Han obtenido la prestación 635.000 desde enero pero en el último mes solo la cobraba el 13,9%
Las altas se han disparado un 122% respecto a los niveles previos a la pandemia
En los diez primeros meses de 2025, se registraron 634.309 altas de prestación por desempleo de trabajadores fijos discontinuos. Personas que, técnicamente, no se consideran parados, sino que habían pasado a la inactividad a la espera de volver a ser llamados por sus empresas. En el mismo periodo, se anotaron 639.855 altas de personas que habían sido objeto de un despido individual. Ambas cifras se han disparado en relación con las que se registraban antes de la reforma laboral (un 122% los fijos discontinuos y un 50% las víctimas de un cese) y han reducido su brecha a 5.546 casos, apenas un 0,8%.
Sin embargo, las prestaciones contributivas de los fijos discontinuos son mucho más breves. En el mes de octubre solo había 88.025 beneficiarios activos, es decir, cobrando la ayuda. Equivalen a un 13,9% de los que accedieron a ella en todo el año. En el caso de los despedidos, había 332.154, lo que equivale a una ratio del 51,9%. Por su parte, la finalización de un contrato temporal sigue siendo la primera causa de acceso a la prestación, con 1,38 millones de altas, pero solo contaba con 184.402 beneficiarios en el mes de octubre, un 14,1% de los que accedieron a ella.
Los datos tienen un matiz positivo si los analizamos en términos interanuales: las altas de prestación tras un despido individual han descendido un 4,2% desde los 667.716 registrados en 2024, que fue el dato más alto de la serie histórica tras dispararse un 10,2% desde el ejercicio anterior. Por su parte, las altas de los fijos discontinuos han descendido, pero solo un 0,75%, lo que explica que la brecha se haya reducido Eso sí, un análisis de la serie muestra que en 2023 se produjo un fenómeno sorprendente: hubo más altas de fijos discontinuos que de despidos. Aunque 2023 fue un año más positivo para el empleo que 2024, lo que moduló el auge de los ceses que volverían a dispararse un año después.
Una de las acusaciones más habituales a la reforma laboral de 2021 fue que el impulso dado a esta figura contractual indefinida tenía como objeto ‘maquillar el paro’. Al estar ligada a puestos ligados a actividades estacionales y eventuales, se convirtió en el sustituto de los temporales, con un matiz: cuando un contrato temporal finaliza y el trabajador accede a la prestación por desempleo, entra en las cifras de paro registrado. El fijo discontinuo inactivo, no: se clasifica como «demandante con relación laboral» por un motivo muy claro: el contrato no se ha extinguido, se ha suspendido. Aunque durante ese tiempo no cobra salario y es dado de baja a la Seguridad Social.
Menor duración de las prestaciones
Sin embargo, como ocurre con los temporales, su coste en la factura de prestaciones y subsidios es menor que el de las personas que sufren un despido, ya que los fijos discontinuos tienen garantizado el llamamiento y los temporales tienen mayor margen (ya que saben cuándo va a acabar su contrato) para buscar otro empleo. Aunque existe otra razón de mayor peso: acumulan menores periodos de cotización por desempleo que los despedidos. Eso explica que su ratio de cotizantes activos sea tan reducida.
Ambos factores se combinan para que el fuerte repunte de las altas de fijos discontinuos (un 122% desde 2019) y del número de personas que lo cobraban en octubre (un 266%) solo se haya traducido en un incremento de 4,7 puntos porcentuales en la tasa de beneficiarios activos, pasando del 9,2 al 13,9. Un porcentaje que se acerca al de los desempleados con contratos temporales, cuya tasa de beneficiarios activos ha caído del 17,8% de 2019 al 14,1% de 2025.
En este caso, la explicación está en las limitaciones a los contratos temporales de mayor duración, que generaban mayor derecho a cobro. En todo caso, la evolución de las tasas de fijos discontinuos y temporales abunda en la tesis de que ambas figuras son muy similares, al menos en condiciones de estabilidad de los ingresos y periodos de actividad.
Despidos con menos derecho a paro
Por su parte, pese a registrar un número de altas similar a las de los fijos discontinuos, el número de beneficiarios activos de prestación tras un despido individual es muy superior, con 332.145 personas, lo que arroja una tasa del 51,9%. Pero sorprendentemente, se trata de una ratio menor que la que había antes de la pandemia: 56,6%.
Si nos remontamos a 2015, el primer año de la serie histórica, vemos que la tasa era del 69,6%, aunque hay que tener en cuenta que en aquellos años aún se arrastraban las secuelas de la crisis con un efecto claro en el desempleo. En cuatro años retrocedió 13 puntos pese a que las altas aumentaron un 13%.
Esto se explica por el incremento de la contratación y del empleo: hay más trabajadores nuevos, lo que puede explicar un auge moderado y proporcional de los despidos. Al haber acumulado menor cotización por desempleo, sus prestaciones son más breves, si bien como la economía crece también lo hacen sus oportunidades de encontrar empleo.
Esta tendencia se ha disparado con la reforma laboral, que ha coincidido con un momento expansivo del ciclo, pero también con un trasvase de la contratación temporal a la indefinida, lo que intensifica el efecto subida de los despidos que provoca un mayor número de trabajadores.
En paralelo a los despidos individuales, también lo han hecho los cesados por no superar el periodo de prueba, pero su impacto en el desempleo es menor: solo 113.295 y 28.674 beneficiarios activos, lo que arroja una tasa del 25%, la misma que en 2019.
Por otro lado, los afectados por despidos colectivos no han sufrido un incremento: en 2025 han registrado 23.045 altas para cerrar octubre con 19.782 beneficiarios activos, cifras similares a las de antes de la pandemia.
Registran la tasa de beneficiarios activos más alta de todos los colectivos, un 85%, pero esto se debe a las peculiaridades de las condiciones en las que se producen sus despidos: se suelen centrar en los trabajadores de mayor edad (y por ellos más derechos generados), lo que hace que sean más altas. De hecho, en algunos momentos la ratio ha llegado a superar el 100%.
En todo caso, el impacto de la composición de las prestaciones ha provocado un efecto peculiar: pese a que baja el paro, el total de beneficiarios de prestaciones en octubre ha aumentado un 2% respecto a hace un año y el gasto ha aumentado un 5%. El Gobierno sostiene que este incremento del gasto se debe a que en 2023 se elevó del 50% al 60% el porcentaje de la base reguladora sobre el que se calcula la prestación. Pero esto no explica el incremento en el último año, que parece reflejar una tendencia más profunda en la recomposición del mercado laboral desde 2021.
