El nombramiento en enero de 2020 de José Luis Escrivá Belmonte, entonces presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), como ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones del segundo Gobierno de Pedro Sánchez fue uno de los fichajes que causó más sorpresa en el mundo académico y mediático por su prestigio, su solvencia y sus contribuciones al frente de esa institución.
Escrivá, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid con premio extraordinario de licenciatura, se erigía como baluarte de la independencia desde su puesto como primer presidente de la AIReF, una institución cuyo objetivo era velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas y que había sido creada por el Gobierno del Partido Popular en 2014, cuando Cristóbal Montoro ocupaba el Ministerio de Hacienda.
Antes de ese rol, Escrivá había trabajado en BBVA (de 2004 a 2012) como economista jefe y director de su servicio de estudios, BBVA Research, y posteriormente como managing director del área de Finanzas Públicas, cargos que ocupó después de pasar por el Banco de España -donde inició su carrera profesional también en el servicio de estudios-, por el Banco Central Europeo -donde fue jefe de la división de Política Monetaria- y en el Banco Internacional de Pagos de Basilea -donde fue director para las Américas-.
Su currículum y los estudios que había realizado sobre cómo podían mejorar las finanzas públicas daban pistas entonces de la labor que podría desempeñar en el primer ministerio de Seguridad Social en solitario, desligado del de Trabajo, una separación que Escrivá escenificó físicamente, pues no quiso conformarse con las instalaciones anteriores en Nuevos Ministerios y una de las primeras medidas que tomó fue trasladar a su equipo a un nuevo edificio en la calle José Abascal, diáfano y sin despachos, al que se llevó también parte de su anterior equipo de confianza en la AIReF.
Difícil de carácter y con pocas habilidades comunicativas, Escrivá ha protagonizado muchas polémicas durante su mandato por su excesiva sinceridad al trasladar cuáles eran sus intenciones con respecto a las medidas que quería tomar. En 2020, la llegada de la pandemia le brindó un protagonismo inesperado con el impulso de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), primero, y con el lanzamiento precipitado del Ingreso Mínimo Vital (IMV), después, un subsidio que había estudiado mucho desde la AIReF y que tuvo que presentar sin el trabajo previo necesario por las presiones del entonces vicepresidente Pablo Iglesias.
Ese apremio provocó errores de diseño que luego tuvo que ir arreglando poco a poco, aunque a día de hoy la prestación no llega a los 850.000 hogares a los que se había marcado como objetivo y el Ministerio hace alarde de poca transparencia al publicar las cifras de beneficiarios, lo que ya le ha costado un enfrentamiento claro con Cristina Herrero, la presidenta de la AIReF que le sustituyó en el cargo.
Otro de los hitos de la labor de Escrivá al frente de Ministerio ha sido la comunicación de las cifras de afiliación a la Seguridad Social, ya que ha sido el primer ministro que plantea una forma alternativa de medir cómo evoluciona el empleo en el país (por medio de cifras desestacionalizadas) y que publica información de forma quincenal. Escrivá ha cuestionado mucho la labor de los periodistas en este campo, pues no entiende que los medios opten por seguir publicando los datos puros en serie original -que se han utilizado siempre históricamente- en lugar de su serie desestacionalizada.
La reforma de las pensiones ha sido la joya de la corona de su mandato y no ha estado exenta tampoco de multitud de polémicas, no sólo por las críticas externas sino por el boicot que ha sufrido desde dentro del propio Gobierno, protagonizado sobre todo por Pablo Iglesias y la facción de Podemos. La falta de experiencia con los medios y su excesiva transparencia llevaron al ministro Escrivá a anunciar de forma precipitada que tenía intención, por ejemplo, de ampliar el periodo de cómputo para calcular la pensión hasta los 35 años, una medida que finalmente no salió adelante sobre todo por las presiones de sus compañeros de Ejecutivo.
Escrivá ha tenido que ir haciendo muchas concesiones por el camino y rebajar sus intenciones respecto a las que inicialmente podía haber planteado desde la AIReF, a medida que fue entendiendo cómo funciona la política. Aún así, fue capaz de alumbrar una reforma que cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea gracias, en parte, a un mecanismo que abre la puerta a más reformas. Muchos apuntan que como sabe que lo que ha hecho no va a ser suficiente para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, él mismo ha planeado un sistema para aplicar ajustes adicionales.
Mostró gran habilidad también al trocear la reforma en dos partes, para garantizarse así el apoyo unánime a la primera -tanto en el diálogo social como en el Parlamento-, que estipulaba la revalorización de las pensiones con el IPC, y luego una necesidad de aprobar una segunda parte para poder pagarlo, sin contar ya con el visto bueno de los empresarios, a los que ha imputado la mayor parte del coste.
Su camino en el Ministerio, en el que también ha tenido momentos protagonistas por la gestión de la inmigración y sobre todo por el aluvión de llegadas irregulares a Canarias, le ha permitido mutar su perfil independiente hacia uno más político y beligerante. Al inicio, Escrivá se sorprendía cuando intervenía en las comisiones del Congreso y el Senado sobre el tono, al que decía «no estaba acostumbrado» en el mundo académico, pero mes a mes fue adquiriendo tablas y acabó adoptando una actitud similar a la de sus interlocutores.
No sólo ha criticado abiertamente al PP por su gestión en el pasado y ha protagonizado duras interpelaciones con la oposición, sino que abiertamente discrepa en X -antigua Twitter- con otros políticos y con expertos de otros servicios de estudios, con los que antes compartía profesión.
No ha sabido llevar con deportividad las críticas del mundo académico, procedentes de think tanks como Fedea, Funcas, BBVA Research, el Instituto de Estudios Económicos o EsadeEcPol, entre otros, a los que ha criticado por hacer evaluaciones rápidas «con un ordenador desde su casa», sin el rigor que sí utiliza su equipo, desacreditando así al mundo del que él mismo procede. Esto le ha hecho perder parte de ese halo de solvencia e independencia que le rodeaba hace tres años y del respeto que infundía entonces en buena parte de las élites.
Pese a su personalidad peculiar, Escrivá se ha mostrado mucho más disponible para la prensa que otros ministros, suele responder a las preguntas de los periodistas y, además, ha sido protagonista de anécdotas divertidas en estos encuentros.
Las cuentas del Ministerio
La Seguridad Social volverá a cerrar con déficit en 2023, estimado en -7.199 millones (-0,5% del PIB), si se cumplen las previsiones contenidas en el Programa de Estabilidad 2023-2026. Y ello, pese a que el sistema se ahorrará 19.888 millones en gastos impropios. En total, entre 2022 y 2023, el Ministerio se librará de pagar 38.284 millones de euros (gastos que no le correspondían, pero que hasta 2021, incluido, tuvo que costear).
Escrivá tampoco a atajado la deuda de la Seguridad Social, disparada por encima de cuotas inéditas hace apenas unos años. Con los últimos datos conocidos, soporta un endeudamiento de 106.172 millones de euros en septiembre, lo que representa un crecimiento interanual del 7%. La deuda cumple así 11 meses por encima de la cota de 100.000 millones, un nivel histórico y psicológico inaudito para el sistema de pensiones, que a finales de 2019 debía únicamente 55.024 millones.
Este fuerte incremento de la deuda se debe fundamentalmente a «los préstamos concedidos por el Estado para financiar su déficit presupuestario», según detalla el Banco de España y según el propio el Ministerio de Seguridad Social, la culpa la tienen los gastos derivados de la pandemia del coronavirus en la que se disparó el gasto en prestaciones y en ayudas públicas, al tiempo que se contrajeron los ingresos por cotizaciones sociales.
Lo cierto es que la auditoría de la Seguridad Social aunque se incluyó en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre todavía no se ha publicado. El propósito de la auditoría, tal como la encargó el Pacto de Toledo al Gobierno, es desagregar los gastos propios e impropios de sistema, para ver qué parte del déficit del sistema es realmente debido al gasto en pensiones, así como conocer en qué tipo de políticas se gastó el Fondo de Reserva de las pensiones, que llegó a tener 67.000 millones, y que en 2021 estaba casi vacío.
La reforma Escrivá de las pensiones
La reforma Escrivá de las pensiones se ha concretado en dos etapas: primero, la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, y más recientemente, el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas; ambas normas pactadas con los sindicatos en su totalidad, y con la patronal parcialmente. Bruselas de momento ha aceptado un listado de medidas que aumentan las cotizaciones, pero no implican cambios determinantes en la edad de jubilación o en la fórmula de acceso a las pensiones.
Se rellenará de nuevo la ‘hucha’ de las pensiones
Una de las medidas más lucidas y llamativas del legado del ministro es ya la operación de relleno del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la hucha de las pensiones, que terminará el año 2023 con un saldo positivo de 5.500 millones de euros. Este fondo ha comenzado a rellenarse de nuevo en 2023, gracias a las entradas de fondos vinculados a la subida de cotizaciones que impone el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
De acuerdo con la reforma de las pensiones, el Fondo se irá nutriendo de aportaciones hasta 2032, incluido, sin que se puedan extraer recursos de él. A partir de 2033, será la Ley de Presupuestos Generales del Estado la que decidirá el desembolso anual a efectuar por el Fondo de Reserva, en términos de porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB), pero siempre con un límite del 0,10%- 0,91% del PIB, para cada ejercicio del periodo 2033-2053, dependiendo de cada ejercicio
Si se cumplen las previsiones del Ministerio, esta hucha alcanzará una cuantía de entre 120.000 y 130.000 millones hacia mediados de los años 40, el doble de lo que llegó a poseer en 2011, su momento de máximo esplendor (entonces acumuló 67.000 millones de euros).
Nuevo régimen de autónomos
Desde 2023, los autónomos están obligados a cotizar por sus rendimientos netos, con deducción del 7% por gastos generales (del 3% para autónomos societarios), y según unos baremos fijados hasta 2025, con una tabla de 15 tramos de rendimientos, bases mínimas y máximas de cotización. Esto significa que el nuevo régimen del RETA experimenta un periodo transitorio de tres años, durante los cuales, los autónomos pueden cambiar de tramo cada dos meses, con un total de seis modificaciones al año.
De acuerdo con las tablas orientativas publicadas por el Ministerio de Seguridad Social, en 2024, la cuota mínima que se abonará en el primer tramo de ingresos, bajará hasta los 225 euros, pero, en cambio, la cantidad mínima que se pagará en el tramo superior aumentará a 530 euros mensuales.
Por su parte, en 2025, último año de transición del RETA, la cuota mínima en el tramo inferior de ingresos volverá a bajar, hasta los 200 euros, mientras que se encarecerá aún más para quienes más ganen: pagarán como poco 590 euros mensuales, que es lo que corresponderá a los autónomos que declaren más de 6.000 euros al mes y tengan una base de cotización de 1.928,10 euros.
IPC seguro, y mínimas y no contributivas suben más
Las dos patas de la reforma Escrivá contienen medidas encaminadas a mejorar la suficiencia de las pensiones, entre ellas:
– Revalorización de pensiones en función del IPC. Mediante la vinculación de las pagas al IPC medio anual, medido entre noviembre del año en curso y diciembre del anterior, se garantiza cada año el poder adquisitivo de los pensionistas frente a la inflación.
– Mejoría de las pensiones no contributivas. Tal como establece la normativa aprobada en marzo de 2023, el importe de las pagas asistenciales se incrementará en mayor medida, hasta converger en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal.
– Las pensiones contributivas mínimas. Entre 2024 y 2027, las pagas más bajas subirán un porcentaje adicional a la revalorización anual, tomando como referencia la pensión mínima con cónyuge a cargo, hasta que lleguen a converger con el 60% de la renta mediana de un hogar con dos adultos en 2027.
Más cotizaciones, subida de bases y pensión máxima, la cotización de solidaridad, la jubilación demorada,
– Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Vigente desde el 1 de enero de 2023, el MEI aumentará aún más las cotizaciones desde 2024: el próximo 1 de enero, la cotización extra por el MEI (que este año es del 0,6%) crecerá una décima, hasta alcanzar 1,2 puntos porcentuales en 2029. Esta medida tiene por objeto nutrir el Fondo de Reserva de las pensiones. Por imposición de Bruselas se incluye una cláusula de cierre que arbitra un mecanismo semiautomático de subida de cotizaciones del MEI en caso de que no haya cumplimiento de los escenarios de déficit del sistema previstos por el Gobierno.
– Incremento de la base y pensión máximas. Con la reforma, se establece una subida gradual de las bases máximas de cotización entre 2024 y 2050, de acuerdo al IPC más 1,2 puntos porcentuales. Por su parte, las pensiones máximas se revalorizarán con el IPC más un incremento adicional de 0,115 porcentuales acumulativos cada año desde 2025 hasta 2050. A partir de 2050 y hasta 2065 habrá incrementos adicionales de la pensión inicial en ese período.
– Incentivos para retrasar la jubilación. Desde 2022, existen cuatro vías: la revisión de la jubilación anticipada, tanto voluntaria como involuntaria y por razón de la actividad; la jubilación demorada; la jubilación activa, y la jubilación forzosa.
– Cuota de solidaridad. Los salarios más altos que queden por encima de la base máxima de cotización pagarán esta nueva cuota de solidaridad, sobre la parte del salario que hasta ahora no cotizaba. Se aplicará gradualmente, partiendo de cuotas del 1% en 2025, hasta alcanzar el 6% en 2045.
– Complemento de reducción de la brecha de género. Durante el bienio 2024-2025, este complemento tendrá un incremento del 10%, adicional a la revalorización anual según el IPC.
– Lagunas de cotización. Para las mujeres se cubrirán hasta cinco años de vacío de cotización con el 100% de la base mínima; el sexto y séptimo año, con el 80% de la base mínima.
–Periodo de cotización para el cálculo de la pensión de jubilación. Desde 2026, convivirá un régimen dual del periodo de cómputo para los próximos 20 años, por el que se aplicará a los trabajadores que se jubilen la más beneficiosa de estas opciones: los 29 últimos años de carrera, descartando 24 meses (2 años) peores; y el periodo de cómputo actual (25 últimos años). La primera posibilidad se desplegará progresivamente durante 12 años a partir de 2026.
Los planes de pensiones de empleo (PPE)
Desde finales de junio de 2023 está en vigor el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones que establece un nuevo marco normativo para los planes de pensiones de empleo. Este mecanismo alternativo de ahorro de cara a la jubilación pretende que las empresas lo pongan a disposición de sus trabajadores para que, de manera voluntaria, tengan un complemento a su pensión pública.
La novedad de la Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo es que «pretende llevar a la práctica la promoción pública de fondos de pensiones que faciliten el acceso a estos mecanismos de ahorro de bajas comisiones a trabajadores de rentas medias y bajas, así como a la plantilla de pequeñas y medianas empresas, empleados públicos, trabajadores autónomos, temporales y jóvenes». Por el contrario el Gobierno ha propinado un hachazo fiscal a los planes de pensiones individuales y las aportaciones máximas anuales se han reducido desde los 8.000 euros anuales a 1.500 euros al año.