LA SEGURIDAD SOCIAL PERMITIRÁ A LOS ABOGADOS MUTUALISTAS PASAR SUS COTIZACIONES AL RETA

Saiz anuncia también que modificarán la ley para hacer obligatoria la cotización en el Régimen de Autónomos para los nuevos profesionales colegiados a partir de 2027

El origen del problema: ¿cómo se llega a esta situación?

En 1840 se crea en Cataluña promovida por la agrupación de abogados de la región Alter Mutua, una entidad de previsión social dirige a ofrecer un sistema de pensiones para los profesionales de este gremio mayores de 70 años, pero también para los que habían tenido que dejar el trabajo por problemas de salud y para las viudas y huérfanos de mutualistas fallecidos.

Más adelante, a finales de los años 40 del siglo pasado, siguiendo aquel modelo, nace Mutualidad de la Abogacía como el sistema de pensiones al que se tenían que adherir todos los colegiados de España.

Pero en 1996 se pone fin a esta obligatoriedad y se les da la opción a los nuevos abogados de pasarse al RETA, el régimen especial de autónomos. Los veteranos pasaron, entonces, a tener dos opciones: mantenerse en Mutualidad o entrar en la Seguridad Social sin poder trasladar el dinero que habían ido aportado durante años a su fondo de mutualista.

Ocho años después, en 2004, el Supremo abre la puerta a través de una sentencia a que los letrados pudiesen simultanear ambos sistemas, la Mutualidad y el de autónomos adherido a la Seguridad Social. Eso sí, los que hubieran sido mutualistas solo podrían estar en el RETA de forma complementaria. Es decir, no se podía estar solo en el RETA si se procede de Mutualidad sin renunciar a lo invertido.

El Reglamento de mutualidades, que aprueba el segundo gobierno de Aznar (PP) en 2002, y los cambios en la Ley de los seguros privados que introduce dos años después el primero de Zapatero (PSOE) impusieron la transformación del fondo mutualista de un sistema de capitalización colectivo, al modo de la hucha conjunta de la Seguridad Social, a uno de ahorro individual. Una especie de plan de pensiones privado en el que los abogados mutualistas debían ir metiendo unas mínimas sumas de dinero y lo que fuesen acumulando en total a lo largo de su carrera profesional sería lo que cobrarían de pensión.

Entonces se hizo patente el problema para los letrados asociados a Mutualidad. Con cierta frecuencia, la compañía de seguros les enviaba en papel la cifra que tenían depositada y una previsión de lo que recibirían una vez jubilados cada mes como pensión. De la noche a la mañana, a causa del cambio al sistema individualizado, el cálculo de lo que cobrarían en su jubilación se vio drásticamente reducido. Es por ello que es más bien común encontrarse a abogados que tras más de 40 años en ejercicio reciben 300 o 400 euros al mes de beneficios.

Hasta 2012 no se universalizó la sanidad pública para los mutualistas, teniendo que pagar hasta entonces la cobertura sanitaria de su propio bolsillo, pólizas de asistencia sanitaria privada o previo pago de la cuota que estableciera con anualidad el acuerdo alcanzado ese año por la compañía con la Seguridad Social

El sindicato profesional de la abogacía Venia se reunió en La Coruña el pasado 3 de enero con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Les trasladó su disposición para constituir una mesa de trabajo para estudiar la implantación de la pasarela al RETA como solución a su problema.

Actualmente, Venia mantiene conversaciones con la líder de Sumar en la que, dicen, han encontrado una antigua compañera que conoce de primera mano las precarias condiciones a la que se enfrenta la amplia mayoría de abogados al haberlas vivido como especialista en laboral con despacho en la ciudad gallega de Ferrol antes de entrar en política.

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), por su parte, fue el primero en pronunciarse con una declaración oficial en la que manifestó su apoyo a las principales reivindicaciones que se están planteando. En esta, difundida el pasado junio, defendieron la misma solución al problema que reclaman los colegiados: una reforma legislativa que permita una pasarela al RETA y un tratamiento fiscal adecuado.

“Hasta el año 1995, abogados y procuradores entraban directa y automáticamente en el sistema de mutualidades por el simple hecho de darse de alta en el colegio de abogados. No había otra opción, nuestro régimen no era el de la Seguridad Social, el régimen obligatorio era el de la Mutualidad”, explica Begoña Gutiérrez, abogada, y una de las impulsoras del movimiento J2.

“A partir del 95, tras una sentencia del supremo, se permitió que los abogados pudieran elegir y darse de alta o bien en el Régimen de la Seguridad Social, o bien en la Mutualidad de la Abogacía. Los nuevos abogados podían elegir. Ahora bien, lo que ya se hubiera aportado a la Mutualidad no podía llevarse a la Seguridad Social. “Había abogados que ya llevaban mucho tiempo cotizando en la Mutualidad, de modo que se quedaron en ese régimen. En aquel entonces nos decían que ambos sistemas eran alternativos, y darían lugar a pensiones iguales”, puntualiza Gutiérrez. Y así era en ese momento, era un sistema de reparto igual que el sistema de pensiones de la Seguridad Social, “la gente joven cotizaba para pagar las pensiones de los abogados que se iban jubilando, lo normal en un sistema de reparto”.

Pero todo cambió en 2005. “Ese año la Mutualidad de la Abogacía desaparece como mutualidad y pasa a ser una entidad privada aseguradora. Se convierte en un sistema de capitalización individual y el sistema se transforma en un producto financiero personal, un plan de pensiones privado… tanto pagas, tanto tendrás”, dice la abogada Begoña Gutiérrez. El problema está en que, pese al cambio, nunca les dejaron la opción de rescatar su dinero o trasladarlo al régimen de la Seguridad Social. “Tenemos esos fondos cautivos, no los podemos sacar”, añade.

Hay casos de abogados que sí pasaron a la Seguridad Social, los más jóvenes. En aquel entonces era una decisión difícil, sobre todo para quien llevaba mucho tiempo, porque no podías rescatar lo que ya habías cotizado. En teoría son unos fondos que se podrán rescatar tras la muerte o la jubilación, pero si no haces nuevas aportaciones, el ahorro va menguando, porque la Mutualidad sigue cobrando comisiones, primas, administración…“Nos engañaron”, asegura, contundente, Begoña Gutiérrez. “Cambiaron las reglas de juego a mitad de partida”, agrega.

Ante las voces suspicaces de quienes sugieren que estos profesionales quieren una pensión por la que no han cotizado, ellos insisten: lo que piden es poder rescatar su dinero en la Mutualidad de la Abogacía y llevarlo al RETA de la Seguridad Social, seguir cotizando y recibir, en su momento, exactamente lo que les corresponda. Ni un euro más. “Pedimos una pasarela para que los mutualistas que quieran, puedan trasladar los fondos de la Mutualidad a la Seguridad Social, sin coste fiscal. Y que Seguridad Social canee esos fondos por años cotizados conforme a su criterio de cotización”, explica la abogada. “Si yo coticé 40 años a la Mutualidad, pero la Seguridad Social calcula que esos fondos, solo corresponden con 35 años de haberlos cotizado en el RETA, pues que así sea”

Se calcula que, en estos momentos, podría haber entre 95.000 y 100.000 letrados y procuradores afectados. El Ministerio dirigido por Elma Saiz ya está estudiando el asunto. En un mes, tal y como ha dicho, darán más pistas sobre una posible solución. El problema podría abordarse en el seno del Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria que hace seguimiento del sistema público de pensiones.

Por ello, apelan también a la solidaridad del resto de la sociedad ante una injusticia de la que hasta ahora poca gente sabía y de la que, lamenta, aún poca gente habla. “Tenemos mutualistas jubilados que reciben una pensión de menos de 500 euros tras haber estado pagando cuotas a Mutualidad durante 40 años”, cuenta como unas circunstancias que, señala, no son raras entre los compañeros que uno se cruza por los juzgados de toda la geografía española.

Muchos se ven obligados a continuar ejerciendo para poder ingresar cada mes al menos el SMI para simplemente poder vivir, sin mayores comodidades.
 “Muchísimos abogados víctimas de Mutualidad tienen que seguir trabajando en su profesión hasta que su salud se ve resentida y no pueden más o fallecen.

Pasarela al RETA

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante su comparecencia en el Senado a petición propia ha anunciado que la Seguridad Social planea hacer varios cambios legales que afectarán a los profesionales que ahora cotizan a las mutualidades de previsión social alternativas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Estos profesionales, sobre todo el colectivo formado por decenas de miles de abogados y procuradores de toda España, llevan años batallando para que se apruebe una “pasarela” que les permita mover lo cotizado a estas mutualidades, —ligadas a los colegios profesionales— al régimen del RETA de la Seguridad Social, tras comprobar la baja cuantía de las pensiones que les corresponden en la actualidad, inferiores incluso a la mínima del sistema tras años de cotización.

Sin embargo, ha precisado que dicha pasarela solo será para los mutualistas que tengan esta condición “con anterioridad a 1996 en situación actual de vulnerabilidad”. A este grupo, que no tuvieron la opción antes de esa fecha de elegir cotizar a la Seguridad Social, se les dará “la posibilidad de optar por la conversión del capital acumulado en su Mutualidad, en periodos cotizados con la base mínima en el RETA”. Así, “dicho capital será transferido desde las mutuas a la Tesorería General de la Seguridad Social”, ha avanzado.

Además, ha explicado que para hacerlo posible, el ministerio “realizará un cambio legislativo también de la Ley General de Seguridad Social y un posterior desarrollo reglamentario que regule las condiciones y el procedimiento”. Por tanto, los responsables ministeriales determinarán exactamente todos los requisitos que se exigirán a los mutualistas para beneficiarse de esta pasarela cuando lleven a cabo la redacción de las citadas normas. Estos cambios formarán parte del resto de modificaciones que la nueva ministra quiere sacar adelante esta legislatura.

Saiz también ha anunciado otras medidas para los mutualistas de estas sociedades de previsión como el establecimiento a partir de 2027 de la obligatoriedad del darse de alta en el régimen especial de autónomos para los nuevos profesionales colegiados, eliminando la opción de cobertura alternativa con una mutualidad. Aun así, los trabajadores que actualmente están en una de estas mutualidades podrán continuar en ella.

Esta nueva obligación requerirá, según ha detallado la ministra en el Senado, modificar la disposición adicional decimoctava de la Ley General de la Seguridad Social en lo relativo al encuadramiento de los profesionales colegiados.

Y, en tercer lugar, Saiz ha anunciado también que su departamento piensa “incrementar progresivamente el importe de las cuotas que aportan los mutualistas, desde el 80% actual hasta el 100% de la base mínima de la escala general del régimen de autónomos”. Con ello, la Seguridad Social pretende equiparar las aportaciones de la mutualidad alternativa con las cotizaciones del régimen especial de autónomos, “lo que permitirá mejorar las prestaciones de los mutualistas”, ha dicho la ministra.

Los afectados por las mutualidades de la Abogacía y de los Procuradores intensificaron sus propuestas en el otoño del pasado año, ante lo que el equipo del entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, consideró que la solución a las peticiones de estos colectivos debía llegar de la mano colectiva de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. Pero ahora Saiz ha decidido que sea el Gobierno el que ponga en marcha las medidas que den respuesta a la queja de estos profesionales.