Que después de cuatro años, se supone que de trabajo, sus señorías miembros de la Comisión del Pacto de Toledo no hayan podido alumbrar otra cosa que ese documento de preacuerdo con que nos sorprendían la semana pasada sólo puede significar una alarmante falta de ideas, incapacidad para innovar o que a la hora de reformar y legislar pesa más la repercusión electoral (son más de 9 millones los votos de los pensionistas) que el habilitar soluciones rigurosas, eficaces y sostenibles para uno de los mayores problemas que debe encarar este país.
La Comisión acuerda un borrador vacío, sin contenido real y repleto de contradicciones. Una vez más, ¡que lo resuelvan los que vienen!.
Los tres pilares sobre los que se asienta este preacuerdo: volver a vincular las pensiones al IPC, acercar la edad de jubilación real a la legal y desplazar los gastos de la Administración de la Seguridad Social a los presupuestos de la Administración del Estado. Eso, con el añadido de ese esbozo de incentivar los planes de pensiones de empresas. Es decir, las mismas soluciones de las que llevábamos hablando desde la crisis financiera de 2008 y, además, carentes de detalle y concreción.
LO QUE YA SABEMOS TODOS
En las últimas décadas, varios países europeos con sistemas de reparto (contributivos) han iniciado profundas reformas de sus sistemas de pensiones. Comenzó Suecia, a mediados de los años 90 y los políticos nórdicos decidieron que debían sacar las pensiones del debate político cotidiano. De aquella iniciativa, surgió la famosa reforma sueca (pensión mínima garantizada por el Estado, cuentas nocionales, aporte de capitalización, el sobre naranja que se envía cada año e informa de cuánto lleva cotizado cada trabajador…).
Después de Suecia, siguieron muchos otros: Italia en 2012 (apostando también por cuentas nocionales); Noruega en 2011; Reino Unido entre 2008-12 con su novedoso método de planes de empleo no obligatorios pero sí de inscripción automática; o, incluso, Francia, donde Emmanuel Macron ha planteado una reforma sustancial en el sacrosanto modelo galo de la Seguridad Social.
Las reformas sueca, italiana, noruega o francesa suenan muy bien pero en la práctica suponen que la misma cotización implica acumular menos derechos.
Otros países, como Grecia, no hicieron nada aunque los partidos firmaron una y otra vez todo tipo de compromisos políticos en los que se defendía la sostenibilidad del sistema o la garantía a los jubilados de que no sufrirían ningún recorte.
Por supuesto, los griegos han visto un recorte de sus pensiones (actuales y futuras). Se calcula que, desde 2009-10, las prestaciones han caído hasta un 40% en el país heleno. Pero hay una diferencia, al revés que en los países que implementaron las reformas graduales, este recorte fue repentino, mucho más profundo, desigual entre generaciones, inesperado y doloroso.
Pero no hay que engañarse pues en los dos casos, tanto para los países que acometieron reformas como para los que no lo hicieron, es resultado ha sido similar: hubo recortes en las pensiones.
En España, el Pacto de Toledo se creó a mediados de los noventa para, en teoría, replicar lo ocurrido en Suecia: sacar las pensiones de la pugna partidista y tomar decisiones impopulares pero que, al estar respaldadas por todos los partidos, saldrían adelante sin que unos u otros se acusaran de querer llevar la miseria a los jubilados.
En la práctica, ha servido exactamente para lo contrario, para blindar y consolidar la vía griega: cero reformas sustanciales, promesas crecientes, ocultación de la realidad y fiarlo todo a un futuro de color de rosa en el que España tendrá un mercado laboral que nunca tuvo, una tasa de actividad que nunca alcanzó, un crecimiento de la productividad a años luz del actual, millones de inmigrantes de elevada cualificación esperando a entrar en nuestras fronteras y una recuperación de la natalidad que ningún indicador apunta.
Si algo falla… pues ya llegará el Alexis Tsipras de turno y, con cara muy compungida nos anunciará de un día para otro que es necesario un recorte del ¿10-15-20%? en las pensiones actuales y en las futuras. Y la culpa será de los hombres de negro, de los mercados o de la troika….
LAS ‘RECOMENDACIONES’
Este viernes, los portavoces de la Comisión del Pacto de Toledo acordaron el borrador del texto que, previsiblemente, firmarán el martes. Se espera que casi todos los grupos del Congreso respalden las recomendaciones: PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos, PNV… En este punto, sólo queda la duda de qué hará VOX (se habla de una abstención), de si habrá votos particulares o de si ERC o Bildu también firmarán.
No ha habido ninguna sorpresa en el documento.
El contenido es el previsible y no hay ninguna reforma: no hay ninguna propuesta de reforma real del sistema.
La separación de fuentes de financiación NO es ninguna reforma.
No implica ni un euro de gasto más (o menos) ni un euro de ingresos adicionales. Simplemente, supone pasar al Estado algunos gastos que hasta ahora financiaba la Seguridad Social.
Pero, esto ya se hacía así. Cada año, la Administración Central envía varias decenas de miles de euros a la SS: parte como transferencias directas y otra parte como “préstamos” (pero nadie espera que la Seguridad Social devuelva esos préstamos).
Tras la (no) reforma de la separación de fuentes de financiación la Administración Central seguirá cubriendo esos 30.000 millones de gastos que hasta ahora abonaba la SS. La única diferencia es que ahora ese dinero estará en las tablas del Capítulo 4 de los Presupuestos Generales del Estado (Presupuesto de la Administración Central) y no en el Capítulo 6 (Presupuesto de la Seguridad Social).
Pero el pagador será el mismo (el Estado español, con sus impuestos y con la deuda que emite en los mercados) y los beneficiarios, también. Eso sí, los periodistas dejaran de hablar de préstamos entre dos entes que, en el fondo, son el mismo sujeto: Administración Central y SS Social no dejan de ser departamentos del Estado español, que es el que responde, por sus deudas y obligaciones, ante sus acreedores y sus ciudadanos.
A primera vista, podría parecer que esto no es ni bueno ni malo. Una mera reorganización presupuestaria. En el caso español, no está tan claro que este cambio sea inocuo. Pasar 30.000 millones (o los que se pasen) a las cuentas de la Administración Central provocará que, durante unos años, muchos políticos aseguren que han terminado “con el déficit de la Seguridad Social”. Y la presión, para hacer reformas o ajustar el gasto a medio plazo, desaparecerá.
Contributividad y suficiencia.
A lo largo del documento se hace referencia una y otra vez a una contradicción evidente. Por un lado, se dice que hay que mantener y reforzar el carácter contributivo del sistema (tanto cotizas, tanto cobras) y por el otro, a veces incluso en el mismo párrafo, se habla de incrementar la solidaridad (es decir, subir las pensiones más bajas y las no contributivas) como elemento de política social.
Las dos cosas a la vez son imposibles. Si el sistema es más contributivo, no se pueden subir más las pensiones y prestaciones no contributivas; si queremos que sea más solidario, entonces el “premio” por cotizar será menor en términos relativos. Lo normal es que ocurra esto último, porque es lo que ha estado sucediendo desde hace décadas.
Edad de jubilación.
La única propuesta concreta del documento está en la edad de jubilación. Se pide al Gobierno que presente un plan en tres meses. Se penalizarán las jubilaciones anticipadas y se incentivará que trabajen más allá de los 67 años. El objetivo es acercar la edad real de jubilación a la edad legal. Éste es un tema, por cierto, para el que no hay acuerdo ni siquiera en el mismo Gobierno que debe presentar la recomendación: aunque es la gran apuesta de José Luis Escrivá, en Podemos están en contra de la propuesta.
Esto sí supondría un recorte del gasto. Pero también en el documento de la Comisión hay muchísimos matices. No hay ninguna petición concreta de cómo penalizar las jubilaciones anticipadas o promover el alargamiento de la vida activa. Y se mantienen las tradicionales advertencias sobre trabajadores con ocupaciones penosas o muy exigentes desde el punto de vista físico. Es pernicioso introducir este tipo de excepciones, porque el sistema público es universal.
Respecto al acercamiento de la edad real de la jubilación a la legal, un reciente informe del sindicato USO, muestra que la Reforma Zapatero de 2011co n la extensión de la edad legal de jubilación a los 67 años y el incremento de 15 a 25 años del periodo de cómputo para el cálculo del valor de la pensión está llevando a una disminución media del 10 % de la cuantía de la pensión y que el aumento de los años necesarios para tener derecho al 100 % de la pensión provocará que la mayoría de los futuros pensionistas no lleguen a percibir la cuantía máxima que les habría correspondido.
Se propone nuevos cambios que implicarían más gasto y pensiones más altas para los futuros pensionistas. Por ejemplo, cuando pide “la facultad de elección de los años más favorables en la determinación de la base reguladora de la pensión” o “la inclusión de medidas que, con carácter excepcional, reconozcan la capacidad del beneficiario para descartar algún año concreto del periodo de cálculo ordinario”. En los dos casos, suena bien para el trabajador, porque le beneficia, pero supondría más gasto para el sistema y deshacer, en parte, lo aprobado en 2011.. Permitir que el pensionista elija los mejores años de cotización para tener una mejor pensión beneficiaría al pensionista, pero el sistema saldría muy perjudicado. Una completa irresponsabilidad
Los “robots”.
El punto más imaginativo es las “cotizaciones de los robots”. Bueno, lo de siempre… crear un nuevo tributo para hacer frente al agujero presupuestario.
Lo imaginativo es la fórmula escogida:
“Si la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad, pero no necesariamente un aumento del empleo, el reto pasa por encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales.”
Es decir, que si no hay reformas en el mercado laboral español, si la tasa de actividad sigue 10-15 puntos por debajo de los países más ricos de Europa, si no logramos mejorar nuestra productividad… entonces habrá que ponerle un impuesto a los robots, a los que se echará la culpa del paro y del déficit de las pensiones.
Eso sí, los mismos grupos parlamentarios nos dirán pasado mañana que ellos apuestan por la economía del conocimiento, las nuevas tecnologías, atraer las inversiones de las grandes empresas, el I+D+i… Hoy esto no toca: los culpables del agujero en las cuentas públicas son los robots.
Planes de empleo
En lo que concierne a la incentivación de los planes de pensiones de empresas, habrá que esperar a ver la letra pequeña, especialmente en lo que hace al tratamiento fiscal, aparte de que, aparentemente, supone un primer paso para avanzar en el cambio del actual sistema de reparto a un sistema de capitalización o mixto. Lo que no es malo en sí, al contrario; pero siempre que se haga de forma razonable y garantizando los derechos de aquellos trabajadores de las pequeñas empresas, la mayoría de las cuales no están hoy en condiciones de aportar al nuevo plan, y menos en la situación actual de recesión económica y cierre de negocios.
Y “COLORÍN COLORADO, ESTE CUENTO/FARSA SE HA ACABADO!
