Si hay algo que inquieta a Pedro Sánchez es la amenaza de que los pensionistas ‘tomen las calles’. Lo ocurrido con la reciente rebelión de un pensionista valenciano contra la banca es un botón de muestra clasificador: la propia vicepresidenta económica, Nadia Calviño, no tardó en ponerse manos a la obra y forzó a las entidades a tomar medidas para calmar a las huestes de jubilados que protestaban en las redes y en las calles.
Si no hay contratiempos, la Comisión Europea debería dar luz verde al primer tramo de la reforma exigida de las pensiones. En contra del Ejecutivo juega la polémica indexación al IPC, que causa recelo en muchos despachos de Bruselas por la factura ingente que genera (1.500 millones por cada punto extra de inflación). De ésta y otras medidas pendientes de revisión depende la segunda remesa de fondos (12.000 millones).
Sin embargo, queda por delante el mal trago del segundo bloque de la reforma. Antes del próximo 30 de junio, Gobierno y agentes sociales deben abordar los puntos más sensibles, como el aumento del periodo de cálculo para determinar la cuantía de la pensión, muy probablemente desde los 25 años actuales a los 35 años, el destope de las bases de cotización o el sistema de cotización de los autónomos vinculado a sus ingresos. El anteproyecto debería estar aprobado por el Consejo de Ministros antes del 30 de junio; y la ley, en marcha antes de que acabe el año. Este segundo bloque de la denominada “reforma Escrivá” de las pensiones se antoja extremadamente complicado, por la diferencia de posturas. Y no sólo entre patronal y sindicatos, sino entre los socios que sostienen la coalición de Gobierno.
Además ahora, Sánchez tiene ante sí un dilema terrible. En 2021, se empecinó en sacar adelante la indexación de las pensiones al IPC. La escalada récord de la inflación obliga ahora al Estado a asumir un gasto extra de 1.500 millones por cada punto que avanza la tasa. Por ello el gasto en pensiones se disparará a 188.500 millones en 2023 y así y el déficit del sistema de la Seguridad Social quedará comprometido justo antes de la jubilación de la generación del ‘baby-boom’. Esta subida consolidada hasta 2042 costará 107.000 millones. La necesidad de embridar el déficit, en vísperas de la retirada de estímulos del BCE, obliga al Gobierno a replantearse la indexación.
Numerosos economistas reclaman ya que los pensionistas asuman parte de la factura de la crisis, sobre todo, los que tienen un mayor poder adquisitivo, con el objetivo de proteger a los más damnificados. Sea cual sea la decisión, generará malestar en un colectivo de casi 10 millones de votos, con capacidad para mantener o derribar gobiernos.
En 2022, la subida final de las pensiones ha sido del 4,1%, porque se han revalorizado el 2,5% (la inflación media del año registrada en noviembre, como marca la ley) más el 1,6% por la desviación del IPC respecto al año precedente. Aunque no es lo que dictaba la ley, el Gobierno decidió actualizar ese 1,6% extra a modo de periodo transitorio.
Antes este panorama de IPC disparado, una gran mayoría de expertos pide que las pensiones no se revaloricen con la inflación general en 2023, sino en menor proporción, o quizá tomando como referencia el dato de la inflación subyacente, o bien incrementando solo las pagas mínimas y no contributivas, sin perjuicio de establecer un mecanismo para restituir, cuando sea posible, parte o todo el poder adquisitivo que los jubilados pierdan en 2022. De hecho, hace solo unos días, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, proponía que las pensiones mínimas sí se revaloricen en sintonía con la subida de la inflación, pero sin referirse al resto de pensiones.
