LA SALUD ES TAMBIÉN UNA CUESTIÓN DE RENTA

Según la Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP) del Sistema Nacional de Salud, una muestra aleatoria de 12,7 millones de pacientes que acuden a los centros de salud públicos se confirma cómo las personas más pobres se medican de forma más frecuente y en mayor cantidad que aquellas que tienen un nivel socioeconómico más alto.

 

Esto es posible porque la muestra incluye la variable de la renta con cuatro grupos diferenciados: los que tienen unos ingresos muy bajos –la renta anual no procede ni deriva del trabajo sino que se obtiene por otras vías–; los que ganan menos de 18.000 euros al año; aquellos que ingresan entre 18.000 y 99.000; y los que tienen una renta que supera los 100.000 euros anuales (estos últimos son solo el 1% de la muestra).

 

Los datos muestran la brecha por renta en el porcentaje de pacientes con alguna receta en 2022. Si miramos en el grupo más rico, algo más de uno de cada dos (56%) recibieron la prescripción de algún fármaco y fueron a la farmacia a recogerlo. Sin embargo, si nos fijamos en los más pobres, el porcentaje escala hasta el 74% (para rentas inferiores a 18.000 euros). Entre los más precarios de la escala, los que no tienen siquiera renta, la proporción sube otros diez puntos hasta el 84%. Estas diferencias podrían estar influidas por la diferente proporción de personas mayores que hay en cada grupo. Sin embargo, la diferencia se reproduce, en mayor o menor medida, en todos los tramos de edad.

 

Menos prevención, más medicación

La EAPN ya exploró la relación entre la pobreza y la salud a través de un informe publicado en 2019. Observaron las mayores diferencias de acceso en los servicios con escasa cobertura –y largas listas de espera– en la cartera pública: el dentista, el fisioterapeuta o los psicólogos y psiquiatras.

 

Concluyeron también que el 18,6% de las personas de hogares con pobreza habían tenido que restringir su actividad habitual por “dolores o síntomas de alguna enfermedad”, casi cinco puntos por encima que las personas con mejor situación económica; y accedían menos a pruebas preventivas (mamografías o citologías) y chequeos de la tensión, el azúcar o el colesterol.

 

Hay otro indicador que pendula en función del nivel de renta: las dosis diarias definidas por mil personas atendidas y día. Este indicador muestra la cantidad de fármacos consumidos por cada grupo, y no solo la proporción de personas a las que se les ha recetado algún medicamento durante el año. De esta forma, el indicador se incrementa si en un grupo se recetan más medicamentos que se tienen que tomar durante periodos largos.

 

No es extraño que las dosis recetadas se multipliquen con la edad, pero también aumentan en los grupos de menor renta. Las diferencias pueden verse en el gráfico de abajo.

 

La medicación crónica se multiplica en los pacientes de menor renta.

Si tomamos, de nuevo, el grupo de 35 a 64 años, un 27% de los pacientes atendidos de la horquilla más alta de renta contaba tomaba un fármaco de manera habitual. El porcentaje es prácticamente el doble (50%) en las personas de muy bajo nivel económico. La distancia entre unos y otros también se nota en el número de fármacos crónicos: si en la prescripción de uno casi no hay brecha, a medida que la cantidad aumenta –hasta diez– también lo hace la diferencia.

Por medicamentos, los datos también revelan diferencias en el consumo: se nota en los fármacos para tratar el dolor (analgésicos y antiinflamatorios), la ansiedad y la depresión. El porcentaje de pacientes que terminaron con una receta de ibuprofeno es el doble en el grupo más pobre (32% vs 15%). La distancia se ve también muy claramente en la prescripción de antiinflamatorios (77,1% vs 34,3%) y de ansiolíticos (14,9% vs 9,7%). En el caso de los antidepresivos, la proporción se triplica (12,2% vs 4,6%).

 

El Ministerio de Sanidad publicó un documento en diciembre que recomendaba incluir en la historia de salud digital de los pacientes sus “condicionantes sociales y de contexto familiar”, como la clase social, si se vive o no de alquiler o la orientación sexual.

 

Fuente: el diario España medicaliza la pobreza (eldiario.es)

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