La indexación a la inflación que decreta la última reforma sube el gasto en 38.700 millones
El Gobierno tendrá que evaluar los efectos de la vinculación a los precios el próximo año
La revalorización de las pensiones respecto al IPC, blindada por ley en la reforma de 2021, suma al gasto en pensiones cerca de 38.700 millones de euros en los últimos cuatro años. Estas prestaciones ya acumulan un incremento total del 21,8% desde el año 2022, según los cálculos que ha realizado el think-tank Funcas para este periódico.
«El aumento del gasto en pensiones viene explicado por tres motivos: el número de pensionistas que entran en el sistema, el incremento de sus nóminas vinculado al IPC medio de cada año y el efecto sustitución (la diferencia entre las nóminas de las nuevas altas del sistema frente a las bajas)», explica la economista senior del centro de estudios vinculado a la asociación bancaria CECA, María Jesús Fernández.
Desde que se aprobó la reforma impulsada por el exministro de Seguridad Social (actual gobernador del Banco de España), las nóminas mensuales que reciben los pensionistas han crecido un 2,5% en 2022; un 8,5% en 2023 (debido al aumento en la inflación registrado un año antes tras el estallido de la invasión de Ucrania); un 3,8% en 2024; un 2,8% en 2025 y crecerán un 2,7% en 2026. El impacto económico estimado de estas subidas es de 4.300 millones; 15.000 millones; 7.500 millones; 5.900 millones y cerca de 6.000 millones respectivamente. Unas cuantías que, sumadas, se situarían aproximadamente en los 38.700 millones de euros como consecuencia de la medida. Un dato que, no obstante, mide el coste de la revalorización solo para el año en el que esta se aplica.
A largo plazo, el blindaje por ley de la subida anual de las pensiones y la eliminación del factor de sostenibilidad suponen un incremento del gasto de 2,7 y 1 punto de PIB en 2050 respectivamente, según detallaba la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en la Opinión sobre la sostenibilidad de las AA. PP. a largo plazo.
Por otro lado, las últimas previsiones de este organismo, recogidas en el Informe sobre los proyectos y las líneas fundamentales de los presupuestos de las AA. PP., apuntan que esta medida es la que más suma al gasto en pensiones. En concreto, en 2025, el desembolso en esta partida crecerá un 6,2% (2,8 puntos porcentuales vinculados a la subida). En 2026 la Autoridad Fiscal prevé un incremento en el gasto en pensiones del 5,1% (2,7 puntos porcentuales por la revalorización).
El aumento de las nóminas vinculado a la inflación, no obstante, tiene un impacto acumulativo. Según los datos publicados en el portal estadístico de la Seguridad Social, la pensión media del sistema (que incluye la prestación por jubilación, incapacidad permanente, viudedad y orfandad) ha pasado de 1.038 euros al mes en 2021 a 1.316 en 2025, un 26,7% más.
Tomando como ejemplo la pensión media de 2021 (antes de que se aplicasen las últimas reformas), la nómina creció hasta los 1.053 euros en 2022; a 1.143 euros en 2023; 1.186 en 2024; 1.219 euros en 2025, y crecería a 1.252 euros en 2026 si el incremento anunciado se aprueba en el Congreso de los Diputados. La nómina media en 2025, no obstante, ha crecido más ya que también se ve impactada por la llegada de nuevos pensionistas al sistema (que, en general, cuentan con nóminas más elevadas e impulsan el promedio).
«Es un gasto exponencial, se multiplica al acumularse sobre la subida anterior», explica el experto de Fedea, Miguel Ángel García. En este sentido, el profesor de economía aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid explica que, al tener en cuenta el valor de todas las obligaciones futuras con las que cuenta la Seguridad Social el impacto de la revalorización es mucho mayor. «Por ejemplo, el aumento del 8,3% del año 2023 supondría un coste estimado de 100.000 millones de euros«, detalla el experto. Una cifra que tiene en cuenta la esperanza media de vida de los pensionistas pasados los 65 años.
Una evaluación cada 5 años
El objetivo de la ley aprobada en 2021 no era controlar el gasto en pensiones, sino garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y reforzar los ingresos del sistema. «La jubilación de la generación del baby boom (…) exige una respuesta ambiciosa y responsable que, consciente de la magnitud del reto, no ponga en riesgo la extraordinaria contribución al bienestar colectivo y a la lucha contra la pobreza» justifica el preámbulo de la norma.
La ley aprobada en 2021 establece que las pensiones se revalorizarán a comienzo de cada año de acuerdo con la inflación. Sin embargo, esta norma también obliga al Ejecutivo a realizar cada cinco años y en el marco del diálogo social –es decir, con a través de la negociación con sindicatos y patronal– una evaluación de la revalorización.
En caso de que se observase alguna desviación, dicha evaluación incorporará una propuesta de actuación para preservar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Además, en caso de contener una propuesta de actuación, esta tendrá que ser trasladada a la Comisión parlamentaria de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo.
Por otro lado, además de la obligación de evaluar establecida en la ley, la última recomendación del Pacto de Toledo incluye que, transcurridos al menos cinco años desde su aprobación, «el Congreso de los Diputados habrá de proceder a una revisión general de las recomendaciones, así como a una evaluación de su grado de cumplimiento», detalla el documento.
La lista de recomendaciones se aprobó, por última vez, en noviembre de 2020 y la comisión no legislativa comenzó los trabajos para renovar estas sugerencias. La comparecencia que inauguró este periodo de revisión fue la de la presidenta de la Airef, Cristina Herrero.
En 2020, esta comisión del Congreso incluía algunas cuestiones que actualmente no se han reformado. Entre ellas destaca la recomendación 7, que instaba a informar de forma periódica a los ciudadanos de sus futuros derechos de pensión y la 13, que pedía una reforma de las prestaciones de viudedad y orfandad.
