Pedro Sánchez es un personaje que tiene en las venas a Maquiavelo
y que no tiene escrúpulo ninguno.
Vende a su madre pero entrega la nuestra en vez de la suya,
y además intenta convencernos de que es la suya la que ha entregado.
El martes 21 de noviembre el Tribunal Supremo anuló el ascenso de Dolores Delgado, exministra de Justicia, como fiscal de Sala por «desviación de poder» por parte de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado y pupilo de la exministra de Justicia.
Ni siquiera el Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado en el gobierno de J. L. Rodríguez Zapatero, puede considerarse ya zona de absoluto confort para el presidente, pues el magistrado “progresista” y exministro de Justicia del segundo gobierno de Sánchez, Juan Carlos Campo decidió el jueves 23 de noviembre inhibirse sobre las primeras deliberaciones del TC en torno a la ley de amnistía.
El miércoles 29 de noviembre, el BOE publicó el cese del fiscal, nombramiento que hizo Delgado, de Sala de Menores, Eduardo Esteban Rincón, cuatro meses después de que el Supremo anulara su nombramiento por segunda vez.
El jueves 30 de noviembre el Tribunal Supremo anuló el nombramiento de la exministra socialista Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Gobierno porque Valerio no es, según el alto tribunal, una «jurista de reconocido prestigio».
También el jueves 30 de noviembre el pleno del Consejo General del Poder Judicial consideró al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no idóneo para el cargo por primera vez en la historia de la democracia
CONTINUARÁ….
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ rechazó este jueves por primera vez en democracia avalar la propuesta de nombramiento de un fiscal general realizada por el Gobierno por ocho vocales del sector conservador. El documento, conocido este viernes 01 de diciembre, carga duramente contra el fiscal general y le achaca una “deficiente gestión” de la Fiscalía General del Estado y critica la “falta de transparencia y coherencia” en sus nombramientos pues le atribuye una supuesta “sintonía” con los “promotores” de “campaña de desprestigio” a los miembros de la carrera judicial en relación al ‘lawfare’ o judicialización de la política recogidas en el acuerdo entre el PSOE y Junts. El acuerdo también alude ampliamente a la sentencia del Tribunal Supremo que decretó que existió desviación de poder y que García Ortiz actuó con el objetivo de dar un ascenso a su antecesora, Dolores Delgado. “No parece que quien hace una utilización tan espuria de las importantes potestades que se confieren al Fiscal General del Estado pueda considerarse idóneo para su nombramiento”, dice la resolución. El de los nombramientos ha sido precisamente uno de los caballos de batalla de la conservadora Asociación de Fiscales —mayoritaria en la carrera— que ha denunciado algunos de ellos y que ha criticado que los candidatos que cuentan con su respaldo han sido “de manera sistemática postergados”. El documento se basa en jurisprudencia del Tribunal Supremo para justificar que el cometido del CGPJ no es sólo examinar los citados criterios de legalidad, sino también las “razones… Leer más »