Las administraciones suponen el 16% del PIB español, impulsado por fuerte incremento del consumo público, que ha crecido ocho puntos desde antes de la pandemia
Pedro Sánchez ha disparado un 27% el gasto en nóminas públicas, mientras el empleo privado evoluciona cada vez peor.
El gasto público sostiene el crecimiento económico a costa de aumentar la deuda que hipotecará posibles alzas futuras. No ha dejado de crecer desde que se inició la gran depresión y la crisis financiera de 2007, alcanzó cifras históricas con la pandemia y la guerra de Ucrania, y sigue sin aflojar su ritmo tras la crisis inflacionista a la espera de que Bruselas empiece a aplicar las nuevas reglas fiscales y se haga necesario un fuerte ajuste. Así, un tercio (0,8 puntos) del crecimiento del PIB anual de 2023 (2,5%) se debe al consumo público.
En los últimos tres meses del año, con un crecimiento del 1,4% (cinco veces más que el consumo de los hogares nacionales) este gasto aportó la mitad (0,3%) del crecimiento intertrimestral del PIB (0,6%). En tasa interanual, creció un 4,4%, casi el doble que el registrado por las familias (2,3%).
El ingente gasto de las Administraciones Públicas se ha convertido en el principal argumento de resistencia de la economía española, frente al nulo o negativo crecimiento de las economías más importante de la Eurozona. Pero en algún momento no tendrá más remedio que reducirse ese consumo público, porque la cuerda que le ha dado el incremento de los ingresos por la subida de impuestos es limitada.
De las ayudas de los fondos europeos, que tienen fecha de caducidad, hay menos noticias en el PIB. Se refleja poco en la inversión pública, ya que muchos programas no se cumplen.
Mientras, en el sector privado no se aprecia nada su impacto porque, por ejemplo, la Formación Bruta de Capital Fijo fue negativa en dos puntos en el último trimestre con especial incidencia en bienes de equipo y construcción. Lo que es evidente es que el sector público tiene cada vez mayor tamaño, mientras que la incertidumbre y los elevados tipos de interés por la inflación reducen la dimensión privada (más productiva) en la economía nacional, esto significa que sigue aumentando el intervencionismo público, que suele lastrar y dificultar el crecimiento estable y sostenido.
Desde el lado de la oferta, según las cifras de Contabilidad Nacional del INE 2023, las Administraciones Públicas representan más del 16% del PIB en términos ajustados de estacionalidad y calendario. Pero, curiosamente, para ello, han necesitado emplear a casi el 24% de los todos los ocupados nacionales. Lo que evidencia bajos niveles de productividad.
El PIB se situó en 2023 en 1,46 billones de euros a precios corrientes. De ellos, más de 233.000 millones corresponden a la contribución de las Administraciones Públicas. Es decir, uno de cada seis euros de la producción en España (más del 16%) lo aporta el sector público. Llegó al 19% en el primer año de la pandemia y, por ejemplo, superó el 17% en la segunda recesión. Con ese porcentaje, el sector público se ha convertido en la segunda actividad más importante de la economía española, por detrás del comercio, la hostelería y el transporte, que lidera la participación con un 22%. Representa además el 23% del conjunto del sector de los servicios, que es el principal motor del PIB (70%).
Esa contribución de las Administraciones al PIB supera en más de un punto a la de la industria, cuyo peso en la economía sigue reduciéndose y se queda en el 15%. Esa aportación del sector público triplica de largo a la de la construcción (5% de peso en el PIB) y a la del sector financiero y de seguros (5,5%); duplica a la de las actividades profesionales, científicas y técnicas (8%) y casi también a las del sector inmobiliario (9%); supera en cuatro veces la de las actividades artísticas y recreativas (4%); y es casi ocho veces superior a la representación de la agricultura, que curiosamente se sitúa en sus niveles históricos más bajos (2%).
España gasta en salarios públicos un 15% más que la Eurozona
Desde el lado de la demanda, se observa también el inmenso tamaño que mantiene el sector público en la economía española. El gasto en consumo de las Administraciones Públicas, que incluye la incidencia del nuevo aumento del empleo, supuso en 2023 casi el 27% (casi 395.000 millones) del gasto del consumo final de todo el país (hogares, sector público e instituciones sin ánimo de lucro). Es casi ocho puntos superior al que se registraba antes de la pandemia. Lo que da idea del ‘subidón’ de este gasto a lomos del alza de impuestos en los peores años sanitarios e inflacionistas. Este gasto público en consumo representa además el 21% de la Demanda Nacional y el 20% del PIB
En términos de empleo, el sector público da trabajo al 24% de los ocupados (incluye la educación y la sanidad) cuando antes de la pandemia llegaba al 21,9% y al 17,5% al inicio de la gran depresión en 2007. Lo que evidencia que el sector público utiliza cada vez más personal, incluso a pesar de la ingente inversión en digitalización, pero no produce porcentualmente lo mismo que los demás sectores y actividades.
Por ejemplo, la actividad del comercio, hostelería y transporte aporta al PIB el 22,4%, seis puntos más que el sector público, con tan solo un 12% de empleados más. La industria, por su parte, produce un 15% de la economía, un punto menos que las Administraciones, con un 44% de puestos de trabajo menos. Mientras, por ejemplo, la construcción, la agricultura y las actividades financieras e inmobiliarias aportan en su conjunto casi un 22% al PIB, seis puntos más que las Administraciones, con un 54% de empleos menos.
España se sitúa entre los países de la Eurozona que más gastan en salarios de sus empleados públicos. Concretamente, un 15% más que la media y hasta un 45% más si nos comparamos con el gasto público que destinan a esta partida países como Alemania. En términos absolutos, España gasta, como proporción del PIB, 21.000 millones de euros más que la media de la Eurozona y, 49.000 más que Alemania.
Así lo recoge un informe elaborado por el Instituto Juan de Mariana titulado Las sombras del mercado laboral español. Paro privado, maquillaje estadístico y exclusión laboral. Un trabajo en que se pone de manifiesto cómo la tasa de paro real alcanza ya el 15,8%, frente a la cifra oficial del 11,8%.
El estudio también se detiene en el peso del empleo público sobre el total de ocupados, observando el crecimiento de esta cuota, con todo lo que esto supone en términos del gasto soportado por familias y empresas. Y es aquí donde demuestran que, en efecto, la relación entre asalariados públicos y ocupados privados (autónomos y trabajadores por cuenta ajena) muestra una tendencia muy clara, tanto que, si en junio de 2017 había casi 7 ocupados en el sector privado por cada empleado público, a cierre de 2023 encontramos que esta relación es ahora de 6 a 1, una cifra muy cerca del máximo registrado en plena pandemia.
El excesivo crecimiento del empleo público no es un fenómeno súbito sino una tendencia anterior incluso a la crisis del coronavirus. De hecho desde julio de 2017 hasta febrero de 2020, el número de trabajadores de las Administraciones creció un 7,1%, casi duplicando el aumento del 3,7% registrado en el ámbito privado y, ahondando en esta línea, también el primer año de la pandemia (marzo de 2020 a febrero de 2021) se saldó con un repunte del empleo público del 11,7%,frente al desplome del 4,2% en la ocupación privada.
Desde ese momento, hasta mayo de 2023, el empleo público ha seguido aumentando, acumulando un incremento del 2,1%. Por lo tanto, superada la urgencia sanitaria, lo cierto es que, en vez de amortizar las plazas públicas creadas en la pandemia, tales empleos se han llegado a consolidar y, es más también desde el segundo trimestre de 2023, el empleo público ha crecido sistemáticamente más deprisa que el privado.
España gasta más en salarios públicos que la media de la Eurozona. Una tendencia creciente lo que en términos comparados se puede verificar observando el gasto en remuneraciones de empleados público, que en España ya alcanza el 11,3% del PIB. Y, esto supone 1,5 puntos más que el promedio observado en los países de la Eurozona (9,8% del PIB).
Así, entre los países que gastan más que España figuran los escandinavos, y Francia y Bélgica. Por el contrario los socios de la UE que asumen menores salida de recursos financieros en salarios públicos figuran Portugal, Grecia, Austria o República Checa, entre otros. Además hay un grupo de países avanzados que gastan mucho menos por este concepto, como es el caso de Italia (9,4% del PIB), Holanda (8,2%), Alemania (7,9%) o Irlanda (5,9%).
Si España dedicase a sueldos públicos una cantidad homologable a la observada en la Eurozona, el gasto público sería inferior por un monto cercano a los 21.000 millones de euros anuales. Y de igual modo si el gasto español en salarios públicos fuese, como proporción del PIB, el mismo que el de Alemania, el ahorro sería de 49.000 millones de euros por ejercicio.
Por otro lado, si comparamos la evolución del gasto en nóminas públicas, medido siempre como proporción del PIB, se puede ver que, entre los 27 países de la UE, un total de 11 socios lo han reducido entre 2014 y 2023, frente a otros 14 restantes que lo incrementaron. España se encuentra en el segundo grupo, con un incremento de una décima, de modo que el problema viene de lejos. Eso sí seis países que en 2014 gastaban menos que España en salarios públicos presentan en 2023 unos desembolsos aún más bajos en comparación. Es el caso de Irlanda, Italia, Holanda, Austria, Polonia y Hungría. Asimismo tres países que en 2014 gastaban proporcionalmente más que España han reducido el gasto de tal manera que ahora figuran por debajo de nuestro país, como ha ocurrido en Portugal, Grecia y Malta.
Acotando el análisis al periodo de gobierno de Pedro Sánchez (del tercer trimestre de 2018 al mismo periodo de 2023, último dato disponible), el gasto en nóminas públicas del conjunto de Administraciones Públicas creció un 27,3%, porcentaje que se sitúa casi un 25% por encima de la media de la Eurozona, donde el repunte fue del 22,1%.
Lo cierto es que el excesivo y creciente peso del empleo público, es una de las razones que explican el mal comportamiento de la economía española en relación con la UE-27, reflejado en los resultados del Indicador de Gestión Económica que sitúa a España como el país con peores resultados durante el periodo 2019-2023, en base a variables como el PIB, los salarios, la deuda, el empleo o la presión fiscal. Además, y en términos agregados, el gasto público aumentó entre 2018 y 2023 de menos del 42% a más del 47% del PIB entre 2018 y 2023. Durante este periodo, la posición de España en el ranking mundial de PIB per cápita cayó del puesto 32 al número 37.
Por último, y de cada uno de los cinco años analizados nuestro país se ha visto superado por otro, hasta terminar por debajo de Chipre, Eslovenia, República Checa, Israel y Aruba. Por eso en línea con los estudios de eficiencia del gasto público del Instituto de Estudios Económicos y las recomendaciones de la Airef, los partidarios de seguir aumentando el gasto ignoran la cruda realidad de una economía que cada vez presenta peores resultados, como consecuencia directa de la continua expansión de los dispendios públicos.
El exceso de gasto en empleados públicos ya nos cuesta 21.000 millones al año
El peso del empleo público se ha disparado en España a lo largo de los últimos años. Aunque se mantuvo estable entre 2014 y 2018, cuando el número de contratados por las Administraciones era equivalente al 15% de los ocupados en el sector privado, esta rúbrica subió con fuerza entre 2019 y 2020 y, tras un cierto ajuste en 2021, ha vuelto a crecer en 2022 y 2023.
La ineficiencia en el gasto público derivada de unos gastos de personal tan inflados obliga, entre otras cosas, a aplicar una fiscalidad mucho más elevada, detrayendo al sector privado una mayor cantidad de recursos en forma de impuestos. Cobramos muchos más impuestos de los necesarios para financiar servicios básicos y funciones públicas esenciales, de ahí que nuestros indicadores de eficiencia en el gasto sean mediocres, hasta el punto de que el gasto podría ser inferior en 60.000 millones si España se igualase al promedio de eficiencia observado en la OCDE.
El gasto excesivo en nóminas públicas es, por tanto, un elemento que contribuye a explicar por qué la economía española presenta una situación cada vez más negativa en comparación con buena parte de los países de nuestro entorno, puesto que el crecimiento reiterado de los gastos públicos se produce a costa de la economía del sector privado, cuya capacidad de ahorro e inversión se ve directamente comprometida por unas estructuras administrativas cada vez más costosas.
Fuentes:
España gasta en sueldos públicos 49.000 millones más que Alemania (theobjective.com)
El exceso de gasto en empleados públicos ya nos cuesta 21.000 millones al año – Libre Mercado