Un 68% de los franceses están en contra de elevar la edad de jubilación hasta los 64 y casi el 80% está en contra el incremento de la edad mínima hasta los 65
La reforma de las pensiones en Francia amenaza con desencadenar una ola de manifestaciones en el país. Es preciso recordar que el 56% de los mayores de 50 están desempleados, son autónomos, cobran el subsidio de solidaridad francés o no tienen ningún ingreso.
Las pensiones públicas tensan también las cuentas públicas de Francia. La tendencia demográfica hacia el envejecimiento no escapa de ninguna economía europea y los franceses destinan actualmente casi el 15% de su PIB en pagar pensiones, una cifra superior a la española.
Hace unos días, el ministro de Hacienda, Gabriel Attal decía que la disyuntiva es “la reforma o la quiebra” del sistema. El Elíseo alerta de que los números rojos de las cuentas públicas se van a hinchar con medio billón de euros más de agujero en la deuda en los próximos 25 años.
La reforma ataca dos frentes: la edad mínima de jubilación y la duración de las cotizaciones exigidas para el acceso a la pensión de jubilación. Si la reforma sale adelante, será necesario tener 43 años completos cotizados y no será posible jubilarse hasta los 64 años.
Cambios planteados
La edad legal de jubilación se trasladará de forma paulatina hasta los 64 años tres meses por año. Serán los nacidos a partir de 1968 los primeros en llegar a esa edad para poder obtener la pensión completa
.
Según la reforma, los nacidos a partir de 1964 serán los que deberán haber cotizado durante 43 años (172 trimestres). Además, la reforma contempla que a partir de los 67 años será posible obtener una retribución integra independientemente de la edad, como ocurre ahora.
Macron plantea extender el compromiso de que los que hayan cubierto el periodo de cotización completa reciban cuando se jubilen al menos el 85% del salario mínimo, es decir, unos 1.200 euros actualmente en 13 mensualidades, no solo para los futuros jubilados, sino también para los actuales.
Crónica de los últimos cambios
Desde la publicación del Libro Blanco en 1991, que ponía en manifiesto las futuras dificultades financieras de los regímenes de pensiones, se han sucedido pequeñas reformas del sistema de pensiones. En 1993, la reforma Balladur ampliaba la cotización a los 40 años. En 1995, el plan Juppé fue el detonante de varias huelgas de funcionarios a lo largo del país. Se cumplen 20 años de la reforma Fillon, que elevaba a 40 años la cotización de los funcionarios y fomentaba la permanencia en el empleo después de los 60 años.
Durante el mandato de Sarkozy se aprobaron dos reformas del sistema de pensiones. La primera de ellas, en 2007, aumentó el periodo de cotización a 40 años para los regímenes especiales. Y la segunda, de 2010, conocida como reforma Woerth, acababa con el principio de jubilación a los 60 años y la elevaba dos años más.
En 2014 la ministra de Asuntos Sociales, Marisol Touraine aprobó la reforma que amplió el periodo de cotización para la jubilación plena. La reforma ampliaba un trimestre cada tres años desde 2020 hasta 2035 para completar 43 años cotizados para las generaciones de 1973 y siguientes
Las piezas angulares de la reforma, que ha quedado descafeinada entre las furibundas protestas de la sociedad civil y finalmente en el proceso de negociación parlamentaria, pasan por el aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años y una ampliación del periodo de cotización necesario para acceder al 100% de la prestación a 43 años.
Aunque el plan era más ambicioso. Entre 2017 y 2019, Macron propuso una reforma del sistema nacional de pensiones que tenía tres puntos capitales: pasar de 62 a 65 años la edad oficial de la jubilación; suprimir una treintena de sistemas de pensiones, muy distintos, entre el sector público y el sector privado, para crear un sistema único; e imponer una cotización de 43 años, para poder recibir la pensión completa.
Ese proyecto fue abandonado, entre 2019 y 2020, víctima de la fronda social y sindical, antes de la propagación mundial de la pandemia del Covid. Aunque una vez reelegido presidente el mes de mayo pasado, Macron ha esperado siete meses para volver a presentar a la Asamblea Nacional (AN) un nuevo proyecto devaluado en todos sus puntos esenciales. Finalmente, tal y como explicó la primera ministra del Ejecutivo galo, Élisabeth Borne, la edad de jubilación pasará de 62 a 63 años, entre el año que viene y el 2027, para pasar a los 64 años el 2030. En su discurso de fin de año, Macron anunció que los franceses debían «trabajar más».
Edad de jubilación
El Gobierno francés ha presentado este martes su reforma de las pensiones que prevé retrasar la edad mínima de jubilación de 62 años hasta los 64 a partir de 2027 para garantizar el equilibrio financiero en el horizonte de 2030, y que corre el riesgo de abrir una temporada de protestas y conflictividad social.
El Ejecutivo se ha decantado por dejar en 64 años la edad mínima de jubilación, y no en 65 como se contempló inicialmente, entre otras cosas porque es una de las condiciones del apoyo del partido conservador Los Republicanos (LR), imprescindible para sacar adelante el proyecto en el Parlamento, donde la coalición que lidera el presidente no tiene mayoría absoluta.
Lo que destaca de esta nueva reforma es la premura con la que entrará en vigor, ya que esperan empezar a contar las nuevas bases de cotización “a partir de septiembre de 2023”, anunció Borne.
Años cotizados
En lo que respecta a los años cotizados, Borne aseguró que “no iremos más lejos de los 43 años” para tener una jubilación completa. Esta medida ya estaba contemplada en la “ley Touraine” de 2014 (última reforma del sistema de pensiones en Francia), dijo Borne, que fija como plazo máximo el año 2035 para ese máximo de años. Asimismo, la representante del Gobierno francés apuntó que esta reforma es “totalmente universal” ya que afectará “a todos los activos, asalariados o independientes, y funcionarios”.
Por tanto, la Seguridad Social de Francia va a pedir a los empleadores “una contribución suplementaria” para seguir manteniendo el sistema de pensiones pero “rechazamos que esto aumente el precio del coste del trabajo”. Por eso, van a equiparar la cotización de los empleadores al régimen de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales “que está en superávit”.
Subida de pensiones mínimas
El plan francés para reformar las pagas de jubilación también incluye una mayor protección a las rentas bajas. El Gobierno de Macron propone subir hasta casi 1.200 euros netos mensuales. Esto es, una mejora de 300 euros mensuales de las pensiones mínimas del sistema. Junto a la edad de jubilación en 64 años en vez de en 65 años, esta medida también cuenta con el beneplácito de Los Republicanos, que apoyarían parlamentariamente la reforma.
El método de revalorización francés, precisamente, es el más parecido al español. Si bien no está ligado puramente al IPC, combina la inflación más una paguilla extraordinaria. Este año, para cubrir la pérdida de poder adquisitivo, subió un 1,1% las pensiones y un 1,7% otras prestaciones de protección social, muy lejos de la mella que ha provocado la escalada de precios en los bolsillos franceses.
Un punto importante de la reforma gala está en la que denominan “carreras largas”, es decir, aquellas personas que han empezado a trabajar a edades tempranas. Con este nuevo régimen se añade un “nivel intermedio”, que corresponde a aquellas personas que hayan empezado su vida laboral entre los 16 y los 18 años. De esta manera, las personas que hayan comenzado su vida laboral antes de los 16 años no tendrán que esperar a los 64 en 2030 para jubilarse, sino que “podrán hacerlo con 58”. Los del nivel intermedio (entre 16 y 18 años) podrán jubilarse a los 60 años y los de hayan empezado a trabajar entre los 18 y los 21 años rematarán su vida laboral a los 62 años.
División social
El jefe de filas del partido de izquierda Francia Insumisa, Jean-Luc Mélechon, calificó este aumento de la edad de jubilación de “grave regresión social” y lo mismo hizo la líder de la ultraderecha francesa Marine Le Pen, que animó a “bloquear la injusta reforma de pensiones”.
Consciente de ese estado de la opinión, y de que será aprovechado por la oposición de izquierdas y de la ultraderecha, el ministro de Hacienda, Gabriel Attal, ha tratado de dramatizar advirtiendo de que la disyuntiva es “la reforma o la quiebra” del sistema.
El presidente francés, Emmanuel Macron, que ha hecho de la rebaja de los impuestos, en particular a las empresas, un axioma de su política desde que llegó al Elíseo en 2017, rechaza lo que proponen algunos sindicatos y partidos de izquierda, aumentar las cotizaciones patronales, porque estima que eso las haría menos competitivas las empresas y sentenciaría a decenas de miles de empleos, además bajar los salarios.
Frente sindical unido contra la reforma
El objetivo es aplicar la reforma de cara a verano. El lunes 23, el Consejo de Ministros dará luz verde al proyecto y se prevé que el 30 de enero se discuta en la Asamblea Nacional y, desde el 6 de febrero, comiencen los debates. Para principios de marzo la reforma podría estar aprobada en el Senado y podría empezar a aplicarse a partir de finales de verano. Pero estos planes del Ejecutivo se enfrentarán a la oposición de la izquierda, los sindicatos y la mayoría de los franceses.
“Sin ninguna sorpresa. Se trata de una regresión brutal. ¡Movilicémonos al lado del frente sindical!”, criticó el secretario general del Partido Socialista, Olivier Faure que anunció para el 19 de enero una primera jornada de protestas y huelgas sectoriales.
Esta oposición se corresponde al hecho de que se trata de la reforma más dura de las pensiones en Francia desde 2010. El conservador Nicolas Sarkozy alargó entonces la edad mínima de los 60 a los 62 años. Macron ya había intentado reformar el sistema de pensiones a finales de 2019. Su primera tentativa chocó con una oleada de protestas —con jornadas de huelgas con más de un millón de personas en la calle— y la pandemia del covid-19. Al final quedó guardada en un cajón. La reforma actual resulta distinta, aunque comparte con la de 2019 un mismo objetivo: limitar o incluso reducir el gasto público en pensiones.
El modelo actual tiene la particularidad de establecer una baja edad legal de jubilación (62 años), pero un largo periodo de cotización (42 o 43 años). Eso establece una diferencia entre aquellos que no hicieron estudios superiores y empezaron a trabajar antes en empleos físicamente exigentes, que pueden jubilarse antes, y los franceses con carreras universitarias que ya suelen jubilarse a los 64 o 65 años, o incluso más tarde. “Con su reforma de las pensiones, el poder se prepara para hacer todo lo contrario” de pedir un mayor esfuerzo fiscal a los más ricos. “Su objetivo es hacer unos ahorros de 20.000 millones de euros (…). El problema es que estos 20.000 millones se harán a partir del sacrificio de los más modestos”, critica el economista Thomas Piketty en un artículo para Le Monde.
El texto también promoverá las prejubilaciones para los que empezaron a trabajar a los 16 o 18 años, además de aquellos que ejercen oficios con condicionantes físicos que afectan a la esperanza de vida, como el trabajo nocturno o la exposición a la contaminación. Además, pedirá a las empresas que informen sobre su porcentaje de empleados mayores, dado el elevado nivel de desempleo en este sector población. Unas concesiones que difícilmente contentarán a los sindicatos. Ya se preparan para dar la primera gran batalla social del segundo mandato de Macron.
España y Francia: Diferencias y semejanzas
Siendo uno de los principales vecinos de España, es precisamente este de los años necesarios para acceder a la totalidad de la prestación uno de los puntos que hace la diferencia con el también tensionado sistema público de pensiones de nuestro país, donde este nivel de pensión se alcanza con 37 años y nueve meses de cotización.
Ahora bien, mientras que el Ejecutivo español está tomando medidas sobre en este último año para revertir la deficitaria situación de las cuentas de la Seguridad Social -que venían acumulando un desequilibrio estructural de 18.000 millones de euros antes de la pandemia y de que se derivasen parte de los gastos al Presupuesto General-, el Gobierno galo pone sobre la mesa medidas en un momento en el que acumula un superávit de 4.000 millones de euros en el sistema en los últimos dos años.
Sin embargo, toma la medida en aras de evitar un escenario deficitario que los servicios de estudio internos ya descuentan para los próximos años. El Consejo de Orientación para el Retiro realizó un estudio reciente advirtiendo al Gobierno de que en la próxima década el sistema necesitará de unos 25.000 millones de euros (entre 2022 y 2032) para sostener el equilibrio presupuestario.
