El acuerdo entre PSC y ERC incluye respetar la ordinalidad en la financiación
Si algo ha contribuido a incendiar la ola de calor en España es el preacuerdo alcanzado entre ERC y los socialistas y en concreto el capítulo relativo a la “financiación singular” de Catalunya, que es el nombre con el que ambas partes lo han bautizado. El término “concierto” no aparece por ninguna parte pero no lo tendrá fácil el PSOE para explicarlo y convencer al resto de comunidades autónomas y a sus socios en el Congreso. Lo que tampoco aparece por ninguna parte del texto es una sola cifra.
Sí existen, sin embargo, dos grandes certezas en el texto para llevar a cabo cálculos que permitan una aproximación a algunas preguntas: que el primer impuesto con el que se empezará a aplicar el nuevo modelo de financiación (cuyo despliegue se llevará a cabo de forma gradual durante el próximo lustro) será el IRPF, y que la aportación de Catalunya a la solidaridad tiene que está limitada por “el principio de ordinalidad”, es decir, que una vez repartidos los recursos destinados al reequilibrio territorial, el volumen de recursos per cápita de las comunidades más ricas no puede quedar por debajo del de las más pobres, sino que se mantiene el orden en la tabla.
Si el concierto catalán pretende homologar las competencias de la Generalitat con las de las diputaciones vascas debería permitir que la administración catalana aprobase sus propias leyes sobre figuras como IRPF o Sociedades, pero lo cierto es que del pacto se deduce la incompleta capacidad legislativa en materia tributaria concedida a la Generalitat y tan solo se habla de un “aumento sustancial” del poder normativo y siempre en “coordinación con el Estado y la Unión Europea”. Los tributos mencionados seguirían siendo de titularidad estatal, aunque se transfiriera su recaudación al Govern. En definitiva, el sistema sería participado, pero no soberano pues Cataluña no tendrá capacidad legislativa.
El 5% de los recursos del sistema
Así puede concluirse que la puesta en marcha del modelo de financiación singular de Catalunya supondrá unos ingresos extras para esta comunidad de unos 6.000 millones de euros, como mínimo, dicho de otro modo: es lo que el territorio catalán dejará de aportar al Estado. Esta cantidad representa aproximadamente el 5% de los recursos totales del sistema, que superan los 120.000 millones de euros.
Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, recuerda que Catalunya aporta al sistema alrededor de 27.000 millones de euros, según la liquidación correspondiente a 2021, de los cuales 25.000 son ingresos tributarios y algo más de 2.100 por ser contribuyente neto, al aportar más de lo que recibe, igual que ocurre con Madrid y Baleares. Algo menos de la mitad corresponde al IRPF. La proyección hecha por la Generalitat para los Presupuestos de 2023 establece los ingresos procedentes del IRPF en 13.700 millones, frente a les 11.700 millones de 2021. Estos son los que, con el nuevo sistema, pasaría a recaudar Catalunya de forma directa.
Pero devolverá dos partes al Estado, una por los servicios que este le presta y otra en concepto de solidaridad. Ambas cantidades se tienen que negociar. La primera, a diferencia con el cupo vasco, la aportación de Cataluña de los gastos del Estado se establecerá a través de un porcentaje de participación en los tributos.
La segunda está limitada por la ordinalidad. Aunque se trata de un concepto, no de una cuantía, una aproximación posible es calcular la diferencia de recursos de Cataluña con la comunidad que ocupa el tercer puesto en la tabla en cuanto a recursos totales por habitante (ya que Cataluña es la tercera comunidad con mayor capacidad fiscal), que es Extremadura, según los últimos datos disponibles, correspondientes a 2022, como explica el cuadro que se adjunta al final del artículo.
Así, Cataluña, que recibe 3.264 euros por habitante, debería recibir 4.018 para, como mínimo, igualarse con Extremadura. Esta mejora es de 754 euros por habitante, multiplicada por los 8 millones de habitantes de Catalunya, supone 6.032 millones de euros que es lo que perdería el Estado.
Esta cuantía podría llegar incluso a ser superior si la cuota de solidaridad se calcula teniendo en cuenta la paridad de poder de compra (no cuesta lo mismo vivir en Barcelona que en Badajoz), algo que aparece en esta frase: “Es necesario actualizar la financiación [de Cataluña] atendiendo a sus costes reales y a las nuevas necesidades y funciones que se han generado en su entorno”.
En este caso, la cifra pasaría de los 6.000 millones de euros a los 10.528 millones, cifra resultante de calcular la ordinalidad como la diferencia entre los 3.043 euros por habitante que recibe un ciudadano que reside en Catalunya con los 4.359 euros que percibe un cántabro (según la tabla).
Se establezca un cálculo u otro, la gran pregunta sin responder en estos momentos, pero que deberán explicar el PSOE y el Gobierno lo antes posible, tras la investidura de Illa, es cómo va a neutralizar esta merma; es decir, de dónde sacará el dinero para que nadie pierda.
Fuente: el diario El concierto económico para Catalunya, en cifras: entre 6.000 y 10.500 millones más para la Generalitat (eldiario.es)
