La inactividad de la plataforma pública ya provocó la dimisión de sus ejecutivos en 2025
La meta inicial del vehículo de ahorro era captar 2.500 millones para el año 2026
Un año después de que los cinco integrantes de la Comisión de Control Especial de seguimiento de los planes de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP) que propone el Gobierno dimitieran en bloque, y nueve meses después de que el Ministerio de Seguridad Social nombrara a los nuevos componentes, el conocido «macrofondo» público de pensiones sigue paralizado.
En el año 2022, el Gobierno dio luz verde al fondo público de pensiones con el objetivo de promover el ahorro privado de manera colectiva para hacer frente al reto demográfico y a la jubilación de la generación baby boom. En ese momento, el Ejecutivo firmó con las gestoras seleccionadas para desarrollar los vehículos de ahorro que captarían el capital suficiente para el funcionamiento de este mecanismo y compatibilizar la pensión pública con el ahorro privado.
En noviembre del año 2023, el Gobierno nombró a los 13 miembros –cinco los propone el Ministerio de Seguridad Social, cuatro los sindicatos CCOO y UGT y otros cuatro las patronales CEOE y Cepyme– que componen la Comisión de Control Especial de seguimiento de los planes de pensiones públicos, cuya función era supervisar el dinero que entraba en el fondo. Un año y medio después de que su designación, los cinco integrantes que elige el ministerio de Seguridad Social dimitieron después de que en ese periodo no se hubiera adscrito ningún plan a los 15 vehículos de ahorro que habían diseñado cinco gestoras con el objetivo de que ese ahorro sirviera de complemento a la pensión pública.
Una vez estos profesionales fueron nombraros como los nuevos gestores se enfrentan al mismo problema que tenían sus antecesores: que el fondo carece de planes adheridos y ellos no van a cobrar hasta que las gestoras no logren ingresar 1.000 millones de ahorro.
Gestoras adscritas
Entre las cinco gestoras que diseñaron tres vehículos de ahorro cada una y formalizaron su contrato con el Gobierno se encuentran VidaCaixa, Caser, Gestión de Previsión y Pensiones –perteneciente a BBVA–, Ibercaja y Santander. La situación de estas compañías es complicada por cómo está diseñado el mecanismo y es que, estas gestoras se comprometieron a proporcionar por sí mismas estos planes públicos de pensiones y que en el momento en el que comenzara a entrar capital al sistema, debían recaudar 2.500 millones de ahorro en un periodo máximo de tres años, y que cada uno de esos 15 vehículos de ahorro recaudase 500 millones.
Preguntados varios expertos por la falta de funcionamiento de este mecanismo, Antonio Méndez Baiges, abogado especializado en previsión y pensiones., asegura a elEconomista.es que «la principal razón por la que los planes de pensiones no acuden a los fondos de pensiones de promoción pública es, a mi entender, el hecho de que, sin aportar elementos diferenciadores de impacto relevantes respecto de los de promoción privada, los de promoción pública son gobernados o supervisados por una comisión de control integrada por miembros designados por el Ministerio, las patronales y los sindicatos, mientras que los de promoción privada lo son por representantes de los propios promotores y partícipes de los planes de pensiones integrados. ¿Por qué confiar el gobierno o la supervisión de la gestión a un tercero institucional en lugar de ostentarla uno mismo? Para mí, esa es la principal resistencia a vencer, debiendo ofrecer algo diferenciador», asegura.
Por su parte, otro experto del sector explica a este medio que «los gastos –para las entidades gestoras– son muy competitivos. Esto es muy favorable para los trabajadores, pero no tanto para las gestoras. Por tanto prefieren ofertar otros planes de pensiones alternativos, que les dejen más margen«. Además, añade que «los sindicatos pierden poder en la Comisión de Control, en la que ya no son mayoría. Eso les desagrada, es un tema simple de poder. Pero es que además, los representantes de los sindicatos mas representativos deben ser expertos y además elegidos en la práctica por la Central sindical. Esto choca con los intereses de muchas federaciones sectoriales e incluso de carácter provincial que prefieren no ceder esa cuota de poder a la Central».
Además, este último experto señala que «los planes de empleo de empleados públicos deberían recalar casi obligatoriamente en estos FPEPP. Y no lo hacen. Esta vez por poco liderazgo por parte de la AGE».
Y es que, desde el año 2011, la Administración General del Estado (AGE) dejó de realizar aportaciones al Plan de pensiones de empleados públicos que llevaba vigente desde 2004 y que gestionaba el BBVA. Desde ese momento, son los propios empleados públicos los que pueden realizar las aportaciones «motu propio». En los Presupuestos Generales del Estado de 2018 el Gobierno abrió la puerta para volver a realizar aportaciones, pero esta iniciativa por parte del Ejecutivo no se activó y, por el momento, sigue paralizado.
