- Sánchez incendia al PSOE con el pacto fiscal
- Hasta seis federaciones del PSOE presionan a Pedro Sánchez para que convoque una reunión sobre el pacto fiscal
- La nueva financiación para Cataluña prevé la creación de hasta 30 nuevos ‘chiringuitos’
- Temor entre las empresas ante la soberanía fiscal de Cataluña: “Puede haber una fuga masiva”
- Más allá de la financiación: los puntos más polémicos del acuerdo PSC-ERC
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no logra apagar el malestar creciente en el PSOE contra el acuerdo suscrito entre el PSC y ERC que concede el concierto económico a Cataluña.
Sánchez incendia al PSOE con el pacto fiscal
El PSOE se está chamuscando por el pacto fiscal suscrito entre Pedro Sánchez y ERC que, entre otras cosas, saca a Cataluña de la caja común, permite una Hacienda catalana que recaudará el cien por cien de los impuestos y no aclara qué parte de ese dinero revertirá luego a la caja común, quebrando el principio de solidaridad entre territorios.
Un histórico socialista dijo una vez que en el PSOE no se puede abrir un debate territorial sin sangre de por medio. Y eso es lo que se ha visto en las últimas horas. Hasta seis direcciones han pedido al todopoderoso secretario general que convoque un cónclave territorial para fijar una postura común sobre financiación autonómica. Nadie en el partido más allá del núcleo duro del líder tiene una copia del acuerdo. Ferraz ha dejado que la iniciativa la llevara ERC y el interlocutor del Gobierno es el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que está ya de vacaciones. Sólo los secretarios generales más cercanos a Sánchez como Diana Morant (Comunidad Valenciana) o Ángel Víctor Torres (Canarias), ambos ministros del Gobierno, o la navarra María Chivite, en defensa de su propio concierto foral, tratan de mostrar cierto entendimiento con el pacto alcanzado.
El grueso del poder territorial en España lo tiene el PP. El golpe que sufrió el PSOE el 28-M del año pasado lo dejó fuera de juego en casi todas las comunidades que gobernaba excepto Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha. La auténtica fortaleza del partido está en Cataluña. El PSC es el granero de votos que sostiene al Gobierno en Moncloa. Sánchez lo sabe y, por eso, está dispuesto a llevar a Illa a la Generalitat pese a que las consecuencias sean una voladura de la legislatura en Madrid que le lleve a la convocatoria adelantada de elecciones generales.
Sánchez ha intentado exhibir el apoyo de la Ejecutiva, convocada de urgencia este martes 30 de julio, para transmitir una imagen de unidad, pero el secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha reclamado públicamente al presidente que convoque el Consejo de Política Federal, donde están representados todos los dirigentes territoriales.
Lo cierto es que «cualquier afiliado del PSOE puede recurrir ante los tribunales el acuerdo con ERC, en un plazo de 40 días desde su adopción». Este acuerdo podría llevarse a los tribunales «por ser contrario a los estatutos del partido y/o al ordenamiento jurídico» y que la ley permite también «pedir la suspensión preventiva del acuerdo en tanto se resuelve sobre su ‘rectificación o anulación’»
Los socialistas en España se empiezan a mentalizar para un hipotético adelanto electoral si llla, finalmente, es investido ‘president’. En cualquier caso, en poco más de un año desde la noche electoral del 23-J, la situación del presidente del Gobierno dista un mundo del fervor y el entusiasmo con el que los socialistas salieron a la calle aquella tórrida noche electoral para festejar que el PP y Vox no sumaron la mayoría absoluta que predijeron casi todas las encuestas. No existen apenas precedentes de un deterioro político tan acelerado del jefe del Ejecutivo.
Hasta seis federaciones del PSOE presionan a Pedro Sánchez para que convoque una reunión sobre el pacto fiscal
Extremadura, Madrid, Castilla y León, Castilla La Mancha, Aragón y Asturias quieren pedir una reunión con el secretario general mientras algunos sectores advierten de que la brecha abierta con Cataluña tendrá consecuencias: «Irá ‘in crescendo’. Pero nada será precipitado»
En Ferraz hay una bomba con un temporizador. Hasta seis federaciones (Extremadura, Madrid, Castilla y León, Castilla La Mancha, Aragón y Asturias) presionan al líder para que convoque una reunión sobre el pacto fiscal. El trato que cerró Pedro Sánchez con ERC a cambio de la investidura en Cataluña del socialista Salvador Illa amaga con reventar la paz en el PSOE. Algunos barones lanzan, en conversación con este diario, un serio aviso a su secretario general: «Si hay rebelión será social… más de militantes y de cuadros», advierte uno de ellos.
Y ya empiezan a surgir las exigencias. La avalancha, adelantada por la Cadena Ser, la ha comenzado el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, quien ha pedido a Sánchez que convoque el Consejo de Política Federal «para dialogar y definir» una postura conjunta sobre financiación autonómica. El dirigente extremeño ha explicado que Ferraz aún no ha remitido a las federaciones territoriales el documento oficial del acuerdo catalán.
En total, hasta ocho dirigentes territoriales han puesto en el grito en el cielo tras conocer los términos del acuerdo difundidos por ERC y aplaudidos por el presidente, quien los ve un paso para federalizar España. Los líderes en Galicia (José Ramón Gómez Besteiro), Extremadura (Miguel Ángel Gallardo) y, como no podía ser de otra manera, en Castilla-La Mancha (Emiliano García-Page) y en Aragón (Javier Lambán) son contrarios a la idea de primar Cataluña por encima del resto.
La misma línea está siguiendo el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato; el de Castilla y León, Luis Tudanca, y el de Murcia, José Vélez. No obstante, los más belicosos son Page y Lambán, enfrentados abiertamente al líder del PSOE. Es más, la tensión entre Page y Sánchez está en máximos. El presidente tiró de ironía este miércoles para atacar al castellanomanchego por su hostilidad. Y Page ya ha gritado alto y claro que «hasta aquí» en busca de un movimiento de contestación interno.
La situación es tal que hasta el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, que es miembro de la Ejecutiva y supuestamente afín a Sánchez, elevó la voz para reclamar que el techo competencial y la capacidad de gestión y financiación de su comunidad sea igual que en Cataluña. «Si este acuerdo posibilita un Ejecutivo con Illa al frente me siento mucho más tranquilo y satisfecho. A partir de ahí, lo que pueda tener de incidencia directa o indirecta en Andalucía o en otros territorios concierne a otros socialistas que no vamos a permanecer callados».
No obstante, desde algunos sectores del socialismo español se advierte de que la brecha abierta en el resto del país por Pedro Sánchez con Cataluña tendrá consecuencias en toda España y en todo el PSOE: «Todo irá ‘in crescendo’. Pero nada será precipitado». No habrá, por tanto, un golpe de barones. Pero sí un gota a gota que terminará abriendo el hueco por el que se colará un fuerte debate interno que las fuentes consultadas ya sitúan después del verano y que amenaza con revolver las aguas en otoño.
En efecto, la confirmación de que habrá una especie de cupo catalán similar al vasco y al navarro ha puesto en alerta roja a casi todas las federaciones socialistas. Todas se verían perjudicadas por este tratamiento «singular». Y cinco de ellas ya han mostrado su malestar públicamente. «Es una vergüenza», explican fuentes de una de ellas. Y es que no dan crédito a este nuevo movimiento de Sánchez de aceptar un concierto que había sido descartado por el Gobierno central. Pero los cambios de opinión son frecuentes en el inquilino de Moncloa, recuerdan sardónicamente en otra baronía socialista.
El presidente es consciente de que los escándalos que le rodean -los casos que afectan a su mujer, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez- están avivando los pocos focos de contestación interna que subsisten en el PSOE. El último congreso federal, el 40, se celebró los días 15, 16 y 17 de octubre de 2021. Y los estatutos dejan claro que el siguiente se puede convocar entre el tercer y cuarto año desde el anterior. Por eso, algunas fuentes sitúan el gran cónclave socialista este otoño.
La nueva financiación para Cataluña prevé la creación de hasta 30 nuevos ‘chiringuitos’
El preacuerdo de investidura sellado entre el PSC y Esquerra contiene la creación de al menos 30 nuevos organismos y oficinas, con su consiguiente coste y dotación de personal. Se trata de 30 nuevos ‘chiringuitos’ que vienen a reproducir lo que, en parte, ya se hace desde las instituciones, y que amplía el número de embajadas, despliega la participación en instituciones internacionales, crea centros de investigación, foros, autoridades, convenciones, consorcios y una nueva Consejería o Departamento consagrado a la política lingüística, sin dejar de crecer los controles sobre la rotulación de los comercios o los centros educativos.
La lista arranca con la Convención Nacional para la Resolución del Conflicto Político Social, cuyo nacimiento está prefijado para el primer pleno del Parlamento, una vez constituido en nuevo gobierno de la Generalitat. Estará integrado por un grupo formado por representantes de las formaciones parlamentarias y, además de abordar la resolución del «conflicto», también hará seguimiento y monitorización de la aplicación de la amnistía. Labores para las que se generará una nueva Oficina para asegurar recursos humanos, materiales y técnicos.
La Agencia Tributaria de Cataluña, con desconexión total de la estatal para la gestión, recaudación, liquidación e inspecciones, es otro de los organismos que aparecen en el boceto de acuerdo entre el PSC y Esquerra. Los nuevos socios prevén que sea el Gobierno de España quien traspase los recursos humanos a esta agencia. (En la actualidad, en Cataluña hay 4.000 funcionarios de la Aeat y 300 inspectores de Hacienda)
Illa y sus nuevos compañeros de Gobierno también han incluido un Departamento de Política Lingüística; es decir, una nueva consejería en el organigrama del Ejecutivo catalán, con un plan transversal que se proyecte sobre el resto de consejerías. Con una dotación presupuestaria anual de 200 millones de euros, el acuerdo aprueba un Pacto Nacional por la Lengua, así como mayor dotación económica para la producción de películas, series, dobladas o con subtítulos, y la entrada en plataformas y mayor difusión en redes sociales. Para garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de derechos lingüísticos, y especialmente en las empresas y el comercio en cuanto a rotulación, etiquetado, atención al público y prestación de servicios, el acuerdo entre Illa y Aragonès admite dotar a los organismos encargados de más personal y recursos para poder hacerlo.
Además, en materia educativa, el acuerdo perseguirá que todos los titulados universitarios catalanes en titulaciones lingüísticas estratégicas (sanidad, derecho, trabajo social, ciencias de la comunicación, etc.) tengan el nivel C1 de catalán, con la competencia lingüística necesaria para atender a los pacientes y usuarios. En consonancia con estos organismos, nace del acuerdo otro Centro de Investigación Aplicada en Política Lingüística y Aprendizaje, al tiempo que se culminará un Cuerpo de Acción Exterior, con el establecimiento de un plan para la implantación de sus funciones y atribuciones en todos los departamentos.
También forma parte del nuevo esqueleto administrativo un nuevo Consorcio para las Inversiones del Estado, planteado para hacer frente al déficit de inversiones en Cataluña y a la mala ejecución de las inversiones previstas. Su objetivo será la gestión y ejecución de las inversiones del Estado en Cataluña, lo que se definirá con un marco de financiación plurianual, fijando la financiación del Consorcio conforme a una tasa equivalente a la relación supuesta entre la inversión pública y el PIB.
Además, el acuerdo de gobierno entre socialistas y la izquierda independentista republicana también quiere reforzar la presencia de la Generalitat de Cataluña en las formaciones de los Consejos de la Unión y sus grupos de trabajo derivados, sin dejar atrás otros nuevos cometidos. La expansión de las embajadas es otro de los cometidos fundamentales que recoge el acuerdo Y se trata de la participación en organismos internacionales como la ONU, Unesco, OMS, Europol, ONU Dones, ONU Hábitat, Opps, FAO, Ocde, Ocha, Pnud o UPM. De igual modo, postula el documento suscrito que un representante de la Generalitat forme parte de la Reunión de Altos Funcionarios de la Unión por el Mediterráneo para participar en las decisiones que afectan a todo el arco euromediterráneo. Entre otros nuevos organismos, además de un Fórum Catalán por la Paz, de una Autoridad Aeroportuaria para Cataluña o de la constitución de una nueva operadora de tren, el consabido acuerdo defiende la creación de una Oficina de la Generalitat para la Promoción de las Selecciones Deportivas Catalanas.
Temor entre las empresas ante la soberanía fiscal de Cataluña: “Puede haber una fuga masiva”
Un nuevo terremoto empresarial se avecina en Cataluña si el preacuerdo entre ERC y el PSC para sacar a Cataluña del régimen común de financiación acaba materializándose. Las empresas temen la inseguridad jurídica que el pacto fiscal puede generar.
La intención es que la Agencia Tributaria catalana asuma progresivamente las funciones de aplicación de todos los tributos generados en Cataluña, es decir, que gestione el 100% del IRPF, así como el IVA y el Impuesto de Sociedades que pagan las empresas. Más allá de la gestión, también contempla el traspaso de la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los impuestos cobrados en la región. La Hacienda catalana tendrá acceso a todos los datos de los contribuyentes, dando carta blanca para inspeccionar y sancionar. A esto se suma el hecho de que el preacuerdo tiene un dudoso soporte constitucional y requeriría una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), lo que añade incertidumbre a las empresas.
Además se suma el riesgo de que se eleve la presión fiscal en la región, que ya cuenta con una tributación elevada. En Cataluña ha permanecido el Impuesto a Patrimonio con tipos elevadísimos y el tipo de gravamen del IRPF está 5 puntos por encima del de Madrid. Este cupo catalán significará que podrá establecer su propia normativa, como el País Vasco, y lo más normal es que los tipos del Impuesto de Sociedades suban, hay que recordar que en 2023 el Estado recaudó 7.304 millones de euros en Cataluña con este impuesto. Además, Cataluña es la región que más impuestos propios tiene, 15 en total, con los que recaudó 863,77 millones en 2021. Madrid, por el contrario, carece de estos gravámenes propios.
Desde finales de 2017, cuando tuvo lugar el referéndum por la independencia de la región, son ya más de 10.000 las empresas que han trasladado su sede social desde Cataluña a otra comunidad autónoma. Los movimientos de sedes fiscales no son públicos, pero lo habitual es que vayan de la mano. En el mismo periodo han aterrizado en la región desde otros puntos de España un total de 4.761. Es decir, la pérdida neta asciende ya a 5.355. La gran ‘fuga’ se produjo en el cuarto trimestre de 2017, cuando 2.536 empresas sacaron de Cataluña su sede social, frente a las 548 que se instalaron.
Más allá de la financiación: los puntos más polémicos del acuerdo PSC-ERC
La financiación singular para Cataluña, que supondría su independencia fiscal; el blindaje de la inmersión lingüística, a pesar de las sentencias judiciales en contra; y el reconocimiento de las selecciones deportivas catalanas, son los aspectos más destacados y polémicos del preacuerdo de investidura entre PSC y ERC.
Aunque sin lugar a dudas, la cuestión que está levantando más ampollas es la relativa a la financiación. Porque en el acuerdo se deja claro que Cataluña saldría del régimen común y que el objetivo es «gestionar, liquidar, recaudar e inspeccionar» todos los impuestos, en su totalidad. Aunque eso sí, «el primer tributo en el que se avanzará será el IRPF», según fija el preacuerdo. Eso será el año que viene.
Se establece que la solidaridad de Cataluña con el resto del Estado quedará «limitada» por el principio de ordinalidad en un próximo modelo de financiación catalana: «Las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, deben mantener el mismo orden que en la escala de lo que reciben».
El texto recoge los principios del nuevo modelo de financiación de la Generalitat basado «en la negociación bilateral con el Estado», y fija que sea el Govern el que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos, y aumentar sustancialmente la capacidad normativa en coordinación con el Estado y la UE.
Para formalizar la nueva financiación, el texto concreta que será necesario formalizar este pacto durante el primer semestre de 2025 en la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat. El documento no usa el término «concierto» para definir el modelo ni detalla qué cuota de solidaridad correspondería a Cataluña.
Con relación al catalán, se pone especial énfasis en la educación y en potenciar el «uso social del catalán» que está en «retroceso». Sobre la primera cuestión, la educación, y más allá de la insistencia en que el catalán, «como lengua propia de Cataluña tiene que ser la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo», deja claro que la presencia de las lenguas oficiales se tiene que basar «exclusivamente en criterios pedagógicos recogidos en los proyectos lingüísticos de cada centro».
Y se lanza una advertencia clara: «La Generalitat, si se pone en riesgo la prevalencia de este criterio pedagógico, promoverá, con el consenso del resto de fuerzas políticas y entidades que defienden el modelo de escuela catalana, las reformas y acciones necesarias para defenderlo y garantizarlo, sin abandonar nunca su objetivo».
El catalán será vehicular en las actividades extraescolares, de deporte de base y también en el tiempo libre, con el despliegue progresivo de los Planes Educativos de Entorno, y para ello, donde sea necesario, se adoptará «la inmersión lingüística». Pero también se impulsará el catalán en el ámbito audiovisual y digital, y para ello, se pretende incrementar las películas en catalán, la exhibición de cine en catalán en las salas o la incorporación del catalán en las plataformas, en las redes sociales y los videojuegos. Y otro de los objetivos es la sanidad. Aquí se propone establecer un «calendario de capacitación del personal» y la «normalización del uso que garantice la atención activa en catalán a los usuarios».
Se mantienen las sanciones a los comercios, puesto que se advierte que se va a garantizar «activamente» que se cumpla la legislación, especialmente «en la empresa y el comercio». Y pone como ejemplo la rotulación, el etiquetado, la atención al público o la oferta de servicios.
El preacuerdo apunta que el Govern «continuará trabajando para el máximo reconocimiento del deporte catalán en todos sus niveles», por lo que promoverá la proyección internacional de las federaciones deportivas catalanas y el reconocimiento de las selecciones catalanas.
Señala también la creación de una Oficina adscrita al Consell Català de l’Esport que promoverá las selecciones catalanas que, según la Ley del Deporte, pueden participar internacionalmente al haber nacido antes que la federación española correspondiente o tener un arraigo social e histórico en Cataluña.
En definitiva la hipotética aplicación del «concierto» no implicaría que los catalanes vayan a pagar menos impuestos. Pagarían los mismos mientras que sus gobernantes dispondrían de más dinero para embajadas, propaganda exclusión de lo español y otras veleidades de sus onanismos independentistas. Y en todo este trapicheo llama la atención el ninguneo de Salvador Illa en las negociaciones que se han llevado a cabo entre la cúpula de ERC y el PSOE en Madrid, lo que apunta a que en Cataluña van a tener también a un presidente marioneta manejado por los hilos de ERC que, será quien de verdad tenga la llave y decida en el Gobierno. Vamos como su jefe en La Moncloa, si es que el «ataque de cuernos» de Junts y Puigdemont les permite no sólo dormir sino seguir en la ficción de presidir sin gobernar.
Las reticencias al cupo catalán van más allá de las críticas contra Sánchez de Emiliano García-Page, el barón más díscolo, o del expresidente de Aragón, Javier Lambán. E incluso de Felipe González que manifestó que el preacuerdo con ERC «no cabe en la Constitución» y es de «imposible cumplimiento».
El «incendio» es generalizado dentro del PSOE aunque algunos líderes regionales socialistas no se han “revelado” contra el acuerdo porque muchos de ellos han sido elegidos por Ferraz: de Diana Morant (Valencia), Francina Armengol (Baleares) o Ángel Víctor Torres (Canarias) , líderes socialistas en sus respectivas comunidades (Valencia, Baleares o Canarias). A los que además Pedro Sánchez ha promocionado como ministros de su Gobierno o como Presidenta del Congreso, y evidentemente dependen de Pedro Sánchez». La navarra María Chivite, tampoco ha alzado la voz pues debe defender su propio concierto foral,
Sin embargo hay quien opina que la propuesta de financiación singular podría acabar perdiendo su singularidad y que otras regiones del Estado español se aprovechen de la “conquista” de ERC. Pedro Sánchez, ya está insistiendo en el hecho que la financiación singular no acabaría siendo singular y acabaría mutando en un café para todos. El acuerdo de la financiación singular, están levantando también el escepticismo de los expertos económicos que cuestionan la utilidad del redactado del acuerdo.