La realidad de la hucha de las pensiones
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social supera los 15.200 millones de euros en abril, se trata del nivel más alto del Fondo desde hace diez años
El Gobierno no menciona el origen del llenado de la hucha de las pensiones: una subida masiva de cotizaciones sociales a empresas y trabajadores.
Más optimismo en el Gobierno. «El Fondo de Reserva de la Seguridad Social alcanzó, a 31 de marzo, un importe de 15.267 millones de euros, su máximo desde hace diez años. Desde 2019, son 13.114 millones de euros más» ha celebrado este lunes el departamento de Elma Saiz. El Fondo de Reserva es conocido como la hucha de las pensiones.
«En los primeros meses de 2026, el Fondo ha recibido aportaciones por el concepto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) por un valor de 1.162,23 millones de euros» ha añadido la Seguridad Social en una nota de prensa en la que no menciona el origen de esos fondos, que no es otro que la subida masiva de cotizaciones sociales a empresas y trabajadores que estrenó el Gobierno el 1 de enero de 2023.
En la Seguridad Social se limitan a explicar que «la información se dio a conocer el viernes pasado durante la reunión de la Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, presidida por el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez».
El secretario de Estado afirmó que «la salud del Fondo de Reserva de la Seguridad Social es un buen indicador de la sostenibilidad de nuestro Sistema. Las medidas que estamos aprobando están funcionando. Prueba de ello es el aumento que ha experimentado la conocida hucha de las pensiones, que cuenta con más de 13.000 millones de euros adicionales respecto a 2019».
Además, desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez adjuntan un gráfico en el que observa el llenado de la famosa hucha, pero en el que se ignora que su aumento se debe al aumento de impuestos a la economía productiva.
En el año 2023 esa cuantía empieza a aumentar porque fue entonces cuando el todavía ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, puso en marcha el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una herramienta que asestó una estocada del 0,6% en las nóminas de todos los trabajadores y autónomos del país (el 0,5% fue a cargo de la empresa y el 0,1%, del trabajador). Desde esa fecha, el sablazo al trabajo aumenta todos los meses de enero y es cada vez mayor.
La excusa del Gobierno para crear el MEI fue la de sostener el aumento del gasto en pensiones que experimentará el sistema próximamente debido a la entrada masiva de los pensionistas nacidos en el baby boom (son los nacidos desde finales de los años cincuenta a principios de los setenta).
Bien es cierto que con el Gobierno de Mariano Rajoy los fondos que había en la hucha de las pensiones cayeron en picado desde los 65.000 millones de euros que llegó a atesorar con Zapatero. La razón no es otra que ese dinero del Estado se destinó a pagar las pensiones porque faltaban ingresos. Es decir, la hucha cumplió su teórica función. Por tanto, cuando los ingresos de las cotizaciones sociales empezaron a no llegar para cubrir el pago total de las prestaciones (un problema que va a más) la hucha de las pensiones comenzó a disminuir.
Récord de transferencias
Entre 2019 y 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez no tocó la hucha (probablemente, para no llevarse el titular de gastar el último de los euros de este fondo), pero siguió aumentando las transferencias vía Presupuestos a la Seguridad Social para poder costear las mensualidades de los pensionistas.
En este sentido, según los últimos datos del Gobierno, las transferencias recibidas del Estado y Organismos Autónomos en 2025 suman un total de 47.815 millones, un 11% más que un año antes y un nuevo récord que el Ejecutivo prefiere no destacar.
Aunque los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social registraron un incremento del 6,9% interanual en 2025, alcanzando los 176.918 millones de euros (11.341 millones más que el año anterior), influidos por la subida del MEI, las cuentas siguen sin cuadrar
El desempleo
El nuevo espectáculo mediático protagonizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a poner de manifiesto la desconexión total entre la realidad económica de España y la propaganda de Moncloa y se intenta vender como un éxito histórico lo que no es más que un burdo ejercicio de ingeniería estadística.
El punto álgido de esta campaña de desinformación ha sido la exhibición de una camiseta con el número 22, pretendiendo celebrar que España ha alcanzado los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social. Sin embargo, detrás del marketing se esconde una mentira flagrante: el Gobierno confunde interesadamente el número de personas trabajadoras con el número de afiliaciones. En la España de Sánchez, el pluriempleo se ha convertido en una necesidad para sobrevivir, lo que infla artificialmente las cifras. Una sola persona puede tener varios contratos a tiempo parcial y figurar como múltiples afiliaciones, permitiendo al Ejecutivo presumir de unos datos que no se traducen en un bienestar real para los ciudadanos.
Incluso los documentos oficiales del Ministerio de Trabajo contradicen el relato triunfalista de Sánchez. En sus propios informes se admite que el número de afiliados no se corresponde necesariamente con el de trabajadores, sino con las situaciones que generan obligación de cotizar. Esta confusión terminológica es totalmente intencionada para ocultar que estamos ante un mercado laboral troceado y precario. La realidad que se respira en la calle, lejos de los despachos de los asesores de imagen, es la de un país donde el empleo de calidad brilla por su ausencia mientras se baten récords de precariedad disfrazada de estabilidad.
El engaño de los fijos discontinuos
Uno de los mayores engaños de esta legislatura es, sin duda, la figura de los fijos discontinuos. El Gobierno utiliza este modelo contractual para esconder a los parados debajo de la alfombra estadística. Existen actualmente unos 860.000 fijos discontinuos inactivos que, a pesar de no estar trabajando ni cobrando un salario, no computan como desempleados en las listas oficiales. Este maquillaje estadístico permite a Sánchez dar lecciones de creación de empleo mientras mantiene a casi un millón de personas en un limbo laboral. Es la máxima expresión de la estafa política: cambiar el nombre a las cosas para que el problema parezca haber desaparecido.
A esta situación se suma el alarmante incremento de las bajas laborales por enfermedad, que también computan como afiliaciones activas. El coste para la Seguridad Social y para las empresas es astronómico, rondando los 30.000 millones de euros, pero para el relato de Moncloa estas personas siguen sumando en su contador de éxitos. Es un modelo dopado que se apoya en el sector público para sostener unas cifras que el sector privado, asfixiado a impuestos y regulaciones, no puede generar. Hemos alcanzado un récord histórico de 3,6 millones de empleados públicos, una cifra que demuestra que el crecimiento del que presume el Gobierno es, en gran medida, ficticio y dependiente del presupuesto estatal.
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