Los habitantes de origen extranjero casi alcanzan ya, por primera vez, los 10 millones y son el 20% de la población
La población española aumentó en medio millón de personas por la inmigración en 2024. Son datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha publicado este martes el Censo Anual de Población. Estudiándolos en profundidad -la suma del saldo positivo de nacimientos menos muertes de los extranjeros- la población inmigrante de primera o segunda generación creció en más de 700.000 personas, y disminuyó en 195.000 la población autóctona por el invierno demográfico. El Gobierno presume de que los inmigrantes «están ayudando» al sistema de bienestar, pero los expertos advierten de que esto es un «disparate».
Así se expresa, entre otros, el demógrafo Alejandro Macarrón, en referencia a que «vinieron 626.000 inmigrantes netos más, pese a haber 4,3 millones de parados reales en el último trimestre de 2023 (incluida gente que quería trabajar pero no buscaba empleo), de los que 31% eran inmigrantes». Por origen, el 70,5% de los inmigrantes netos de 2024 fueron americanos, casi todos ellos hispanos (colombianos y venezolanos los que más, seguidos de peruanos, argentinos y cubanos); el 19,6% fueron africanos (59% marroquíes y 13% argelinos), el 7,8% asiáticos (pakistaníes, lo que más, seguidos de chinos), y tan sólo un 1,9% procedieron de otros países europeos.
El responsable de Estudios y Análisis Social de CEU-CEFAS ha calculado que entre 2018 y 2025, durante la presidencia de Sánchez, hay 3,5 millones más de personas nacidos en el extranjero y 1,4 millones de españoles menos. «Según la Estadística Continua de población del INE, un mes después de llegar Pedro Sánchez al poder residían en España 6,33 millones de nacidos en el extranjero. A 1 de octubre de 2025 eran 9,825 millones, que habrían sobrepasado a 1 de diciembre los 9,9 millones (20,0% de la población de España) de haber seguido llegando al ritmo de los trimestres anteriores (casi 3,6 millones más desde que Pedro Sánchez aterrizó en la Moncloa)», explica Macarrón, que cifra en más de diez millones los habitantes en España nacidos en el extranjero.
Este demógrafo ya vaticinó que en 2045, dados los flujos migratorios actuales y el invierno demográfico entre los españoles, los extranjeros superarían numéricamente a los autóctonos. Sus previsiones no hacen sino confirmarse con los últimos datos, relativos a 2024. «Ha sido un año muy sustitutivo en lo demográfico, vistos estos números. Ni bulos ni trolas: datos», dice Macarrón, que recalca que «perdimos 195.000 españoles autóctonos menos por más muertes que nacimientos».
El Gobierno ha celebrado estos números. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido este martes el papel que juega la inmigración en hacer más sostenible el sistema público de pensiones y, sobre todo, para afrontar las tensiones que supone la entrada en la jubilación de las personas que pertenecen a la generación del baby boom. En concreto, ha destacado que los inmigrantes «están ayudando» a sostener el estado de bienestar, contribuyen al rejuvenecimiento de la sociedad e impulsan la población en España «a un ritmo mucho mayor que países de nuestro entorno». La ministra ha apuntado que para 2025 estaba prevista una entrada de 400.000 personas y va a acabar rondando las 600.000.
«Un disparate»
Los expertos consideran que la estrategia del Gobierno consistente en «importar masivamente mano de obra extranjera para cubrir jubilaciones es un disparate». «No tiene en cuenta los parados actuales y futuros (los que genere la automatización de algunos empleos), el nivel de subempleo existente (la suma de parados oficiales y gente que aunque está trabajando a tiempo parcial quiere encontrar un empleo mejor es superior a cuatro millones) ni los inmigrantes en edad de trabajar que no trabajan y cobran subsidios», explica el economista Javier Santacruz.
Tampoco tiene en cuenta su impacto sobre la seguridad y sobre el mercado inmobiliario, extraordinariamente tensionado. Un reciente informe del Departamento de Estudios y Análisis Social de CEU-CEFAS, El problema de la vivienda en España: análisis y propuestas, señalaba la inmigración masiva como una de las principales causas de la crisis de vivienda, junto a la «obstrucción y lentitud en permisos», la «fiscalidad muy elevada» y la «desestructuración familiar».
Consultores inmobiliarios como José Luis Ruiz Bartolomé consideran que «la principal causa de la crisis de vivienda es la inmigración», puesto que «hay una demanda desaforada y una oferta que no responde a las necesidades del mercado»: «Desde 2021 los nuevos hogares (inmigrantes) triplican la oferta creada de vivienda». Alejandro Macarrón zanja con otro dato demoledor: «En 2024 solo se terminaron 100.000 viviendas nuevas, el 50% de las necesarias para esa nueva inmigración».
Los expertos ven inviable el plan del Gobierno de recibir 3,5 millones de inmigrantes más
El Ministerio de Inclusión y Migraciones sostiene que una llegada masiva de extranjeros compensará las jubilaciones
En la próxima década se jubilarán 5,3 millones de trabajadores, mientras que solo se incorporarán 1,8 millones de jóvenes al mercado laboral. Esas son las predicciones de la Fundación Adecco que el Gobierno de España ha hecho suyas para justificar la llegada de 3,5 millones de inmigrantes más con el objetivo de «compensar las jubilaciones» y blindar las pensiones. Sin embargo, los expertos consultados por THE OBJECTIVE ofrecen seis argumentos contra ese planteamiento.
El primero, y más evidente, es el que tiene que ver con el paro estructural que, de un tiempo a esta parte, asola a España. La Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo semestre de 2025 asegura que el número de desempleados es de 2.533.100 personas, con una tasa del paro del 10,29%. Sin embargo, otras estimaciones sugieren que el desempleo real podría oscilar los 4 millones de personas al incluir categorías como demandantes no ocupados (200.532), personas con disposición limitada (372.549) y trabajadores en situación de inactividad laboral, como fijos discontinuos o afectados por ERTE (859.000), según datos de febrero de 2025 del Servicio Público de Empleo (SEPE).
Para más inri, muchos de estos parados son extranjeros. Según los datos más recientes, relativos al Instituto Nacional de Estadística, hay 6,6 millones de extranjeros residentes en España. Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones indica que hay 2,8 millones de afiliados extranjeros a la Seguridad Social. Calculando la diferencia, aproximadamente 3,8 millones de extranjeros residentes no estarían cotizando a la Seguridad Social, lo que representa cerca del 57,6% del total. Sin embargo, esta cifra incluye a las personas que no están en edad de trabajar (menores, jubilados) o que no forman parte de la población activa (estudiantes).
El subempleo
Por lo expuesto, el economista Javier Santacruz sostiene que «importar masivamente mano de obra extranjera para cubrir jubilaciones es un disparate»: «No tiene en cuenta los parados actuales y futuros (los que genere la automatización de algunos empleos), el nivel de subempleo existente (la suma de parados oficiales y gente que aunque está trabajando a tiempo parcial quiere encontrar un empleo mejor es superior a 4 millones) ni los inmigrantes en edad de trabajar que no trabajan y cobran subsidios».
Además, abunda Santacruz, «también es un disparate porque no tiene en cuenta tres factores fundamentales: el nivel de cualificación y formación de esos inmigrantes y si encajan o no con los puestos vacantes o futuros; qué productividad tienen; y la probabilidad de que tengan salarios bajos porque su productividad o el sector en el que trabajan no da más de sí y tengan que estar subsidiados ellos mismos o sus familias».
En este mismo sentido, el demógrafo Alejandro Macarrón considera que «con cuatro millones de parados reales (1/3, inmigrantes), sobran más inmigrantes de los que faltan», ya que han llegado «1,8 millones más en los últimos tres años, pese a que, con nuestro Estado de Bienestar, tener varios millones de parados es carísimo, y al daño de este aflujo a la empleabilidad de tantos parados». «A partir de 2030-2035, España, por su siberiano invierno demográfico, tendrá que elegir entre más inmigración, jubilaciones aún más tardías o más vacantes laborales», zanja Macarrón, que opta por lo segundo.
Un tercer argumento contra el plan del Gobierno, que se suma al paro estructural y al número de extranjeros desempleados, es el de los españoles que residen actualmente en el extranjero. Según los datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) del Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de enero de 2025, 3.045.966 personas con nacionalidad española residían fuera de España.
Déficit de vivienda
El siguiente inconveniente es que la llegada de 3,5 millones de inmigrantes en tan poco tiempo tensionaría aún más el mercado inmobiliario. En este sentido, un reciente informe del Departamento de Estudios y Análisis Social de CEU-CEFAS, El problema de la vivienda en España: análisis y propuestas, señalaba la inmigración masiva como una de las principales causas de la crisis de vivienda, junto a la «obstrucción y lentitud en permisos», la «fiscalidad muy elevada» o la «desestructuración familiar».
«La principal causa de la crisis de vivienda es la inmigración, hay una demanda desaforada y una oferta que no responde a las necesidades del mercado», coincide el consultor inmobiliario José Luis Ruiz Bartolomé, que señala que «desde 2021 los nuevos hogares (inmigrantes) triplican la oferta creada de vivienda, y 3,5 millones más nos llevarían al conflicto social». Por último, Bartolomé se remite a un informe reciente de la economista Rosa Sanchis-Guarner que concluye que «por cada punto porcentual de aumento de población por inmigración, la vivienda se encarece 2,5%».
Tasa de natalidad
También hay que tener en cuenta que la tasa de natalidad en España es muy baja en comparación con el nivel de reemplazo generacional (aproximadamente 2,1 hijos por mujer para mantener la población estable): el índice de fecundidad en 2024 se mantuvo en 1,12 hijos por mujer, uno de los más bajos de la Unión Europea, solo por encima de Malta (1,08). Por eso cada vez son más las voces que piden políticas de fomento de la natalidad, como el demógrafo Alejandro Macarrón, y no de inmigración masiva.
Esta baja tasa de natalidad está relacionada con la elevada tasa de abortos. «Si en 2024 el número de abortos a mujeres residentes en España hubiera sido como el de 2023 (100.000 y pico), ha habido 940.000 abortos de 2015 a 2024, ambos inclusive», expone Macarrón, que abunda: «A fecha de hoy, debemos estar ya por los 3 millones de abortos a mujeres residentes en España desde 1986, más unos 60.000 de turismo abortivo».
Falta de integración
El responsable de Estudios y Análisis Social de CEU-CEFAS alerta de que los inmigrantes no compensarán el «catastrófico déficit de natalidad de los españoles»: «No paran el envejecimiento social, solo lo ralentizan. No muchos cubren empleos cualificados. No solucionan la soledad y desierto afectivo por falta de niños y la desestructuración familiar. Y hay riesgos de integración por exceso y/o choques culturales».
En este último sentido, los inmigrantes cometen proporcionalmente más delitos que los españoles. «La mayor parte de los condenados en 2023 tenía nacionalidad española (72,3%). No obstante, atendiendo a la tasa por cada 1.000 habitantes de 18 y más años, la de los de nacionalidad extranjera (14,6) fue superior en 2,5 veces a la de los de nacionalidad española (5,8)», admite el propio INE. No obstante, la proporción es aún mayor en delitos como los feminicidios (3,8) o en violaciones (el triple).
Fuentes:
El saldo poblacional de 2024: 700.000 extranjeros más y 195.000 españoles menos
Los expertos ven inviable el plan del Gobierno de recibir 3,5 millones de inmigrantes más
