El déficit contributivo del sistema hasta otoño de 2022 alcanza 7.300 millones
La diferencia estricta entre los ingresos contributivos a través de las cotizaciones sociales de los trabajadores y el gasto destinado a prestaciones contributivas arroja un agujero de 7.300 millones de euros, algo más del 0,5% del PIB. En 2023 no hay previsión de subsanar estos números rojos, mientras el Mecanismo de Equidad asume la posibilidad real de que el sistema esté en déficit en 2032 y se deban buscar fórmulas para corregir este desvío.
Tal es el problema, que el economista Javier Santacruz asume que la Seguridad Social española tiene un déficit permanente (incluyendo gastos impropios) de entre 15.000 y 20.000 millones que son incapaces de reducir pese a tener los mayores ingresos por cotizaciones de la historia.
De esta forma, lo que supone en la actualidad esta diferencia entre ingresos y gastos contributivos es que cada pensión media debiera asumir un recorte de casi 3.000 euros al año, o cada contribuyente tuviera que aportar casi 1.300 euros más en cuotas a la Seguridad Social para corregir el déficit contributivo de forma inmediata.
Pero aplicar un tijeretazo no es una opción que esté sobre la mesa en la negociación de la última parte de la reforma de pensiones que lidera el ministro José Luis Escrivá. Sin embargo, estos cálculos visualizan de forma directa qué esfuerzo debería afrontar cada agente -jubilado o trabajador- para corregir el problema a muy corto plazo.
La anterior reforma de pensiones de 2013 incluía un ajuste de las pensiones en cierta medida. Además del Factor de Sosteniblidad que tenía en cuenta la demografía, el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) incluía ajustes de la pensión en función del déficit o superávit del sistema.
En la actual reforma planteada, las medidas de más peso recaen sobre la vía de los ingresos. La ampliación de las bases máximas de cotización con una subida desfasada y menor de las pensiones máximas planteada por el Gobierno es el ejemplo de ello. Este pack del destope tendría más efecto por los ingresos que por el ahorro del gasto, según cálculos trasladados a los agentes sociales a los que tuvo acceso elEconomista.es.
Cortar el problema de raíz sería una opción prácticamente imposible por el clima social de rechazo que generaría y la negativa de los agentes sociales. Pero no seríamos el único país que lo hiciera -o al que obligaran a hacerlo-, si bien es lo que prevé evitar a toda costa la Comisión Europea. En Grecia, el rescate europeo para evitar la quiebra financiera trajo consigo más de una decena de tijeretazos de las prestaciones públicas. En la actualidad, Grecia aún es junto a Italia el país con el gasto en pensiones más elevado de Europa, siendo España el octavo.
Fuente: El Economista
