Estamos ante un Gobierno de coalición que se enfrenta a una tremenda crisis con recursos escasos, en particular financieros, como lo demuestra la colosal deuda pública alcanzada, y con gravísimos problemas estructurales (el desempleo sistémico récord, la educación, la inseguridad jurídica, la pérdida de unidad de mercado, el tejido de microempresas, etc…) si lo comparamos con las democracias europeas de nuestro alrededor como Italia, Francia, Alemania, etc.
Admitámoslo, la situación para el Gobierno de España es mucho más complicada y débil que para las otras grandes democracias europeas, lo que obliga a ser mucho más cuidadosos e inteligentes con los recursos escasos, aunque se vean afortunadamente aumentados por las aportaciones de la UE y el BCE.
En esa coyuntura parece evidente que el Gobierno ha decidido claramente concentrar sus limitadas posibilidades financieras en la política asistencial, como muestra su pleno enfoque hacia medidas como el ingreso mínimo vital (IMV), la intervención en alquileres, el aumento de las partidas presupuestarias dedicadas a organizaciones asistenciales, etc… Lo que se ha dado en llamar sorprendentemente «escudo social«, confundiendo, una vez más, LO ASISTENCIAL Y LO SOCIAL.
Está claro que esas medidas han retirado fondos para proteger y sostener el tejido productivo español, que es genuinamente de microempresas y pymes. Incluso algunas, distorsionando precios de mercado, dificultan aún más la supervivencia del tejido productivo más frágil o abocándolo a la economía clandestina.
Esa filosofía no sólo es inusual en Europa, sino que hay quien estima que es muy peligrosa para nuestro futuro a corto y a largo plazo. En la UE las medidas asistenciales están mucho más equilibradas con medidas de ayuda y salvamento a su capacidad productiva, como las ayudas directas. Y eso probablemente se deba a la convicción de que lo más «social» en momentos de gran emergencia sea preservar lo más posible el tejido productivo frágil y gran generador de empleo.
En España una y otra vez las ayudas directas se han negado, acudiendo a otras medidas, fiscales, crediticias o administrativas, además de laborales, pero en ningún caso compensatorias de las pérdidas inmediatas de ingresos y liquidez por parte de las empresas más frágiles. Si apartamos la buena idea de los ERTE, con las consabidas dificultades en su aplicación, las otras medidas parecen haber creado más problemas que soluciones para nuestro tejido productivo más débil, dificultando su supervivencia en lo inmediato y recargando los costes a futuro.
No olvidemos que los dos grandes factores de desigualdad entre ciudadanos son el paro y la economía sumergida. Por supuesto que España debe sostener políticas de lucha contra la gran pobreza y políticas de auxilio a los más desfavorecidos por la crisis. Pero debe nivelar más esos esfuerzos con una política económica que preserve las políticas realmente sociales a medio, las que minimicen un deterioro de nuestro sistema productivo que pueda crear un mucho mayor número de necesitados y excluidos sociales
No hay que olvidar que las medidas asistenciales de “auxilio” crean un colectivo de ciudadanos “fieles” a quien les ha auxiliado (y de los que esperan les sigan auxiliando en un futuro), es decir, unos “estómagos agradecidos” que son una masa clientelar a la hora de emitir su voto electoral, pero que en ningún caso aportan ningún esfuerzo a lo común y social ni con el propio trabajo y esfuerzo ni con los tributos de los que, paradójicamente, se alimentan.
LOS DATOS ECONÓMICOS DE LAS PYMES Y AUTÓNOMOS
Solo es necesario pasear por una calle comercial para darse cuenta del daño que la crisis del covid-19 ha provocado a los pequeños empresarios: un 5% (1 de cada 20) de las pymes y autónomos españoles han tenido que cerrar definitivamente pese a haber aplicado en algún momento un ERTE, en concreto, el 30% de las pymes españolas se han visto obligadas a realizar algún tipo de ERTE durante 2020. O lo que es lo mismo, ha bajado la persiana para siempre
De hecho, el Banco de España sostiene que el 10% de las empresas está en riesgo de liquidación: son negocios que tienen resultados negativos a largo plazo y que deben dinero, en los que una reestructuración de su deuda o una quita tampoco sería una solución. Y seis de cada diez empresas con un ERTE actual prevé no reincorporar a la totalidad de su plantilla
De las EMPRESAS que tienen una facturación superior a los 150.000 euros anuales, más de la mitad (57%) ha visto cómo sus ingresos han disminuido un 32% en relación con el año anterior .También es cierto que la situación es muy desigual, porque el 15% de estas empresas ha visto como sus ventas se duplicaban. En cuanto a las pequeñas compañías que facturan entre 50.000 y 150.000 euros, el 75% ha reducido sus ingresos en un 15% de media. Aunque un 10% de estas pymes, han tenido una caída de las ventas superior al 70%.Por su parte, las compañías con ingresos inferiores a los 50.000 euros respiran con más comodidad. El 45% de ellas ha mantenido el mismo volumen que el periodo anterior, mientras que otro 45% ha experimentado un aumento de su facturación que ronda el 250% de media. No obstante, el 10% restante se ha visto abocado a la quiebra.
Poniendo el foco en los AUTÓNOMOS, los que más ganan también son los que más están sufriendo la crisis del covid. El 64% de aquellos que facturan más de 50.000 euros ha disminuido sus ventas en un 74%. Además, la mitad de los que ingresan entre 20.000 y 50.000 euros han sufrido un mordisco en su facturación del 44%, mientras que aquellos con ingresos inferiores a los 20.000 euros tienen una situación económica más cómoda, ya que el 45% ha visto cómo sus ventas aumentaban un 43%.
LA PRECARIEDAD, EL “AUXILIO SOCIAL” , EL BOE Y EL CLIENTELISMO
El falso progresismo compasivo es profundamente paternalista cargado de moralismo trasnochado, y su consigna es muy simple: ayudar a las personas expulsadas del sistema pero sin atacar las causas de fondo que dan origen al problema.
La precariedad a la que conduce es laexistencia de millones de personas que viven en el alambre, incluso poseyendo un trabajo remunerado, y cuyos salarios no son suficientes para alcanzar unas condiciones de vida dignas, hace que su futuro dependa de las prestaciones públicas para no ser desahuciados de sus casas o de que el Estado les pague la luz y el agua. Además de una pensión no contributiva o un ingreso vital de supervivencia.
La crisis vinculada a la pandemia, como se sabe, no ha hecho más que acelerar esta tendencia. El número de personas que dependen de los poderes públicos es creciente, y hoy el BOE se han convertido en referencias obligadas en el quehacer diario. Se trata de una nueva realidad que atrapa no solo a los trabajadores pobres, también a los pequeños empresarios y autónomos que hoy dependen de la producción legislativa del Gobierno de turno. Esta acumulación del poder en torno al BOE no es nueva, ni siquiera es una sorpresa. Pero es inédita en cuanto a su tamaño, intensidad y capacidad de influencia sobre los resultados electorales.
Nunca antes un Gobierno había acumulado tanto poder en sus manos. Probablemente, porque hoy los gobiernos, no solo el español, son meros comercializadores de los ingentes recursos que ponen los bancos centrales a su disposición, toda vez que el sistema fiscal no es suficiente para financiar el gasto que reclaman los ciudadanos. Ya antes de la pandemia, los niveles de endeudamiento en las economías avanzadas eran los más elevados desde 1945 y desde entonces no han dejado de crecer. Se corre el peligro de caer en el “mal holandés” y los efectos perniciosos provocados por un aumento significativo en los ingresos del Estado derivados de los Fondos de Recuperación europeos.
Es evidente que, en las actuales circunstancias, el Estado no puede mirar hacia otro lado. Ni desde una posición ética ni desde la propia eficiencia económica; pero tampoco hay que obviar que se trata de un auténtico desafío para las democracias, porque no solo hay que redistribuir desde el lado de los gastos, sino también desde los ingresos. Se corre el riesgo de derivar en sistemas clientelares basados en la reciprocidad mutua, y que tiende a dar soluciones coyunturales a problemas estructurales.
¿TIENE EL GOBIERNO UNA ESTRATEGIA PARA IMPULSAR LA RECUPERACIÓN Y CREAR PUESTOS DE TRABAJO?
El confinamiento decretado en marzo y las sucesivas restricciones a la movilidad han congelado la economía hasta extremos inéditos y provocado que España cierre el año con 724.532 parados más que en 2019.
Las cifras de afiliación apuntan a que el año ha terminado con 360.105 ocupados menos y roto con siete ejercicios consecutivos en los que se había registrado caída del desempleo. Es el peor dato desde 2012, cuando se destruyeron en España 787.240 puestos de trabajo.
A la dramática fotografía del mercado laboral de 2020 hay que sumar también las 755.613 personas acogidas a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), protegidas en principio hasta el 31 de enero y pendientes de una ampliación que tiene que negociarse en el seno del diálogo social.
El número de parados con el que ha finalizado el año junto al de trabajadores amparados por ERTE y, por tanto, en riesgo efectivo de perder el empleo se añade a los 3.888.137 de desempleados que España arrastraba ya desde antes del estallido de la pandemia, lo que arroja como resultado la escalofriante cifra de 4.643.719 personas sin puesto de trabajo o con serias posibilidades de perderlo.
Por muchas vueltas que se les den a estos números y por muchos discursos voluntaristas que se hagan sobre la peculiar naturaleza de esta crisis y la hipotética rapidez de la recuperación, el mercado laboral español se halla en una situación dramática que no se solventa únicamente con ampliaciones de ERTE o con subsidios sociales. Son estas cifras las que explican, por ejemplo, la caída en picado del consumo, así como el aumento del ahorro de las familias, que temen –y temen con razón– que la economía se deteriore aún más y afecte a sus empleos.
Es responsabilidad del Gobierno tomar las riendas de esta crisis y explicar a los ciudadanos, a las empresas y al mercado cuál es su estrategia para impulsar la recuperación y crear empleo. Ese objetivo no se consigue elevando el empleo público, aumentando el SMI o eliminando la flexibilidad de la legislación laboral, sino enviando mensajes claros y efectivos sobre cuál es la política económica con la que España pretende salir de la recesión y comenzando a aplicarla.
