LA GRAN CARRERA POR LOS FONDOS EUROPEOS

Todos anhelan saborear el maná de los 140.000 millones de euros, empezando inmediatamente por los 72.000 millones a fondo perdido que llegarán en los próximos tres años. Históricamente, las trabas burocráticas han impedido a España gestionar cantidades tan ingentes de dinero en un periodo tan breve de tiempo, pero la crisis provocada por la pandemia exige una respuesta rápida. El Gobierno trabaja a marchas forzadas por despejar el camino legislativo de peajes administrativos, mientras las empresas se lanzan a las consultoras para armar su ‘caballo ganador’.

Gobierno y Ministerios, comunidades autónomas, empresas de todos los tamaños y sectores, consultoras y despachos de abogados aceleran para llegar a la meta con garantías de éxito. El objetivo es el mismo, alcanzar el ansiado ‘chute’ de recursos que amortigüe los estragos de la crisis y oriente a la economía española hacia una recuperación plena y sostenible.

Pero los intereses son legítimamente distintos. El Ejecutivo busca canalizar los fondos hacia proyectos tractores que transformen el tejido productivo; las empresas, absorber su parte del pastel de subvenciones ante la amenaza real de reinventarse o morir; y el mundo de la asesoría, capitalizar este nuevo nicho de jugoso negocio.

Para el mundo empresarial es imprescindible que la mayor parte de los recursos que venga de Europa se dirijan hacia el sector privado. “Por supuesto, debe haber inversión pública, pero exclusivamente aquella capaz de generar crecimiento económico a medio plazo; la prioridad ahora es limitar las quiebras al menor número posible y modernizar el tejido productivo”, demanda el vicepresidente de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa. “Se involucrará a decenas de miles de empresas y se ajustarán a la estrategia europea, facilitando la transición energética y digital y provocando un efecto arrastre en las pymes, generando empleo e industria”.

La colaboración público-privada es capital para este cometido en multitud de niveles. Por ejemplo, a través de la CEOE, Moncloa mantiene contactos formales e informales con algunos de los grandes bufetes del país. La idea, según señalan fuentes conocedoras de estas conversaciones de ámbito jurídico, es establecer un “diálogo frecuente” para agilizar la tramitación de los fondos. La primera parada para el Gobierno español en esta carrera es tan compleja como salvar el cuello de botella que provocan la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley General de Subvenciones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado un mensaje optimista al anunciar cambios en el papeleo para eliminar trabas y evitar que la burocracia obstaculice la recuperación, pero a la espera de que esto se concrete en un real decreto, las dudas inundan esta fase incipiente del proceso.

Solo después se podrá avanzar hacia la segunda parada. En el primer trimestre de 2021 se darán a conocer las convocatorias y, para entonces, empresas, comunidades autónomas y entidades locales deberán tener bien armados sus proyectos.. La UE ha marcado unas líneas claras pero etéreas en referencia a los objetivos de los proyectos (tecnologías limpias, energías renovables, movilidad sostenible, modernización de las administraciones…) y el Ejecutivo las ha plasmado en su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en base a cuatro ejes: transición ecológica, transformación digital (concentrarán el 70% de los fondos, según el plan remitido a las autoridades europeas) igualdad de género y cohesión social y territorial. Pero el principal problema, insisten desde el mundo empresarial, es que todavía falta concreción.

En la ardua tarea de diseñar los proyectos, el papel de las consultoras es absolutamente protagonista. Los equipos multidisciplinares han adecuado su labor de asesoramiento tradicional al nuevo roll específico que exige la complejidad de este paquete de ayudas. Una labor compleja en la que equipos de expertos especializados ayudan a las empresas en el análisis de planes estratégicos y de los diferentes proyectos que los componen, para identificar cuáles son elegibles. Las consultoras aspiran a lograr presencia en las oficinas que se van a desplegar en los distintos departamentos ministeriales involucrados en la gestión de los fondos (Transportes, Transición Ecológica o Industria) y tienen línea directa con la oficina de seguimiento de Moncloa que ha asumido el director general de Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha.

Igualmente, el Ejecutivo ha anunciado la creación de foros de alto nivel sobre ciencia e innovación, digitalización, energía, agua, movilidad, turismo, industria, reto demográfico, cultura o deporte que se pretenden ir activando en las próximas semanas. “El llamamiento a la interlocución continua y a la colaboración público-privada es unánime”, destacan las fuentes consultadas.

La crisis Covid ha afectado al conjunto de la economía, si bien hay determinados sectores que se han visto especialmente impactados, como el turismo, la hostelería, el comercio minorista o el transporte. La intención de este Plan no es sólo la de paliar y recuperar estos sectores, sino que es la de modificar y rejuvenecer nuestro tejido, así que las oportunidades que se presentan son variadas y se orientan a la mejora de la competitividad y productividad en prácticamente todos los sectores industriales y de servicios. La clave, matizan, es que un número significativo de estos proyectos tienen un carácter tractor y cuentan con un gran potencial transformador, al estar siendo desarrollados por varios agentes, involucrando a sectores complementarios, de modo que, por su dimensión y complejidad, estos proyectos tienen un particular atractivo y requieren una atención especial.

Identifican varios sectores, como el energético o el industrial, con un reflejo específico en los planes de cara a la transición ecológica; y más en genérico, un amplio abanico de pymes que apuestan por poner en marcha planes de digitalización de los que podrían salir beneficiados desde el comercio hasta la automoción, pasando por la movilidad o el sector sanitario. Todos los sectores están mostrando un elevado interés para poder acceder a la financiación, no obstante, es evidente que algunos como la energía, las telecomunicaciones, infraestructuras, sostenibilidad, turismo, transporte, educación y sanidad van a tener muchas posibilidades de presentar proyectos a la Comisión que encajen dentro de sus directrices, no sin insistir en la elevada incertidumbre que invade todo el proceso, a la espera de la aprobación definitiva del ‘Next Generation UE’ y su reglamento.

En definitiva, todos los sectores económicos (y también los agentes sociales) están, lógicamente, interesados por las posibilidades que ofrecen los fondos. Se señala el papel relevante que inevitablemente tendrán determinados sectores, pero no olvidan a las pymes, las start ups o los emprendedores, que serán objeto de atención en los fondos. También destacan como potenciales destinatarios las actividades transversales como la transformación digital, la transición ecológica, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la investigación e innovación, la conectividad… u otras más verticales como el turismo, la ciberseguridad, el desarrollo de infraestructuras o el sector agroalimentario.

Las diecisiete comunidades autónomas también participan en la carrera por los fondos y ya han lanzado centenares de proyectos, algunos nuevos y otros maquillados que permanecían en el cajón, a la espera de una oportunidad de oro como la que ahora se brinda desde la UE. Las autonomías son clave en ámbitos como la educación, la sanidad o la administración de justicia, y también las entidades locales son críticas en movilidad urbana y sostenibilidad o fijación de población en territorios menos poblados. Resulta evidente que la estructura económica de las distintas regiones, con mayor o menor dependencia en según qué sectores, así como sus déficits particulares, hacen que sus prioridades sean distintas y son varias las que ya han anunciado sus respectivos planes en los que inciden en proyectos de infraestructuras pendientes o en programas de regeneración del tejido industrial, dedicando todas una atención especial a cuestiones ligadas a la necesaria cohesión territorial y social.

El Gobierno pretende concentrar el esfuerzo de movilización de los cerca de 72.000 millones de euros de transferencias en los primeros tres años (2021-2023), para maximizar su impacto sobre la reconstrucción rápida de la economía, y emplear los préstamos para complementar, posteriormente, la financiación de los proyectos en marcha hasta alcanzar, si fuera necesario, los 140.000 millones. Una inyección histórica para la economía española que, sin embargo, no empezará a llegar hasta el segundo semestre del próximo año, aunque no se descartan anticipos de Bruselas. Desde la CEOE invitan directamente al sector financiero a adelantar los fondos e insisten en que el grueso del dinero debe dirigirse al sector privado. En primera instancia será el Ejecutivo el que reciba las transferencias y los Ministerios quienes las repartan y extiendan a través de las comunidades autónomas, con participación activa de las entidades locales.

El papel de las CCAA en los Fondos de Recuperación

Según las estimaciones del Ejecutivo, más del 50% de los proyectos del Plan de Recuperación los ejecutarán directamente las Comunidades Autónomas, explica el Gobierno. Los presidentes y presidentas podrán promover, en este sentido, a través del Plan de Recuperación proyectos o programas en cualquier ámbito.

Las competencias transferidas permiten al Gobierno central delegar en los autonómicos esta ejecución. “Hay competencias que la Constitución reconoce como autonómicas y que están muy vinculadas a áreas clave del Plan“, añade Moncloa. Serán las áreas citadas “donde las Comunidades podrán ejecutar los proyectos y programas que presenten y sean aprobados”. Para ello Sánchez ha anunciado también la creación de Convenios Marco entre los Ministerios implicados y las Comunidades Autónomas.

En esos PGE de 2021 se incluirá un adelanto de los 27.000 millones de euros con cargo a los fondos europeos. A lo largo de la legislatura se repartirán los 72.000 millones previstos en transferencias por lo que, según el anuncio de Sánchez, las CCAA ejecutarán más de 35.000 millones. 

Bruselas afea el optimismo español con el PIB y las reducciones de déficit

El Consejo Fiscal Europeo detecta que los gobiernos de España previeron crecimientos superiores a la realidad hasta en cinco ocasiones entre 2013 y 2019, y afea la relajación respecto a las normas fiscales. La Comisión Europea publicará en próximamente su evaluación sobre el Plan Presupuestario español y sobre el escenario macroeconómico que lo sustenta, ése que descuenta que la aplicación efectiva de los fondos europeos propulsará a la economía española durante 2021 hasta alcanzar una tasa de crecimiento del 9,8%, pulverizando así las al parecer demasiado sombrías expectativas de la totalidad de los analistas nacionales e internacionales sobre el potencial de crecimiento del país para el año que viene. Es probable que a la hora de analizar estas cifras influya en el ánimo de los funcionarios de la Comisión Europea el particular historial español a la hora de remitir previsiones de crecimiento a Bruselas…

La pauta que se detecta es que cuanto mayor es la estabilidad presupuestaria en un país, más prudentes son sus previsiones económicas. Y al contrario. Cuanto mayor es el desequilibrio fiscal del país en cuestión, mayor parece ser su inclinación a inflar su previsión de crecimiento en una especie de intento por acelerar al menos en la información que se remite a Bruselas los procesos de consolidación fiscal en los que uno anda inmerso.

El Consejo recuerda que de hecho España tenía que haber sido objeto de una actuación por parte de la Comisión Europea por su incumplimiento del objetivo de reducción de deuda pública previsto, pero que ésta se ha pospuesto a consecuencia de la situación creada por la crisis sanitaria y la suspensión temporal de las reglas fiscales en el conjunto de la Unión Europea.

El informe de los asesores de la Comisión Europea en materia de política fiscal llega en un momento en el que el grupo de países autodenominados ‘frugales’ presionan para incrementar los controles sobre la inyección de fondos europeos en países como España, que en principio tiene asignados 140.000 millones de euros de financiación entre préstamos y transferencias a fondo perdido, pero que aún espera a que los países alcancen un consenso tanto respecto a la cuantía como a la forma en que se irán liberando esos fondos y su mayor o menor condicionalidad.

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