmente podrán planificar; y si la inscripción en planes complementarios depende exclusivamente de una decisión activa individual, muchos trabajadores, en especial aquellos con menor educación financiera, pueden quedar al margen de estos instrumentos.
reforzar la previsión social complementaria no debe plantearse como una sustitución de la pensión pública
De todas estas experiencias podemos extraer algunas lecciones. La primera es que reforzar la previsión social complementaria no debe plantearse como una sustitución de la pensión pública. La pensión pública debe seguir siendo la columna vertebral del sistema. Sin embargo, en una sociedad más longeva y con carreras laborales más irregulares, puede resultar razonable complementarla con instrumentos colectivos, transparentes y de bajo coste. La cuestión no es desplazar el sistema público, sino reducir la vulnerabilidad de las futuras generaciones ante trayectorias profesionales más discontinuas y ante una presión demográfica creciente.
La segunda lección procede de la experiencia neerlandesa: los planes de empleo funcionan mejor cuando se organizan con alcance sectorial y apoyo de la negociación colectiva. España ha empezado a avanzar en esa dirección con los fondos de pensiones de empleo de promoción pública y los planes de pensiones de empleo simplificados, pero su implantación sigue siendo limitada. El reto es que estos instrumentos lleguen no solo a las grandes empresas, sino también a pymes, autónomos y trabajadores de sectores con menor tradición de ahorro previsional. Sin esa extensión, la previsión social complementaria corre el riesgo de beneficiar sobre todo a quienes ya tienen empleos más estables y mejores salarios.
La tercera lección es la utilidad de la afiliación automática. España podría explorar este mecanismo de forma gradual, empezando por determinados convenios sectoriales. No se trataría de imponer el ahorro obligatorio, sino de cambiar la regla por defecto: estar dentro salvo decisión expresa de salir. La experiencia comparada demuestra que las inercias importan mucho. Cuando la participación exige una decisión activa, muchos trabajadores no se incorporan, no necesariamente por rechazo, sino por desconocimiento, falta de tiempo o escasa cultura financiera.
Otro aprendizaje decisivo tiene que ver con la transparencia. Un portal integral que reuniera la pensión pública estimada, los derechos acumulados en planes de empleo y el ahorro individual permitiría a los ciudadanos tomar mejores decisiones. Hoy muchas personas desconocen qué pensión pueden esperar y qué margen tienen para complementarla. Esa falta de información no solo dificulta la planificación individual, sino que también debilita el debate público, ya que impide valorar con precisión la suficiencia futura del sistema.
España no necesita copiar mecánicamente ningún modelo europeo. Pero sí debería leer con atención lo que esos modelos muestran: que la negociación colectiva, la afiliación automática con salida voluntaria, los incentivos bien diseñados, la información clara y las reglas estables pueden reforzar la confianza en el sistema sin desplazar el papel central de la pensión pública. La jubilación del futuro exigirá combinar sostenibilidad, suficiencia y confianza. Y en esa tarea, Europa no ofrece un manual cerrado, sino un laboratorio de experiencias que conviene observar antes de que las tensiones demográficas hagan más estrecho el margen de decisión
Fuente: La jubilación que viene: qué podemos aprender de Europa, por Oriol Roch Casellas
