El ministro Escrivá sigue desentendiéndose del colapso de la atención al público de la Seguridad Social que ha llevado a cuadruplicar el plazo de tramitación de una jubilación
De ocho días a tres meses para tramitar una pensión, de 934 quejas por mala atención cuando estalló la pandemia en 2020 a casi 3.000 el año pasado cuando ya se había restablecido la normalidad… la Seguridad Social ha pasado de ejemplar a mala y reprochable. Conseguir una cita presencial para tramitar la pensión o ser atendido telefónicamente para aclarar dudas se ha convertido en un privilegio. Cuatro millones de llamadas quedaron sin atender en 2022 y el medio millón que tuvo la suerte de recibir respuesta tuvo un tiempo medio de espera de más de cinco minutos, un parámetro que las leyes españolas consideran inaceptable en el sector privado. Es tal el caos que el Defensor del Pueblo le ha llamado la atención en dos ocasiones al ministro José Luis Escrivá para que «se superen las deficiencias apreciadas en los servicios de atención a la ciudadanía, situación que se aleja mucho de la necesaria prestación de un servicio público efectivo y de calidad, incompatible con el derecho de buena Administración».
Detrás de este colapso está la pérdida de 10.000 de los 36.000 empleados de la Seguridad Social en una década, pese a que el número de pensiones que hay que gestionar no ha dejado de crecer y se han añadido nuevas responsabilidades, como la del Ingreso Mínimo Vital. La plantilla, además, es una de las más envejecidas de la Administración, con una edad promedio de 60 años. Este fenómeno ya era conocido desde hace años y resulta inconcebible que ningún ministro haya decidido afrontarlo. Se dijo que la merma de la plantilla se vería compensada por los aumentos de productividad que debía generar la digitalización del Estado. Resulta significativo que mientras este proceso ha generado grandes mejoras de productividad en el sector privado, en la burocracia esto no ha sido así y siempre se requiere más personal. Y, para más inri, la tecnología se ha usado en España para perjudicar al ciudadano, interponiendo aplicaciones y citas previas como barrera para disuadirlo de relacionarse con la Administración o deslocalizando sus expedientes hasta el punto de que el de un pensionista madrileño puede estar tramitándose en Bilbao. En vez de erradicar el decimonónico ‘vuelva usted mañana’, el ministro Escrivá lo ha digitalizado.
Los españoles que aspiran a una pensión tienen que recurrir a abogados y gestores que prosperan encargándose de trámites que debería poder cumplir el ciudadano de a pie y que éstos consiguen gracias a conexiones y al conocimiento de los atajos burocrático. Es así como a finales de 2022 concurrieron una serie de incentivos que aceleraron las prejubilaciones, pese a que estas han venido bajando año tras año. Por un lado, la fuerte revalorización de las pensiones, pero, sobre todo, el aplazamiento de las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas, hicieron que muchos españoles abandonaran el mercado laboral prematuramente.
El caos en la Seguridad Social, que el ministro niega con su habitual estrategia de retorcer las estadísticas (contabiliza el proceso desde que se consigue la cita previa), es otro síntoma de la falta de musculatura del Estado y del exceso de grasa que acumula. El Gobierno, que ha gozado de unos ingresos fiscales sin parangón, presume de que ha gestionado bien la crisis, pero muchos indicadores están peor que cuando el PSOE estaba en la oposición. No sólo hay problemas generalizados en la atención primaria sanitaria o en la educación, que demuestran fallos de lo público en sectores donde compite con el sector privado, sino que hay una continua elusión de responsabilidades en lo que son las obligaciones centrales del Estado, como la Justicia -ahí está la huelga de letrados- y la Seguridad Social.
Escrivá intenta acelerar para que no lo devore la crisis de la atención en la Seguridad Social
La plantilla de la Seguridad Social se ha reducido de 36.000 a 26.000 efectivos en los diez últimos años, y su edad media se ha situado en casi 60 años. Las dos características conforman una bomba de relojería que está haciendo saltar por los aires la atención a los ciudadanos por parte de la Seguridad Social. Las citas tardan en darse hasta mes y medio, el reconocimiento de una pensión se demora tres meses… Un desastre.
Para evitar que esta crisis lo devore, José Luis Escrivá ha puesto en marcha una batería de medidas para intentar acelerar en la solución de los problemas. «Por primera vez en mucho tiempo han aparecido ofertas de empleo público en el BOE, antes de Navidad se contrató a 1.600 interinos… También hay muchas medidas de gestión interna, como trasladar personas de zonas con menor carga de trabajo a las que tienen más», apuntan desde el Ministerio.
Desde el sindicato CSIF, sin embargo, desmienten estos datos: «Los 1.600 interinos que nos prometieron en octubre aún están en trámite. Todavía no se ha incorporado ninguno. Es un proceso largo y tedioso», apunta su portavoz en la Seguridad Social, Ricardo Guerrero. «Ahora tenemos 1.000 interinos cuyo contrato termina en octubre. Reclamamos que se estabilicen con una oposición pública: que el Ministerio dé alguna señal de vida», añade.
Guerrero no ve bien la política de deslocalización del trabajo que se está llevando a cabo: «En teoría estaría bien que geografías con menos trabajo cubrieran a las que tienen más; en la práctica, el hecho es que los expedientes van de un lugar a otro y eso nos provoca problemas en la gestión. Por otra parte, antes había diez millones de pensionistas, pero últimamente resulta que nos han entrado dos millones de solicitudes de ingreso mínimo vital, de las que se rechazan ocho de cada diez por problemas con la documentación. Todo eso son problemas de gestión añadidos», indica.
El portavoz de CSIF recuerda que en los próximos cinco años se jubilará a dos tercios de la plantilla de Seguridad Social. Reclama una oferta de empleo público de 10.000 personas para reponer la plantilla perdida y modernizar un organismo que está anclado en los años 80. Además, arremete con fuerza contra Escrivá: «Hace unos días se le llenaba la boca, pero acumula muchas promesas incumplidas. Tendría que haber creado la Agencia de la Seguridad Social el 30 de junio y todavía no la ha creado. Falta gente. Decía que los funcionarios están mal pagados cuando tiene dos acuerdos de fondos adicionales por productividad, de los años 2016 y 2018, que no se han cerrado. Tampoco cumple la instrucción sobre teletrabajo. Nos dio dos días de teletrabajo y ahora lo impide. Está claro que si hay un atasco no pueden hacerlo quienes atienden al público presencialmente, pero en otros departamentos podría cumplirse».
Como se puede comprobar, en CSIF, que es el sindicato más representativo en las administraciones públicas, no están contentos; tampoco con el requerimiento de reducir a diez minutos la atención a los ciudadanos. Señalan que, de hecho, la atención es más complicada por la edad, dificultades de comunicación u otras cuestiones.
Por lo que se refiere al Ministerio, desde el organismo reconocen que en tres años no han podido igualar la situación que tenían hace diez años: «Desde que se convoca la plaza hasta que la persona llega a su puesto, pasa un año. Estamos intentando agilizar el procedimiento con los interinos, pero no trabaja igual una persona que llega nueva que otra que llevaba treinta años en su puesto. Por otra parte, tenemos una plantilla envejecida», indican.
También están intentando agilizar los trámites y las citas por vía telemática con medidas como la autenticación de la identidad mediante mensaje sms o con el DNI y un selfie; la obtención del certificado de la pensión de este modo o cambiar por vía telemática el número de cuenta de la pensión, algo que dicen que es sencillo, aunque a priori pueda no parecerlo por el público al que se dirige. Además están ensayando proyectos pilotos de videollamadas y aseguran que el portal [email protected] está teniendo una gran acogida entre los autónomos y quienes buscan datos de su vida laboral.
Desde el Ministerio afirman que está creciendo el número de personas atendidas. Por ejemplo, indican que el pasado 12 de febrero atendieron a 10.000 personas más que el día anterior. Guerrero, por su parte, afirma que las medidas telemáticas están yendo «a trompicones».
