España se gasta cada mes casi 10.000 millones de euros en pensiones, una cifra que se ha incrementado en más del 40%en la última década como consecuencia no solo del incremento del número de pensionistas, sino también de que los que se incorporan tienen prestaciones más altas que los que salen del sistema.
Parece que de poco han servido a sus señorías las decenas de expertos que han pasado por la Comisión del Pacto de Toledo para advertir sobre la crítica situación del sistema de la Seguridad Social. Cuatro años después de su constitución, repartidos durante tres legislaturas distintas, los diputados han logrado un preacuerdo, que probablemente esta semana se convertirá en pacto, con recomendaciones para reformar el sistema en aras de garantizar su suficiencia y su sostenibilidad.
Unas recomendaciones en las que al parecer han pesado más los nueve millones de votantes pensionistas que hay en España, que la necesidad de poner encima de la mesa reformas que permitan garantizar no solo las pensiones actuales, sino fundamentalmente las futuras.
El preacuerdo alcanzado se basa en cinco pilares:
1.- Volver a ligar la subida de las pensiones al IPC; probablemente la más regresiva y electoralista de las recomendaciones. Los pensionistas no pueden ser ajenos a la evolución de la economía, ni a lo que ocurre con los salarios, ni a la salud del sistema. De hecho, el alza de las pensiones estuvo durante años ligada a esa subida del IPC, pero cuando llegó la crisis financiera, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se vio obligado a congelar las pensiones porque no había dinero para pagarlas. Y porque tenía toda la lógica que el ajuste recayera sobre toda la sociedad, no solo sobre los trabajadores.
2.- Trasladar los gatos de prestaciones “impropias” de la Seguridad Social (incluidos los gastos de la propia administración de la Seguridad Social) a la Administración General del Estado. Es decir cargarlos a los Presupuestos Generales del Estado en vez de a la caja de la Seguridad Social. Se aligeran las cuentas de la Seguridad Social, pero se tensionan las del Estado. Para ese viaje no se precisan alforjas.
3.- Invocar la necesidad de acercar la edad de jubilación efectiva a la edad legal ordinaria de jubilación. Para lo cual no se hace ninguna recomendación concreta, es un simple “canto al sol”
4.- La elección de los 25 mejores años de las cotizaciones para el cálculo de la cuantía de la pensión de jubilación, lejos de aligerar la factura, la incrementará: otra medida electoralista. Lo más lógico, y lo más equitativo es que la cuantía de la pensión se calcule con las cotizaciones de toda la vida laboral totales.
5.- La incentivación de los planes de pensiones en las empresas (“planes de pensiones de empleo”), serán discriminatorios para la mayoría de trabajadores que, como es sabido, tienen su actividad en pequeñas compañías y no que podrán implementarlos.
Y la posible desaparición de los coeficientes reductores para jubilaciones anticipadas, otra carga mas para el sistema.
Habrá que esperar a lo que el Gobierno y los agentes sociales (sindicatos y patronales) acuerden al respecto y a lo que se contemple en el proyecto de Ley. Sobre esa cuestión «las espadas están en alto»: El Pacto de Toledo dará tres meses a Escrivá para fijar excepciones a la penalización por jubilación anticipada https://laboralpensiones.com/el-pacto-de-toledo-dara-tres-meses-a-escriva-para-fijar-excepciones-a-la-penalizacion-por-jubilacion-anticipada/
¿PERO CUANDO “SALE” LA LEY? Ante la multitud de preguntas al respecto, apuntar que “Las cosas de Palacio van despacio”. En resumen el procedimiento es: Fase 1: Firma de aprobación de las recomendaciones (no legislativas) del Pacto de Toledo: fecha probable 27/10/2020. Fase 2: Debate del Gobierno con agentes sociales (sindicatos y patronales). En puridad no es preceptivo pero el actual Gobierno ya ha anunciado que realizará este paso. Tiempo estimado: del orden de unos pocos (2 ó 3 meses) Fase 3: El Gobierno tiene la facultad de presentar al Congreso un Proyecto de Ley que recoja las conclusiones de las dos primeras fases. la capacidad de promover leyes en España. Fase 4: La Mesa del Congreso recibe el texto y ordena su publicación en el BOCG y el envío a la Comisión correspondiente. A partir de la fecha de publicación, los Grupos Parlamentarios disponen de 15 DÍAS para presentar enmiendas al texto, que pueden ser de totalidad o parciales, salvo que la Mesa, a petición de algún Grupo, acuerde un aplazamiento Fase 5: En caso de presentarse enmiendas de totalidad, su debate en el Pleno es el primer trámite que tiene que salvar el proyecto de ley. Se votan primero las enmiendas de devolución. De prosperar alguna, el texto se reenvía al Gobierno. A continuación se votan las de texto alternativo. Si el Pleno aprueba alguna, el texto pasa a la Comisión correspondiente y se abrirá un nuevo plazo de enmiendas al articulado. Fase 6: Concluido el plazo de… Leer más »