La sociedad española ha cambiado de forma substancial su forma de abordar la calidad de vida de sus mayores. Hace algún tiempo, no demasiado, las residencias de ancianos eran lugares algo inhóspitos pero en la actualidad el escenario ha cambiado pues las administraciones han acelerado la creación de centros que intentan ofrecer una asistencia integral y una vivienda permanente a personas mayores que por sus condiciones sociales y económicas no pueden ser atendidas en sus propios domicilios. También es cierto que otra pandemia (el alzheimer) imposibilita en muchos casos, en función de la evolución concreta de la enfermedad, dar un tratamiento adecuado en el hogar al mayor que la padece. Las residencias, si bien no todo lo deseado, han mejorado su calidad de forma substancial y son más parecidas al hogar.
Estudios recientes revelan que el 40% de mayores, en caso de ser dependientes, preferirían ser atendidas en su propio hogar por la familia o por servicios profesionales públicos o privados. Partiendo de este último patrón de comportamiento, la pregunta que surge de forma natural es la de si un jubilado puede afrontar los gastos que conlleva la atención sanitaria y psicológica por parte de profesionales privados en el propio domicilio habitual, cuando excedan las necesidades cubiertas por parte del sector público.
SOLICITANTES EN EL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (SAAD) QUE GESTIONA EL MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030.
En marzo de 2020, justo antes de que el Covid-19 cambiara por completo nuestras vidas, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) realizó una encuesta a personas que tenían un familiar cercano viviendo en una residencia en los últimos cinco años. Esta organización preguntó acerca de su tipo de plaza, tiempo de espera, precios, problemas surgidos con la residencia y grado de satisfacción con los cuidados recibidos.
Del estudio de la OCU se extrae que el retrato robot de la persona mayor que ingresa en una residencia es el de una mujer de 82 años. Concretamente, de cada 10 personas que entran en estos centros, siete son mujeres y tres son hombres. Igualmente, al ingreso, su edad media es de 82 años, una edad bastante avanzada. Según la encuesta, la mitad de los residentes llegan con problemas para cuidar de su higiene personal (53%), de movilidad (52%) o de memoria (52%), mientras que los problemas de salud física o mental previos alcanzaban a un 24%.
Por otra parte, el tiempo de espera para entrar en la residencia fue bastante largo, de media 120 días, plazo que varía mucho en función del tipo de plaza: 57 días en una plaza privada, 163 días en una concertada y 209 días en una pública. No obstante, el 24% de los residentes no pudo ir a la residencia que le hubiera gustado.
En cuanto al coste de la plaza, la media es de 1.374 euros mensuales, extras aparte (119 euros). Este dato contrasta con el hecho de que en el 65% de los casos, el importe de la pensión media de los encuestados no alcanza para pagar la plaza, pues es de 1.135 euros mensuales. Por comunidades autónomas, las residencias más caras se encuentran en el País Vasco (1.758 euros), Madrid (1.521euros) y Cataluña (1.374 euros).
Las necesidades de atención se disparan a partir de los 80 años, las cuales incluyen, prestaciones por servicio (prevención de la dependencia y promoción autonomía personal, teleasistencia, ayuda a domicilio, Centros de día/noche, atención residencial) y prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar. La pensión media para el tramo de edad de personas mayores de 80 años en ningún caso es superior a 1.000 euros.
PENSIONES MEDIAS POR TRAMO DE EDAD OBTENIDAS DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2020.