En las previsiones económicas de la propia Comisión se incluyen algunos datos muy preocupantes. Son ese desplome de la actividad cercano al 10% del PIB para este año, con un déficit superior incluso a ese 10% y una deuda que se va por encima del 115%. Y no es el organismo más pesimista: hay informes que anticipan una caída del PIB e incremento del déficit superiores. Europa nos advierte de lo que se nos viene encima. Y hasta ahora ha mantenido abiertas muchas opciones. Nunca antes se habían puesto encima de la mesa tantos mecanismos de ayuda y con tan pocas contraprestaciones.
En estos momentos, hay dos grandes opciones en las medidas económicas anti pandemia del coronavirus en la UE: el plan franco-alemán de 500.000 millones en transferencias presupuestarias directas (no préstamos) y el contra-plan de los “frugales” (Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca) que piden un fondo temporal, a través de préstamos y sin mutualización de deuda. Parece evidente con qué bando se alineará el Gobierno español y cuáles son sus objetivos. Lo que no está tan claro es que sus acciones y su “historia reciente” estén ayudando demasiado a lograr el resultado que pretende.
Ahora todo el mundo habla de “solidaridad” y de poner recursos a disposición de los estados, pero cuidado, seguimos estando muy cerca del precipicio y cualquier paso en falso puede ser fatal.
La prioridad deja de ser el déficit o la deuda; al menos a corto plazo, lo urgente es la recuperación y la Comisión pide a los estados miembros que refuercen sus sistemas sanitarios, faciliten liquidez al tejido productivo y actúen como red de seguridad para el sector privado. Pero el impacto en la economía española es de tal magnitud que nuestro país necesitará (de hecho, el proceso ya está en marcha) de la ayuda y el aval de sus socios. Y llama la atención la falta de cumplimiento por nuestra parte de las recomendaciones anteriores. El problema es que en esta ocasión España necesita de sus socios implicarse y rascarse el bolsillo. Y eso ya es más complicado, sobre todo cuando uno observa el nulo efecto de las anteriores advertencias.
Desde la óptica de nuestros socios europeos, el principal problema de las cuentas públicas españolas no es el 115-120% de deuda sobre el PIB con el que acabaremos este año si se cumplen las previsiones de los organismos internacionales. El principal problema es de credibilidad. Y no tenemos ninguna.
De hecho, los datos nos dicen que en algunos aspectos no es que España no logre “avances”, es que retrocede. Nos hemos declarado en abierta rebeldía con Bruselas. Parecería como si les estuviéramos desafiando. Y en condiciones normales, es una opción muy respetable: cada país puede decidir que no sigue las recomendaciones de la UE por la razón que sea. Pero las nuestras no son condiciones normales, porque España quiere que sea esa misma UE la que le avale o financie. No parece que despreciar sus consejos sea lo más adecuado.
En el “Informe sobre España 2020. Evaluación de los avances en lo que respecta a las reformas estructurales y la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, y resultados de los exámenes exhaustivos conforme al Reglamento” de febrero, es decir, pre-Covid, por lo que no le afecta lo ocurrido en las últimas semanas, en la página 113 puede encontrarse el cuadro general que resume los logros españoles respecto de las Recomendaciones Específicas por País (REP) incluidas en anteriores documentos de la Comisión. Reproducimos las más significativas en relación al área laboral y
Están divididas en cuatro grandes capítulos (Gasto público, Empleo y política social, Inversión e innovación, Unidad de mercado) que, a su vez, se subdividen en más de 20 puntos. En cada uno de ellos, la Comisión va anotando los progresos con una escala de cinco puntos: “Ningún avance”, “Avances limitados”, “Algunos avances”, “Avances subtanciales” y “Aplicadas plenamente”
OBJETIVO DE TASA DE EMPLEO: 74 %.
La tasa de empleo del grupo de 20 a 64 años aumentó hasta el 68,0 % en los tres primeros trimestres de 2019, pero aún se sitúa 6,7 puntos porcentuales por debajo de la media de la UE (72,2 %) y 6,0 puntos porcentuales por debajo de la meta de Europa 2020 para España.
PRESERVAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE PENSIONES.
Sin avances. La aprobación de algunos reales decretos-leyes ha permitido orillar determinados aspectos de la reforma de las pensiones de 2013. En particular, para calcular el aumento de las pensiones se ha utilizado la inflación (IPC) en lugar del índice de revalorización, lo que ha dado lugar a un incremento más rápido del gasto en pensiones. Por otro lado, se ha aplazado hasta 2023 el comienzo, previsto inicialmente para 2019, de la aplicación del mecanismo de sostenibilidad, que vincula los niveles iniciales de las pensiones a la evolución de la esperanza de vida.
GARANTIZAR QUE LOS SERVICIOS DE EMPLEO SEAN CAPACES DE PROPORCIONAR UN APOYO EFECTIVO.
Algunos avances. Durante 2019 los servicios públicos de empleo autonómicos han iniciado la contratación de 3 000 nuevos trabajadores, según lo previsto en el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y el Plan Reincorpora-T 2019-2021, destinado a los desempleados de larga duración. Ambos planes incluyen aspectos positivos para mejorar la eficacia y el alcance de los servicios públicos de empleo y de las políticas activas del mercado de trabajo, y se han complementado con otras medidas (por ejemplo, la convocatoria de propuestas 2019-2021 correspondiente a subvenciones para cursos de formación de empleados). Lentamente se van desarrollando las medidas destinadas a prestar servicios individualizados a los solicitantes de empleo, por ejemplo a través de la elaboración de perfiles y la utilización de herramientas informáticas. El gasto medio por desempleado de las medidas activas del mercado de trabajo sigue siendo bajo y solo una de cada cuatro personas desempleadas utilizan los servicios públicos de empleo para buscar trabajo. Siguen existiendo grandes disparidades entre comunidades autónomas en relación con la eficacia de los servicios públicos de empleo.
REDUCIR LA FRAGMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ASISTENCIA AL DESEMPLEO
Avances limitados. No se han producido nuevos avances en este ámbito durante 2019. El bloqueo político ha pospuesto los planes del Gobierno para racionalizar los múltiples regímenes de asistencia no contributiva por desempleo a nivel nacional, y la anunciada implantación de una renta mínima de subsistencia ha quedado en suspenso. El informe encargado a la AIReF y publicado en junio de 2019 ofrece claves interesantes que pueden ayudar a perfilar esos planes.
MEJORAR EL APOYO A LAS FAMILIAS,
Avances limitados. El efecto global de las transferencias sociales (distintas de las pensiones) en la reducción de la pobreza infantil en España sigue siendo el menor de la UE, lo que refleja en parte la escasa cobertura y adecuación de las prestaciones familiares. Las prestaciones por hijos con control de recursos van destinadas únicamente a los más desfavorecidos (cerca de uno de cada dos menores en riesgo de pobreza o exclusión social no las reciben), y las familias de renta baja a media no pueden sacar gran partido de las desgravaciones tributarias, de modo que el apoyo financiero destinado a las familias con hijos se ajusta a un modelo regresivo. Las medidas adoptadas en 2019 para luchar contra la pobreza infantil constituyen un avance, pero no se corresponden con la magnitud del desafío. El aumento de las ayudas por hijo a cargo para las familias pobres es el primero en dieciocho años y está teniendo efectos limitados, pues no está contribuyendo a reducir el riesgo de pobreza y apenas está incidiendo en la reducción de la brecha de pobreza.
SUBSANAR LAS CARENCIAS EN LA COBERTURA DE LOS REGÍMENES AUTONÓMICOS DE RENTA MÍNIMA
Avances limitados. El porcentaje de la población realmente beneficiada por los regímenes autonómicos de renta mínima sigue siendo muy pequeño, en promedio en torno al 20 % de los beneficiarios potenciales, aunque algunas comunidades autónomas están presentando resultados positivos. Los importes, y por lo tanto el efecto en la reducción de la pobreza, presentan grandes disparidades entre las comunidades autónomas, y en tres de ellas se sigue supeditando el derecho a una renta mínima con control de los recursos a la disponibilidad de recursos presupuestarios. La cuestión de la portabilidad de las prestaciones entre comunidades autónomas sigue sin resolverse.
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