¿ EL FOGASA SE PREPARA ANTE EL PREVISIBLE ALUD DE QUIEBRAS ?

El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo encargado de costear los salarios e indemnizaciones por despido no abonados por las empresas insolventes o en concurso de acreedores, redujo sus pagos en 2020 un 13% respecto al año anterior, hasta los 453 millones de euros, su menor nivel desde 2008, punto de inicio de la Gran Recesión en España, gracias a medidas como la moratoria concursal y los ERTE.

Hay que recordar que, según los últimos datos, todavía están protegidos por ERTEs más de 755.000 trabajadoresy existe un riesgo elevado de que un alto porcentaje de ellos sea expulsado del mercado laboral una vez el Gobierno retire el actual esquema de protección y el FOGASA tenga que hacerse cargo de sus indemnizaciones.

Según los datos de la Secretaría de Estado de Empleo y Seguridad Social, el año pasado, se registraron 3.400 concursos y el FOGASA hizo pagos a un total de 63.800 trabajadores de 15.400 empresas en concurso o insolventes, por valor de esos 453 millones de euros indicados. Hay que recordar que los pagos de este fondo marcaron un máximo histórico en 2014, uno de los peores años de la crisis anterior en cuanto a destrucción de empresas y empleo, cuando se alcanzaron los 2.300 millones de euros en prestaciones tras resolver un atasco de más de 150.000 expedientes que acumularon periodos medios de tramitación de más de 12 meses.

Tras la experiencia de la crisis anterior, el Gobierno modificó la normativa en mayo de 2020, en el pico de la emergencia sanitaria, y estableció un máximo de 3 meses para la resolución de los expedientes por parte del FOGASA, ante el riesgo de que la pandemia pudiera provocar un repunte de las insolvencias empresariales. Pero tanto los ERTE o la propia moratoria concursal, que suspende el deber de solicitar la declaración de concurso de acreedores y la obligación del juez de tramitar las solicitudes, sólo han contenido por el momento la sangría del tejido productivo, que se está “embalsado” y muy pronto demolerá la presa que lo contenía.

A la vista de esas cifras, se viene advirtiendo de que hasta ahora la moratoria concursal y las limitaciones de la actividad judicial han provocado un reflejo irreal de la salud del tejido empresarial y de que cuando se llegue a la “línea roja” se producirá una descompresión que amenaza con provocar el colapso de los juzgados. En este sentido se vaticina una avalancha próxima de insolvencias empresariales, con un alza de más del 40% en 2021

Expertos y analistas de diferentes ámbitos económicos advierten de que, una vez encajado envite sanitario de la Covid, se avecina una oleada de quiebras en los próximos meses tras la ralentización del proceso concursal durante el estado de alarma y por la propia moratoria que amplió los plazos para presentar concurso voluntario hasta el 31 de diciembre (después se ha prorrogado hasta el 14 de marzo de 2021), impidiendo también la presentación de concurso necesario, con objeto de ayudar a las empresas en dificultades que pudieran ser rentables. Esto produjo un desplome de los concursos en el entorno del 80% en meses como abril o mayo .

El Banco de España también augura un repunte significativo de las quiebras una vez expire la moratoria concursal. En un reciente informe estima que el desplome de la rentabilidad de los negocios como consecuencia de los cierres forzados y la caída repentina de la demanda, así como el endeudamiento para hacer frente a esta situación, ha conducido al 40% de las empresas a una realidad de presión financiera elevada y que hay entre un 15% y un 19% de las empresas que están condenadas a la quiebra.

Cabe recordar que el pasado mes de septiembre la patronal madrileña CEIM hizo una solicitud al Gobierno para que facilitase el tránsito del ERTE (temporal) al ERE (definitivo) cuando el pago de indemnizaciones por despido ponga en peligro la viabilidad de la empresa. Para esos casos en los que estuviera en riesgo la supervivencia de la compañía, los empresarios reclamaron que el Fogasa asumiera el 50% del coste de las indemnizaciones por despido, frente al máximo que asume en la actualidad (el doble del salario mínimo interprofesional, con un tope de un año). Según algunas estimaciones el coste de 500.000 de despidos rozaría los 3.700 millones de euros, de modo que si el FOGASA se hiciera cargo de la mitad, necesitaría 1.850 millones, frente a los 831 presupuestados para 2021 (un incremento del 4,4% respecto a 2020).

Fuente: La Información

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