Las cotizaciones a la Seguridad Social soportadas por los empleadores equivalen al 10% del PIB, lo que sitúa a España como el cuarto país con más ingresos por este impuesto entre los socios comunitarios
La carga impositiva del trabajo suele recaer más sobre las empresas que sobre los trabajadores, pero el pago de las cotizaciones sociales en España es más asimétrico que en la mayoría de países de la Unión Europea. Los empleadores españoles son ya los cuartos de la Unión Europea que más cotizaciones pagan a la Seguridad Social por contratar a sus trabajadores en comparación con el PIB, solo por detrás de Estonia, que ocupa el primer lugar, y de la República Checa, y Francia, que se sitúan en segunda y en tercera posición. Este es el ranking que se desprende del último informe anual de tendencias fiscales de la Comisión Europea, publicado en 2022 y referente a 2020.
Las cotizaciones sociales que abonan las empresas en nuestro país supusieron el 10% del PIB en 2020, el porcentaje más alto de la serie histórica y superior en 2,6 puntos a la media de la UE (7,4%). Además, son las cotizaciones que más se incrementaron porcentualmente entre 2019 y 2020 (1 punto), teniendo la media de la UE un aumento de tan solo 0,2 puntos.
En el lado contrario, los pagos a la Seguridad Social de los trabajadores en España fueron solo el 3,7% del PIB de dicho año, frente al 6% que registra la media de la UE. De esta manera, España es el noveno país donde los trabajadores pagan menos cotizaciones sociales en relación con la riqueza del estado.
Aunque los datos se refieren a 2020, el peso que soportan las empresas dentro de los costes laborales se ha incrementado en 2021, 2022 y 2023 por las subidas del Salario Mínimo Interprofesional, el aumento de la base máxima de cotización y la entrada en vigor del Mecanismo de Equidad Intergeneracional.
Las cotizaciones pesan más que el IVA y que el IRPF
Un hecho que llama la atención de la estructura fiscal española es que el 56% de tributación efectiva de las rentas del trabajo corresponde a las cotizaciones sociales que pagan las empresas, es decir, que suponen un ingreso mayor a las arcas públicas que lo recaudado por el IRPF, el principal impuesto progresivo.
Así lo constatan los datos de la Comisión Europea: el Estado español recaudó 112.380 millones de euros por las cotizaciones sociales que pagaron los empresarios en 2020, un montante muy superior a lo ingresado por el resto de impuestos. La recaudación por el IRPF, el segundo mayor impuesto, supuso el 8,8% del PIB y ascendió a 98.969 millones, mientras que los ingresos por el IVA (el tercer mayor gravamen) fueron 70.616 millones, el 6,3% del PIB.
El director de Kreab Research, Daniel Fuentes, reconoce la asimetría del sistema español, aunque señala que lo ingresado en total por cotizaciones sociales de empresas y trabajadores (154.276 millones de euros) no es una cuantía “muy llamativa” en comparación con el PIB respecto al resto de países de la UE. Esto se debe a que la menor contribución de los trabajadores rebaja puestos en el ranking, situando a España como el séptimo país de la UE en el que más se recauda por cotizaciones sociales respecto al PIB, un puesto acorde con el peso de la economía española en la unión y con el tamaño de su mercado laboral.
Cubrir el agujero de las pensiones
Preguntado por si es adecuado subir más las cotizaciones sociales a las empresas, Fuentes responde que “el problema de sostenibilidad de las pensiones necesita de nuevos recursos del sistema”. Revalorizar las pensiones, como se ha hecho en 2023 conforme al IPC, “tiene una contraparte”, según Fuentes: “Si quieres que el sistema sea sostenible, necesitas buscar más ingresos y tiene sentido que se busque que quien más pueda aportar más aporte”.
Lo que propone el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para la segunda reforma de pensiones, es algo similar a esto: elevar anualmente las bases máximas de cotización por encima del IPC y establecer un “recargo” adicional en cotizaciones sociales para los sueldos más altos. El problema de estas medidas, más allá de que CEOE y Cepyme no vayan a firmarlas, es que podrían perjudicar al mercado laboral.
Así lo cree Salvador del Rey, catedrático de Derecho del Trabajo en Esade y presidente del Instituto Cuatrecasas. “Una subida sustancial en las cotizaciones sociales a cargo de las empresas, puede tener una incidencia negativa en el empleo”, avisa.
Añade que la coyuntura actual de incrementos de costes de producción hace desaconsejable una subida sustancial de cotizaciones sociales y considera que, si se efectúa, “ha de ser muy equilibrada” y en relación con el nivel de desempleo existente y previsible. Un incremento en la tasa de desempleo puede volver en contra la medida y terminar traduciéndose “en un descenso de las cotizaciones sociales”.
En la misma línea se pronuncia García, señalando que con un 13% de “desempleo estructural”, incrementar los costes laborales no es la mejor opción, porque repercutirá en menores salarios o en menor ocupación. “Aunque parezca que quienes lo van a pagar son los salarios más elevados, al final la empresa distribuye los costes laborales de la manera que le es más efectiva. Por lo que es improbable que sean solamente los trabajadores con los salarios más altos quienes lo sufran”, explica.
Del Rey también considera que un “gravamen excesivo” sobre los sueldos altos se puede traducir en “incapacidad de las empresas para retener y reclutar el mejor talento”. Aunque reconoce que, “sin duda” los sueldos altos “han de tener una mayor contribución al sostenimiento del sistema de Seguridad Social”.
